La discusión de la jubilación al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil no es nueva en la Argentina. El sistema de jubilaciones y pensiones es uno de los más antiguos del continente, y ya en 1958 la ley 14.499, durante el gobierno de Frondizi, asignó el 82 por ciento para las jubilaciones. Su sanción sin un adecuado estudio sobre los costos promovió una serie de desbarajustes financieros. Ellos resultaron ser los fundamentos de la reforma que el gobierno de Onganía encaró en 1967, incluyendo, entre sus medidas más importantes, aumentar la edad jubilatoria y las contribuciones, limitando ese 82 por ciento.

Mediante el decreto 2196 de 1986 el entonces presidente Alfonsín declaró la quiebra del sistema previsional. Fue el antecedente para que el gobierno de Menem impulsara una reforma integral del sistema previsional, dando lugar al negocio especulativo de las AFJP.

La historia reciente es más alentadora: de los fondos de la Anses, desde mayo de 2003 hubo 18 aumentos, en un plan que incluyó a más de dos millones y medio de jubilados que antes estaban excluidos, e incrementó el haber mínimo en un 497 por ciento. En octubre de 2008 la ley 26.417, rechazada en su momento por muchos sectores que hoy promueven el 82 por ciento móvil, estableció la movilidad automática de los haberes en función de la evolución del salario y la recaudación del sistema previsional. Esto permitió un aumento de las jubilaciones de 26,49 por ciento en lo que va del año. En materia previsional, los logros conseguidos desde el 2003 son contundentes. Sin ellos sería impensado estar discutiendo en la actualidad el 82 por ciento.

Sin embargo, más allá de acordar aumentar las jubilaciones, que seguramente comparten todos los partidos (incluso los que las recortaron cuando fueron gobierno), en el proyecto no se incluyeron claros argumentos que establezcan su financiamiento. Los enunciados son difusos, en especial aquellos vinculados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este, administrado por la Anses, tiene una cartera compuesta por diversos activos: títulos públicos, acciones, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos, cédulas hipotecarias y créditos otorgados al sector productivo. Se trata de un fondo anticíclico que, entre otras cosas, contempla el envejecimiento poblacional. Las últimas estimaciones del Indec al respecto hablan de un crecimiento en la tasa de natalidad prevista para el quinquenio 2010-2015 de apenas un 9,1 por ciento. Esta tendencia, combinada con el aumento en la esperanza de vida y los elevados índices de informalidad laboral, modificará indefectiblemente la relación activos/pasivos, que pasará de 1 mayor por cada 6 en edad laboral a 1 cada 3,3. Esto implica que cada vez habrá una fuerza laboral proporcionalmente más chica para financiar a la clase pasiva.

A este planteo hay que sumarle los juicios por la recomposición de haberes jubilatorios. Se argumenta con frecuencia que el Gobierno los deja acumular, cuando dos terceras partes de las 300.000 causas son penosas herencias de décadas anteriores, aún no solucionadas. El debate sobre el 82 por ciento debería incluirse entonces dentro de uno más general, que contemple cómo mejorar la relación activos/pasivos, con propuestas factibles y sustentables a mediano y largo plazo. La historia en materia previsional demuestra que siempre las soluciones de cada gobierno fueron apenas parches que, a poco de andar, demostraron su inviabilidad. Por lo tanto, tal como está planteado hoy, sin las adecuadas propuestas de financiamiento necesarias para afrontar el aumento, esa iniciativa parece más una maniobra política. Utilizar como argumento que “la plata está” es minimizar el problema financiero y le quita seriedad al debate. La discusión por los haberes, justa y necesaria, requiere de otro tipo de iniciativas, sin improvisaciones ni demagogia, recordando con responsabilidad la situación heredada para evaluar logros, corregir rumbos y planificar prudentemente alternativas a futuro

* Politólogo UBA-CLICeT.