Uno de los cambios estructurales más impresionantes de la economía argentina durante la década de los 90 fue, además del endeudamiento público, la concentración y centralización del capital de la mano de su extranjerización. El proceso no es exclusivo de esta década oscura, sino que comenzó a mediados de los ’70 y, desde entonces, no se detuvo. Los datos de la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas que elabora el Indec muestran que de las 500 firmas que más producen y que representan el 25 por ciento del PIB, grupo denominado “cúpula empresaria”, 338 firmas, el 68 por ciento, tiene participación de capital extranjero. Además, esas empresas son las más importantes de la cúpula pues concentran el 89 por ciento de las utilidades del “top 500”. Esta información fue reseñada en El capital extranjero en la Argentina, una investigación de los economistas Andrés Asiain y Agustín Crivelli presentada en el reciente 2 Congreso Anual de Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA).

La preocupación por la creciente participación del capital extranjero en la economía no tiene carácter chauvinista. Ni siquiera surge de un más moderado nacionalismo, sino que representa un problema estructural en materia de desarrollo. Economistas argentinos como Aldo Ferrer o Marcelo Diamand, entre muchos otros, señalaron en diversos trabajos realizados durante el último medio siglo, que una de las limitantes del desarrollo económico local es la escasez de divisas. La fuerte presencia del capital extranjero en la cúpula empresaria significó una considerable salida de recursos. La investigación de Asiain y Crivelli destaca, por ejemplo, que en 2008 se pagaron 5603 millones de dólares en concepto de intereses por deudas y se remitieron unos 7418 millones de dólares en concepto de utilidades y dividendos. Sumando ambos conceptos, las remesas al exterior “representaron aproximadamente el 84 por ciento del saldo comercial de ese año”.

En el contexto de la mundialización del capital, el proceso de extranjerización de la economía es un fenómeno multidimensional. Sin embargo, en el plano local el fenómeno se dinamizó a través de dos vías clave: las privatizaciones y el endeudamiento público. Ambos mecanismos demandaron un marco institucional que comenzó con la Ley de Inversiones Extranjeras de José Alfredo Martínez de Hoz (N 21.382), que desreguló completamente la entrada de capitales otorgando igualdad al capital extranjero con el nacional, y cristalizó, ya en los ’90, con los convenios sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que entrañaron la subordinación al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI). Este marco institucional se mantiene completamente vigente y desmontarlo, suponiendo que existiese voluntad política de hacerlo, implica un proceso de largo aliento.

Las privatizaciones son un fenómeno indisolublemente ligado al endeudamiento externo. Fue la renegociación de la deuda la que, en el marco del Consenso de Washington, dio lugar a la alternativa de la capitalización de los bonos a valor nominal para adquirir empresas estatales. Así, “de los 24.027 millones de dólares reales que recibió el Estado por la venta de sus empresas entre 1990 y 1999, unos 4657 millones ingresaron vía bonos de deuda cuyo valor nominal reconocido fue de 13.534 millones de dólares (291 por ciento por encima de su valor real)”.

Ahora bien el capital extranjero representó el 67 por ciento del capital ingresado en las privatizaciones. Las privatizadas representan más del 60 por ciento del valor agregado por las “Top 500”. Este proceso tampoco puede desligarse del régimen de convertibilidad, que demandaba un constante ingreso de capitales para mantener el tipo de cambio. Este ingreso se cubrió primero con las privatizaciones y, tras la venta de YPF –la última joya de la abuela excluyendo el Banco Nación–, con más endeudamiento. En este marco, los giros al exterior de las firmas extranjeras sumaron al rojo del balance de pagos.

El endeudamiento externo es un fenómeno histórico, pero localmente explotó durante la última dictadura y se potenció en el período 1991-2001, cuando volvieron a presentarse las políticas cambiarias y financieras que, al igual que en la época del auge de los petrodólares, favorecieron la toma de créditos externos por parte de las multinacionales y algunos grupos locales. El endeudamiento público comenzó especialmente a partir de la necesidad de contrarrestar la fuga de capitales disparada por la crisis del Tequila de 1995, pues se consideraba indispensable evitar una devaluación. Mantener el tipo de cambio significó endeudamiento para el Estado y la posibilidad de seguir fugando dólares baratos desde el sector privado. A pesar de la refinanciación conseguida en 2005 tras el default de diciembre de 2001, formalizado en 2002, la sombra de la deuda todavía acecha a la economía local.

Argentina produce más de lo que gasta y financia, con remesas y fuga, el exceso de gasto de potencias del exterior, sin embargo, está endeudada y la mayoría de sus principales empresas son propiedad de extranjeros. Según destacan Asiain y Crivelli, “la paradoja se resuelve cuando nos damos cuenta de que por cada dólar que entró en términos de deuda externa e inversiones extranjeras salieron más a causa de la fuga de capitales, los pagos de intereses y las utilidades remitidas por las empresas multinacionales”.

La paradoja explica que a pesar del peso del endeudamiento público el país sea, en realidad, acreedor neto del resto del mundo: a fines de 2008 (últimos datos disponibles) los activos externos (reservas del BCRA y dinero de los argentinos en el exterior) superaban a los pasivos en 58.536 millones de dólares. Por esta razón, no son pocos los economistas que creen que todavía es posible un proceso de de-sarrollo nacional basado en la recuperación de las divisas fugadas, una esperanza controversial.

Los números muestran una fuerte penetración del capital extranjero en la economía local. Esta desnacionalización del aparato productivo se encuentra directamente relacionada a la historia política: la extranjerización del capital se aceleró durante las gestiones neoliberales de la dictadura iniciada en 1976 y durante la década del 90, períodos en los que se creó un marco institucional favorable que todavía está en pie.

Contra todas las promesas y justificaciones brindadas en el desarrollo de la legislación favorable a la inversión extranjera, el capital foráneo no subsanó la supuesta falta de divisas ni aportó el financiamiento para el desarrollo. Por el contrario, su creciente presencia en la economía se produjo en simultáneo con una fuerte exportación de divisas al resto del mundo en forma de utilidades, dividendos, intereses o fuga de capitales.

En otras palabras, antes que aportar al desarrollo, la apertura indiscriminada de la economía al capital extranjero generó descapitalización y profundizó la histórica restricción de divisas para el desarrollo. Situación que podría agudizarse en el futuro.

Al respecto, el economista Sergio Arelovich señaló a Cash que en la postconvertibilidad no sólo se recuperó la masa de ganancia del capital, sino también el giro legalizado de dividendos a las casas matrices de las firmas extranjeras. En relación al Sector Privado no Financiero, “en los diez años que van de 1992 a 2001 la IED (Inversión Extranjera Directa) recibida fue de 61.700 millones de dólares (corrientes) y las remesas giradas de 17.043. En los ocho años que van de 2002 a 2009 la IED sumó 37.107 y las remesas 29.992. Además hay que considerar que la IED en el primer subperíodo estuvo constituida en 52,7 por ciento por compra de activos preexistentes, esencialmente privatizaciones, mientras que en el segundo subperíodo tal compra se redujo al 36,5 por ciento, prevaleciendo la IED en activos nuevos”.

Una segunda dimensión, no abordada por los economistas, es la referente a la conformación y consolidación de un poderoso factor de poder. Si el capital extranjero representa el 90 por ciento de las ganancias del bloque de las principales 500 empresas del país, sin dudas ello genera un bloque de poder llamado a tener una gran incidencia en cualquier futuro proceso de desarrollo. Si esto se traduce a la economía probablemente se trate de una nueva restricción estructural

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