El Congreso se encuentra en este momento efectuando propuestas para mejorar la jubilación. Es un dato muy positivo que exista esta discusión y que tomen estado público los típicos problemas de cualquier régimen jubilatorio: cómo financiarlo, hasta cuánto es razonable pagar, cómo distribuir los beneficios, cómo mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones. Nuestra intención es hacer algunas observaciones que permitan ayudar en estas discusiones.

En primer lugar se advierte que el objetivo de que el beneficio sea equivalente al 82 por ciento del salario en actividad no es una verdad universal. Este “número mágico”, bien argentino, es el que estipulaba la Ley Nº 18.037, que rigió el sistema jubilatorio nacional entre 1969 a 1994, sólo para quienes acreditaran 42 o más años de trabajo. El beneficio para quienes acreditaran 30 años de servicios alcanzaba al 70 por ciento.

Ahora bien, independientemente del origen y el poder simbólico de ese número, cabe preguntarse cuál es el nivel de prestación jubilatoria al que debería apuntar un régimen, sabiendo que cualquier sistema de seguridad social es por naturaleza muy costoso.

La respuesta no es uniforme para todos los sectores sociales en cuanto al nivel de ingresos. Por un lado, una familia de bajos recursos no tiene mucho margen para bajar los ingresos a partir de la jubilación. Sus gastos son básicamente de subsistencia, y ante la jubilación sólo puede reducir algunos costos propios de trabajar (transporte hasta el trabajo, comida fuera de la casa) que muchas veces ya fueron llevados al mínimo durante la etapa laboral por necesidad económica. Sólo se reducen significativamente los descuentos salariales. Por lo tanto, una prestación del orden del 80 por ciento se considera necesaria en estos estratos sociales.

Ahora bien, para la gente que tiene mayores ingresos, si bien la prestación económica debe ir creciendo para evitar un cambio abrupto en el estilo de vida, dicho incremento no es proporcional a su ingreso. Por ejemplo, una persona cuyo salario final de carrera ha superado el tope imponible actual (aproximadamente 10 mil pesos mensuales). Para él, alcanzar el 82 por ciento sería deseable, pero resulta razonable que el régimen oficial le otorgue un haber menor: sus deducciones impositivas serán menores, normalmente tendrá mayor margen para reducir gastos propios de la vida activa, y posiblemente tenía una capacidad de ahorro que no debe incorporarse al haber jubilatorio.

Lo interesante es que el régimen actual tiene implícito este concepto redistributivo al sumar un valor fijo más un porcentaje del sueldo. Una persona cuyo salario final de carrera, con 42 años de servicio, alcanza una prestación jubilatoria del 84 por ciento, si su salario final de carrera fuera de 10 mil pesos, su beneficio sería del 67. Con menos años de carrera, los beneficios en ambos casos son menores.

De esta manera, vemos que una “universalización” del 82 por ciento móvil beneficiaría en mayor medida a los trabajadores de mayores ingresos que a los de menores ingresos. Hoy todos aportan el mismo porcentaje sobre el salario imponible, lo cual es correcto como mecanismo de redistribución. El altísimo costo de universalizar el beneficio requerirá, tarde o temprano, un aumento del nivel de aportes, con lo que de una u otra manera se terminará volviendo atrás la saludable pauta redistributiva del régimen actual.

Ahora bien, si aceptamos que el problema no es que se haya abandonado el emblemático 82 por ciento móvil, igualmente la realidad es que muchas personas no alcanzan el haber jubilatorio que precisan y desean. ¿Qué se debe hacer?

Lo primero es recuperar la movilidad perdida hasta la implementación del sistema hoy vigente. El Estado tradicionalmente ha aprovechado la inflación para esconder el problema de sustentabilidad financiera.

Lo segundo es que se produzcan y publiquen análisis actuariales de sustentabilidad del sistema. Debe por fin aceptarse que, para que un régimen jubilatorio sea sustentable, no alcanza con que se pueda financiar este año. Una persona que empieza a trabajar a los 18 años hace un aporte cuyo beneficio estará recibiendo, en promedio, hasta los 80 años de edad. Si el aporte no está relacionado con lo que recibirá, o se le promete un beneficio que no es sustentable en el largo plazo, lisa y llanamente se lo está engañando. Esto, de una u otra manera, es percibido por la gente e incentiva la evasión, generando un círculo vicioso de desfinanciamiento y descrédito del sistema.

Lo tercero es que se tomen las decisiones en relación con los estudios de sustentabilidad. Por ejemplo, conceder una prestación mínima a quienes no hicieron aportes suficientes tiene un beneficio social innegable, pero su financiamiento debería provenir exclusivamente de impuestos y no de aportes al régimen jubilatorio. Establecer salarios no remunerativos tampoco ayuda.

Finalmente, el Estado puede incentivar a que se alcance el 82 por ciento o cualquier otro valor, apoyando los regímenes complementarios. Quienes deseen mejorar su jubilación pueden hacerlo a través de cajas jubilatorias, mutuales, aseguradoras y otras instituciones en línea con la tendencia internacional. La necesidad jubilatoria es tan grande y tan diversa que resulta razonable que se solucione con la participación, adicional al Estado, de los empleadores, los trabajadores y las entidades profesionales y gremiales.

Hoy, los argentinos no saben a ciencia cierta qué beneficio jubilatorio tendrán. A través de las décadas se ha logrado hacer del sistema jubilatorio un régimen de imprevisión social. Hace falta revertir esta situación

* Socios de FM & A, actuarios y consultores internacionales en jubilaciones y seguros.