Los indicadores económicos están muy lejos de ser construcciones neutrales. La elección o el descarte de determinadas variables es parte de un proceso que incluye limitaciones objetivas (la imposibilidad de recolectar determinados datos o su alto costo), pero también valoraciones subjetivas que reflejan una cosmovisión ideológica. Por ejemplo, la mayoría de los analistas económicos asimila el progreso social a la marcha del Producto Bruto Interno (PBI). Si éste sube, se supone que la calidad de vida aumenta y viceversa. Sin embargo, el PBI se limita a calcular el nivel de actividad económica. Aunque su evolución tiene una innegable relevancia, la entronización de ese indicador como el principal dato económico resulta discutible.

Bernardo Kliksberg sostiene que “centrar todo en el Producto Bruto lleva a decisiones incorrectas, porque las políticas se concentran en maximizarlo, en muchos casos dañando seriamente otras dimensiones del bienestar como el medio ambiente, o la calidad social de la vida. También que la ‘obsesión’ con el Producto Bruto centra la discusión pública en ese monotema, excluyendo otros que son claves para lo que es la vida real de la gente”. En ese sentido, Enrique Martínez, titular del INTI, propuso en Qué es bueno, qué es mejor. La medida del progreso en economía, Debates para honrar el Bicentenario, reflexionar acerca de los valores sociales implícitos que se encuentran presentes en la medición del PBI. Para ello, da cuenta de las debilidades metodológicas que tiene ese indicador. Entre otras menciona:

- Lo que no se compra o vende se computa a un menor valor o directamente no se lo toma en cuenta. Por ejemplo, la cuantificación del servicio de salud o educación público es inferior a las prestaciones privadas porque esta última incluye la utilidad del propietario.

- El alimento producido para autoconsumo queda excluido del PBI.

- La deformación de la cadena de valor que aumenta la intermediación parasitaria, aumenta los precios y, por ende, incrementa el PBI.

- El PBI computa el valor agregado de cada proceso productivo por el uso de capital o trabajo, pero no reconoce el aporte proveniente del uso de los recursos naturales (renovables o no renovables).

- El PBI no aporta ningún dato referido a la distribución del ingreso.

Esas menciones revela la existencia de múltiples intentos de construcción de un indicador sustitutivo del PBI como parámetro de bienestar social. Uno de ellos es el índice de desarrollo humano del PNUD, que incluye datos sanitarios y educativos, no considerados para el cálculo del Producto Bruto. Otra medición alternativa es el llamado indicador de progreso genuino (GPI).

El GTI toma como base de cálculo el consumo de las personas y se lo corrige en función a la mejora o deterioro de la distribución de los ingresos. A esa cifra se le suma una serie de aspectos: el valor del trabajo en casa, de la educación superior, del trabajo voluntario, del uso de caminos. Y se les resta otros: el costo del delito, la pérdida de tiempo por exceso de trabajo, la amortización de bienes durables, el costo del transporte desde el hogar al trabajo, el costo de los accidentes automovilísticos, el costo de la polución del agua y del aire, la pérdida de bosques naturales, el agotamiento de recursos no renovables, el daño por las emisiones de dióxido de carbono.

Precisar las limitaciones que tiene la evolución del Producto como fuente de bienestar “tiene gran importancia práctica en América latina, que ha estado profundamente fijada en ese indicador como cuasi mágico del progreso. Ello ha llevado a frustraciones graves como idealizar los logros macroeconómicos de la dictadura militar de Pinochet, cuando al mismo tiempo estaba duplicando los índices de pobreza y degradando múltiples condiciones del bienestar colectivo, y muchos otros episodios similares, en donde tras el espejismo del avance del Producto Bruto se ocultaban aumentos de gran significación en los índices de desigualdad”, concluye Kliksberg

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