La lógica actual del sistema político nacional y el complejo vínculo entre el oficialismo y la(s) oposición(es) han logrado efectos virtuosos en la construcción de un incipiente sistema de protección social argentino. El Poder Ejecutivo Nacional, frente al debate público (y parlamentario) promovido por la oposición acerca de la necesidad de una actualización del haber jubilatorio mínimo al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil anunció el aumento (previsto por ley) de los haberes, combinándolo con dos comunicaciones adicionales: el incremento del monto brindado en el contexto de la Asignación Universal por Hijo y la convocatoria del Consejo del Salario. Estas tres medidas, en sí mismas y en su conjunto, representan avances en materia de protección social. Sin embargo, es fundamental resaltar que para que estos avances se traduzcan en un sólido pilar de ciudadanía social surge la necesidad de construir una perspectiva estratégica de largo plazo, que involucre activamente a las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas.

Los anuncios de la Presidenta dan cuenta de dos cuestiones de suma importancia. Por un lado, representan un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en asegurar y/o promover la generación de ingresos en cada hogar. Por otro, constituyen un indicio de la consolidación de una visión superadora de la política social respecto de su pasado inmediato, en el que se afirmaba que “la mejor política social es el trabajo”. El desarrollo observado en materia de políticas no contributivas implica aceptar que el mercado de trabajo, dados sus estructurales niveles de informalidad, no alcanza para resolver los problemas sociales. El fortalecimiento del componente no contributivo de la acción estatal en lo social constituye, por ende, una muy buena noticia, así como plantea nuevos interrogantes acerca de qué debería suceder en el futuro con la modalidad de financiamiento de los derechos sociales.

Puede afirmarse, en síntesis, que se está empezando a recorrer el camino hacia un sistema de protección social en la Argentina. Para continuar transitándolo, sería fundamental incorporar otras dimensiones en la concepción de cuáles son las responsabilidades del Estado, más allá de la variable del ingreso. De otro modo, se corre el riesgo de agotar el debate sobre la cuestión social en la pobreza y la indigencia por ingresos. Los problemas sociales son multidimensionales, y no se limitan exclusivamente a la garantía o a la promoción de contar con un ingreso en cada hogar.

Para continuar avanzando en la consecución de un sistema de protección social que sea realmente integral se requiere un abordaje más amplio. Este debe considerar, por ejemplo, los retos fundamentales de desigualdad que se presentan en el acceso y (sobre todo) en la calidad de los servicios sociales básicos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, así como en la falta de una política pública de organización social del cuidado.

El año 2011 está cerca, lo cual implicará una enorme oportunidad para el intercambio de ideas y la discusión sobre las condiciones de factibilidad política y fiscal de ellas. Cabe preguntarse qué lugar ocupará la protección social, su alcance y calidad, en la agenda de los candidatos y el debate electoral venidero

* Director y coordinadora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).