La disputa por Malvinas ha adquirido en los últimos tiempos una singular importancia. Y es que más allá del legítimo reclamo para restituir parte del territorio usurpado hace casi 180 años por Gran Bretaña, el conflicto hoy también enuncia un nuevo aspecto de la soberanía: la posibilidad de disponer de los recursos naturales que integran la geografía nacional.

Se trata, sin dudas, de una nueva manera de interpretar este concepto, resignificado al calor de las transformaciones del capitalismo global. En la actualidad, hablar de soberanía no es solamente reconocer el efectivo derecho sobre el territorio, en especial cuando el mismo se encuentra ocupado por una nación extranjera.

En tanto el capitalismo avanza hacia la apropiación privada de recursos naturales de dominio público, cada vez más escasos pero todavía especialmente abundantes en países periféricos, una política que se reclame soberana debe pensar en la posibilidad de ejercer efectivo control en la explotación, comercialización y gestión de esos recursos, denunciando los casos de saqueo cuando los mismos son usurpados por naciones o empresas extranjeras, para restituir esos recursos a favor de los intereses nacionales.

De ahí que Gran Bretaña cometa un doble ilícito en Malvinas: no solamente destruye los recursos naturales sino que lo hace afectando la soberanía de otro Estado.

A la posibilidad de obtener petróleo, para lo cual se están haciendo exploraciones que le permitirían a Gran Bretaña ahorrarse años de importaciones de crudo por un valor cercano a los 60 mil millones de dólares, tal como plantea Federico Bernal en su libro Malvinas y petróleo. Una historia de piratas (Capital Intelectual, 2011), debe sumársele el saqueo ictícola que se viene cometiendo, incluso bastante antes que las denunciadas maniobras recientes de exploración petrolera.

En efecto, en torno de la pesca, los kelpers de posguerra se enriquecieron notablemente, pues las ventas de casi 125 licencias que hacían al año les generaban ingresos de hasta 50 millones de dólares, donde la sobreventa llegó a provocar la merma de algunas especies, como el calamar, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria argentina.

En enero, una nota del diario inglés The Telegraph afirmó que la industria pesquera en Malvinas representa 45 millones de libras, parte de las cuales proviene de la venta del calamar Illex a Asia. Los ingresos por las ventas de esas licencias, el 75 por ciento destinado a esta especie, resultaron un negocio millonario que posibilitó a los pobladores de las islas alcanzar un PBI per cápita de 32 mil dólares anuales –el más alto del continente americano– y con esto aumentó la autonomía económica de los isleños sobre Londres.

En ese sentido, cabe recordar la iniciativa de conceder 25 años de licencia pesquera a barcos extranjeros que operan en Malvinas, lo cual es una abierta violación a las resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen una disputa en torno de las islas y recomiendan posponer decisiones unilaterales sobre las mismas mientras se atraviesa el proceso de descolonización del archipiélago.

En suma, Malvinas ya no solamente constituye un reclamo vinculado con una usurpación territorial por parte de un imperio que persiste en su vocación colonialista, pese a las resoluciones en contrario que indica la ONU y la condena regional expresada en el alineamiento de todos los países con la posición argentina. Se trata, además, de una renovada estrategia de las grandes potencias por proveerse de los recursos naturales que les son escasos, limitando el desarrollo de sus legítimos dueños.

Podrán discutirse las estrategias en curso o las maneras más conducentes de encarar un llamamiento al diálogo por la vía diplomática. Pero el repudio al saqueo y la reconfirmación de los derechos soberanos sobre los recursos naturales propios deben ser política de Estado y de ocupación permanente de todas las fuerzas políticas

* Politólogo UBA-CLICeT.