Decir que los derechos individuales requieren de la inacción del Estado es “un mito libertario”, asegura Stephen Holmes, coautor junto a Cass Sunstein del libro El costo de los derechos (Siglo XXI). Entrevistado por Cash, este profesor de la Universidad de Nueva York analizó los costos presupuestarios de los derechos, con la convicción de que las libertades privadas tienen costos públicos y que la protección de las personas por parte del Estado no supone una irresponsabilidad individual. Por el contrario, afirma el autor, los derechos no pueden ejercerse sin recursos.

En el estudio del Derecho, ¿cuál es la diferencia entre que un Estado interfiera directamente con una actividad protegida y que estimule una alternativa?

–El Estado crea los tribunales de sucesión usando el dinero de los contribuyentes para pagar los gastos de funcionamiento y los salarios de los jueces y demás personal. Estos tribunales permiten que las personas dejen esos bienes a sus herederos, algo que nadie puede hacer sin la ayuda de un sistema legal bien organizado. Con este ejemplo, lo que quiero demostrar es que la pregunta que usted me hace está mal planteada.

¿Por qué?

–Porque al organizar y subvencionar el derecho a legar, el Estado no interfiere con una actividad protegida ni estimula una alternativa, sino que crea un derecho hasta ahora inexistente. Esto se da en el caso de los derechos de voto, los derechos de propiedad, el derecho a un juicio justo y para muchos otros casos. Pero insisto en que la idea de que los derechos individuales van en contra de las acciones de un gobierno y que requieren de su inacción es un mito libertario. De hecho, uno de los temas principales que planteamos en nuestro libro es la dependencia que los derechos individuales tienen respecto de los recursos colectivos, extraídos y gastados por el gobierno.

Entonces, ¿por qué cree que existe una tendencia a establecer una distinción entre libertad y subsidios?

–En realidad, esa distinción carece de fundamento, pero es casi imposible de refutar porque se basa en el mito y el interés propio. Mi libertad de votar es subvencionada colectivamente. Lo mismo ocurre con respecto a mi libertad de comprar y vender en el mercado y con mi derecho a un juicio justo. La gente identifica la libertad con la ausencia de intervención por parte del gobierno, pero no piensa en las implicancias de esta idea.

¿Cómo se relaciona esta idea con la crítica a los derechos de bienestar?

–Los derechos de bienestar son criticados como una transferencia de riquezas que no se derivan del trabajo. Y aluden a aquellos que no crean riqueza por sus propios esfuerzos. Pero los derechos de propiedad de los ricos no pueden ser protegidos contra los ejércitos extranjeros y nacionales incendiarios sin la cooperación del resto de la comunidad, y mucho menos sin regulaciones. Lo que quiero decir es que el principal argumento en contra de la reglamentación del Estado de bienestar es falso, ya que, en realidad, refleja un deseo de los ricos de acaparar tanto dinero como puedan, sin atender a la amplia ayuda que recibieron de la comunidad para la acumulación de dichas riquezas.

La crisis mundial y los efectos que tuvo sobre los sectores más pobres, ¿reavivaron el debate en torno de la dicotomía entre libertad y subsidios?

–Los ricos sobrevivirán a la crisis mundial mucho mejor que los pobres, haciendo lobbying para erosionar lo que queda del contrato social.

¿Qué forma toma ese lobbying?

–Lo harán mediante el planteo de que los ricos subsidian la educación pública y otros programas que benefician a los pobres. En los Estados Unidos, los ricos decidieron que ya no necesitan una fuerza laboral educada. Pueden confiar en los trabajadores de la India y China y, por lo tanto, no dudan en atacar a la educación pública como un programa “socialista”. La filosofía del derecho se basa en el principio de que no hay tal cosa como demasiada desigualdad. Por lo tanto, ellos lucharán por cortar cualquier financiación pública que se dirige a los más desfavorecidos y, en su lugar, se asegurarán de que las subvenciones del gobierno estén dirigidas a las grandes corporaciones, los bancos de inversión, los fabricantes de armas, las grandes petroleras, y a otros grupos que apoyan las campañas políticas de candidatos republicanos.

¿En qué medida los derechos adquiridos pueden contribuir a la igualdad socioeconómica?

–Si con “los derechos adquiridos” se refiere al derecho a una educación primaria y secundaria financiada con fondos públicos, la respuesta debería ser obvia. Si se entiende como el derecho a la asistencia sanitaria en las salas de emergencia de un hospital, creo que este sistema simplemente perpetúa la desigualdad socioeconómica. En ese sentido, parece poco probable que tenga éxito la aspiración del presidente Obama de reducir la desigualdad socioeconómica en Estados Unidos.

¿Por qué argumenta que un Estado pobre no puede proteger los derechos de sus ciudadanos?

–Porque los derechos no pueden imponerse sin recursos. Esta financiación puede ser suministrada por la venta de los recursos nacionales en el extranjero, pero generalmente es proporcionada por los contribuyentes. Incluso, el derecho a no ser torturado bajo custodia policial requiere de recursos financiados por los contribuyentes, que permitirán pagar el personal médico que entre en la cárcel en el momento oportuno y haga un examen que demuestre que hubo tortura, y cuyo posterior testimonio sea aceptado en la Corte. Sin este acuerdo, que tiene que ser de pago, no se puede forjar el derecho a no ser torturado