Diputados de la oposición han decidido publicar un índice que surge del promedio de las mediciones efectuadas por un grupo de consultoras privadas. Comienzo aclarando que formo parte de quienes critican la falta de certeza en los cálculos del índice elaborado por el Indec. Si los números de la inflación fuesen corregidos y determinados con rigor por el organismo oficial, no estaríamos ante la discusión aquí planteada. Por lo tanto, si bien el retoque de los números sirvió (y sirve) para ajustar la deuda pública, según manifiestan algunos integrantes del Gobierno, creo que es momento de sincerarlos para evitar los problemas que se desprendieron a partir de esto, que ya se van convirtiendo en un costo mayor que el supuesto beneficio obtenido.

Uno de estos problemas es la proliferación de mediciones de precios que publican consultoras privadas. Una cosa es la falta de credibilidad del Indec, pero de ahí a tomar como válidos los números que publican estas entidades hay una enorme distancia. El aspecto central pasa por analizar la seriedad del asunto, ya que apareció un coro diciendo que se estaban avasallando los límites constitucionales al no respetar las libertades ciudadanas cuando desde la Secretaría de Comercio se les pidió información acerca de cómo obtenían sus cifras ¿Es tan así? No, principalmente porque los números de las consultoras privadas son sin lugar a dudas aún más faltos de rigor que los presentados por el Indec. No cuentan con el herramental necesario ni la cantidad de personal con la capacitación que requiere semejante tarea. Además en algunos casos, teñidos por su ideología política o los intereses a los que representan, terminan informando números que son meros dibujos (hasta fue dicho textualmente por un directivo de una de ellas). Entonces, si cuando el Gobierno les pide que llenen una sencilla encuesta de veinte preguntas no lo hacen, o efectivamente muestran que su metodología no es apta para la medición de la inflación, parece correcto que se les pida estos datos, teniendo en cuenta que sus resultados sirven para formar opinión y tomas de decisiones, en algunos casos de gran relevancia.

Además, no se lo puede considerar “un agravio a las libertades ciudadanas” como dicen, ya que es potestad de cualquier gobierno controlar la calidad de los bienes y servicios que se producen en una sociedad. Son empresas que, basadas en su carácter de “consultoras”, publican mes a mes un número, el cual no explican de dónde ni cómo lo elaboran. Parece lógico preguntarse, como en cualquier estudio estadístico, cuál es el problema de mostrar cómo obtienen esos números. Por ejemplo, si una empresa falsea datos acerca del producto que vende u omite alguna información relevante sobre cómo lo realiza, ¿no debería ser sancionada? Sí. Viene al caso recordar que Danone debió pagar en Estados Unidos 21 millones de dólares a fines de 2010 por exagerar el aval científico de sus productos. ¿Por qué se acepta que Estados Unidos sancione a sus empresas y aquí no?

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