El proyecto Bajo la Alumbrera de extracción de cobre y oro, instalado en Andalgalá, Catamarca, a comienzos de los ’90, evidenció en poco tiempo sus efectos a nivel económico, social y ambiental. De los 6000 empleos prometidos sólo se crearon entre 70 y 200, afirmó la investigadora Maristella Svampa en diálogo con Cash. Este caso, emblemático en la región, no es el único. En doce provincias, alcanzadas directa e indirectamente por la megaminería, se están desplegando resistencias multisectoriales. Un movimiento que, según explicó Svampa, logró que siete provincias sancionaran leyes que prohíben la explotación minera con sustancia química.

En términos económicos, ¿cómo se justifica el pasaje al modelo de la megaminería?

–Los especialistas afirman que el mineral se encuentra muy raramente bajo la forma de veta. Son minerales de baja ley que requieren de voladura de montañas y del proceso de lixiaviación para su extracción. En pocos países latinoamericanos se mantiene la minería tradicional. Son economías de pequeña y mediana escala, como el caso de Bolivia con el boom del estaño. En los ’90, se reformó el marco jurídico para abrir las “oportunidades” a este tipo de minería, la única metodología para extraer los minerales en el estado de diseminación en que se encuentran. El primer país que desarrolló la megaminería a cielo abierto en manos de transnacionales fue Perú. En Argentina, primero se reformó el Código Minero y luego se sancionó la ley de inversión minera, pero el punto de inflexión fue la reforma de la Constitución en 1994, con la provincialización de los recursos naturales. Significó la renuncia del Estado nacional a la explotación de la minería y la posterior autoexclusión de las provincias, que abrieron la explotación al capital privado.

¿Qué hubiera sucedido si se modificaba la normativa del sector pero los recursos se mantenían bajo la órbita del Estado nacional?

–La megaminería supone grandes emprendimientos con altas inversiones y un mayor impacto económico, ecológico y social. Otra cosa es la minería transnacional. Este modelo favorece la constitución de economías de enclave, que no repercuten positivamente en la comunidad en la cual se instalan porque exportan ganancias, crean muy pocas fuentes de trabajo y generan una economía dependiente pero no efectivamente desarrollada. En un contexto en el que se agravan las asimetrías entre lo local y lo global, las transnacionales son un “actor social total”, que generan efectos socioambientales muy perversos y buscan controlar a la población mediante la acción social empresaria: desarrollan una suerte de “clientelismo empresarial” con el objetivo de minimizar el impacto que generan.

En América latina, menos del 10 por ciento de los proyectos están operativos. ¿Qué se prevé para cuando funcionen plenamente?

–Asistimos a una expansión de la frontera sojera, minera, forestal, pesquera. América latina es muy rica en términos de recursos naturales, cada vez más escasos, y biodiversidad. Y por ende, la sobreexplotación de recursos naturales es un tema crucial. En toda América latina hay resistencias muy ligadas a esta dinámica de acumulación del capital.

¿Cuándo comenzó esa resistencia?

–Al principio, la gente creyó en las promesas de empleo y desarrollo, como sucedió en Andalgalá, Catamarca. Cuando en 1997 se instaló Bajo la Alumbrera, la idea era que pese a que era un proyecto transnacional, algo iba a dejar. Pero esas promesas fueron una gran mentira. Son entre 70 y 200 puestos de trabajo que involucran a gente de la zona. Y Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres y desiguales del país. El movimiento que surgió en Aldalgalá, al principio demandaba empleo.

¿Qué diferencia a la Argentina de otros países de América latina donde hay resistencias a la megaminería?

–Que no son los pueblos campesinos y originarios los protagonistas, sino asambleas localizadas en pequeñas y medianas localidades, en doce provincias argentinas de la cordillera, la precordillera y la región montañosa. Es una composición multisectorial. Hay militantes ambientalistas pero básicamente son vecinos que ven amenazados su estilo de vida y el futuro de las generaciones en un territorio pronto a ser devastado. Esas resistencias tienen poca visibilidad porque estamos acostumbrados a ligar conflictos sociales con grandes centros urbanos.

¿Qué es la Unión de Asambleas Ciudadanas?

–Es un movimiento de resistencia que nuclea a más de setenta asambleas ciudadanas que convergen en esta red desde el 2006, y donde el tema de la minería es central pero no es el único.

¿Cómo se llega a armar este movimiento?

–A nivel nacional arranca con Esquel, una experiencia exitosa en términos de organización asamblearia, de construcción de un saber experto independiente contrapuesto al discurso dominante y el plebiscito que fue un claro “no” a la megaminería, pero fue la única consulta popular que se hizo.

Sin embargo, varias provincias prohíben este modelo minero.

–Esquel es el punto de partida y modelo a imitar, así como La Alumbrera es el contra-modelo. En el medio se desarrollaron muchas resistencias. Tal es así que siete provincias sancionaron leyes que prohíben la explotación minera con sustancia química. Chubut en 2004, el sur de Río Negro en 2005, luego en La Pampa, Mendoza en 2007. En Tucumán, donde se encuentra la sede comercial de La Alumbrera, fue un proceso con avances y retrocesos, pero finalmente se sancionó una ley en 2007.

¿Cuál fue la respuesta de las empresas ante las resistencias populares?

–Las últimas leyes contra la minería fueron las de Córdoba y San Luis en 2008. El 2009 fue un año de represión, porque las mineras se propusieron avanzar en varios planos: buscar las brechas que han dejado abiertas las leyes antimineras, acentuar la campaña en los medios de comunicación y cooptar las universidades públicas para legitimar un modelo de avance que provoca mucha resistencia en la población. Y por supuesto está la judicialización y criminalización. En un momento en el que se está definiendo la figura del nuevo adversario, buscan instalar la figura del “ecoterrorista” a nivel continental. Lo ha hecho claramente Alan García en Perú, donde hubo asesinatos de comuneros. En la región hay otros casos donde el límite es la vida misma, en Argentina hubo episodios de represión muy fuertes.

¿Qué importancia le atribuye a la reciente represión en Andalgalá?

–Es un caso testigo por dos cuestiones. Se pueden ver los primeros resultados de este tipo de minería a nivel económico, social y ambiental. Gracias a las resistencias, la gente sabe que está en peligro la propia Andalgalá, comprometida por el proyecto que autoriza el cateo e investigación para ver si hay mineral en el subsuelo de esa ciudad. Allí se llamó a un plebiscito en mayo, para ver si se acepta o rechaza la instalación del proyecto Agua Rica