› Por Roberto Navarro
En 2003 la administración kirchnerista recibió el país en default. El gobierno que asuma en diciembre próximo se encontrará con un escenario de vencimientos inédito en las últimas décadas, por lo accesible de su repago. En el año en curso vencen 31.443 millones de dólares entre capital e intereses. El programa de pagos ya está resuelto por el Ministerio de Economía. En 2012, quien gane las elecciones de octubre sólo deberá afrontar vencimientos por 13.200 millones de dólares; en 2013, 12.700 millones; en 2013, 14.031 y en 2015, 14.776 millones de dólares. Por otra parte, la mayor parte de los vencimientos de los próximos cuatro años es intrasector público y con organismos financieros internacionales, pasivos que suelen ser renovados sin mayores problemas. Los vencimientos con el sector privado son de apenas 2900 millones de dólares el año que viene y llegan a 5900 millones en 2015. Estas cifras representan entre el 0,8 y el 1,5 por ciento del PBI, menos que el superávit fiscal promedio de los últimos siete años. Así, si se mantiene el actual saldo fiscal, la administración que asuma en diciembre podrá seguir cancelando deuda sin tener que recurrir a los mercados financieros.
“En los últimos meses el país recibió varias ofertas para tomar deuda a una tasa de entre el 7 y el 8 por ciento anual y las rechazamos”, señaló a Cash el ministro de Economía, Amado Boudou. Agregó que “la decisión de la Presidenta es dejar al país con el menor nivel de endeudamiento posible, para tranquilidad de las próximas generaciones. Los vencimientos más fuertes ya pasaron en 2009, 2010 y el año en curso, en el que ya contamos con los fondos para cancelar el total. Para el próximo gobierno la deuda ya no será un problema”, completó Boudou.
En 2002 la deuda pública representaba el 166 por ciento del Producto Bruto Interno; en la actualidad significa el 45,8 por ciento. Estados Unidos, Japón y la mayor parte de los países de la Unión Europea tienen una deuda que supera su PBI. Argentina logró esta cómoda situación de deuda por la fuerte quita del 66,3 por ciento que logró en las renegociaciones del default realizadas en 2005 y 2010; los superávit fiscal y comercial, que le permitieron al Estado cancelar sus pasivos sin volver a endeudarse en los mercados, y por el fuerte crecimiento del PBI.
Esta situación de solvencia frente a sus pasivos públicos tiene que ver con la relación entre deuda/PBI; pero también con el accesible perfil de vencimientos conseguido en los dos canjes de deuda en default. En el 2000 el plazo promedio de los vencimientos de la deuda era de 2,5 años; en la actualidad es de 11 años. En Brasil es de 4 años.
Otro factor que plantea un horizonte desahogado de repago de la deuda pública es la pesificación de parte de los pasivos. En el 2000, el 95 por ciento de la deuda estaba nominada en dólares; en la actualidad, el 59 por ciento y el 41 restante en pesos. De los 164.330 millones de dólares de deuda pública, 67.750 son en pesos. Otros 75.150 millones están nominados en dólares; 16,790, en euros; 2230, en yenes y 424 millones en otras monedas.
Durante los noventa y a principios de la década siguiente, el país no canceló deuda en términos reales. O renegociaba los vencimientos con los acreedores institucionales o emitía nueva deuda para cancelar la anterior. Esa dinámica derivó en que los mercados exigieran una tasa de interés cada vez más alta. En el megacanje negociado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo se pactó una tasa de interés del 18 por ciento. En el 2000 la tasa promedio de la deuda pública era del 13,8 por ciento. A partir del canje de 2005 el país paga una tasa promedio en dólares del 3,66 por ciento y en pesos, del 3,34 por ciento ajustada por CER.
También ha sido relevante el cambio en la composición de los acreedores. La deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales en situación de pago normal se concentra en el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento, y agencias de gobierno (como el ICO, del gobierno español). Esta deuda representa el 10,8 por ciento del total.
La deuda con agencias del sector público nacional es aquella que se encuentra en poder de tenedores públicos, como el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y el Banco Nación, entre otros. Ese pasivo alcanzó el 46,8 por ciento a fines de 2010 una participación en el total de la deuda pública. Tanto los pasivos con los organismos internacionales de crédito como intrasector público son considerados de bajo riesgo de refinanciamiento.
La deuda del sector privado representa el 38,5 por ciento del total. Este pasivo, cuya refinanciación depende del contexto internacional, de la evaluación de los mercados sobre la situación económica y financiera del país, representa apenas el 17,6 por ciento del PIB. En 2012 el total de vencimientos de la deuda privada es de 2948 millones de dólares; en 2013, de 1962 millones; en 2014, de 4911 millones y en 2015, cuando finalice el próximo período de gobierno, de 5920 millones de dólares. En 2016, apenas suma 1200 millones de dólares.
Para determinar la factibilidad de repago de la deuda pública los analistas comparan el monto total del pasivo con distintas variables macroeconómicas. La más usual es compararla con el tamaño de la economía: el PBI. Ese ratio, como se mencionó anteriormente, es del 45,8 por ciento, una relación baja tanto en términos históricos como comparada con el resto de los países. También se toma en cuenta la relación entre deuda y reservas del Banco Central. En 2002 la deuda pública representaba el 1155 por ciento de las reservas existentes; a fines de 2010, sólo el 185 por ciento. Otro dato relevante es cuánto representa la deuda con respecto a las exportaciones: en 2002 el pasivo estatal era un 391 por ciento mayor a las ventas externas; en la actualidad bajó al 122 por ciento
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