El proyecto de expropiación de la mayoría accionaria de Repsol en YPF se produjo en el marco de fuertes debates. Se abordaron temas como el ahorro de las divisas, la falta de inversiones, la soberanía sobre recursos estratégicos, la conveniencia o no de que sea el mercado el que dé las señales que orienten la operatoria y los vínculos de Argentina con otros países. Es indudable que el peso de las importaciones de combustibles de los últimos años, las transferencias de divisas de las empresas petroleras y las dificultades en la cuenta corriente del balance de pagos son un argumento central para tratar de alcanzar el autoabastecimiento perdido, pues pueden convertirse en un bloqueo para toda la economía. Pero las estrategias para lograr ese objetivo difieren según el marco en el que esa política se plantee. Y ese marco, que no es otro que el modelo de desarrollo económico y social, es el que debe ponerse en el primer plano de la discusión. No se trata sólo de un ahorro de divisas o de una cuestión soberana. La necesidad de la expropiación debe enmarcarse en un análisis de largo plazo de las necesidades energéticas para un proceso de desarrollo.

El punto de partida es entender que Argentina es un país con petróleo, pero no un país petrolero. Esto significa que, pudiendo autoabastecerse, no está en condiciones de basar su economía en la exportación de los hidrocarburos. Este es un dato clave, pues el petróleo y el gas pasan a convertirse fundamentalmente en un insumo. Un insumo clave, pero no desligado del resto de la estructura productiva. Los hidrocarburos son un componente central en la generación de energía y de gran importancia en la matriz de costos de la producción y en el consumo de la población. Por lo tanto, un fortalecimiento del proceso de industrialización y de la distribución del ingreso supone un incremento de la demanda de energía, pero también la necesidad de mantener los costos bajo control.

Si esto es así, es preciso mantener una oferta de combustibles en expansión (lo cual supone inversiones en exploración y explotación), aislando los precios de las violentas oscilaciones internacionales y teniendo en cuenta los costos de producción de los hidrocarburos, incluyendo un margen razonable de ganancias. Pero esto significa realizar una política opuesta a la del libremercado practicada en los ’90, donde precisamente se potenciaba la vinculación del precio interno con el internacional y se motorizaban precios y rentas extraordinarios, exprimiendo a los consumidores (finales o intermedios), fomentando la exportación y la remisión de utilidades.

Una explotación de hidrocarburos para el desarrollo implica una fuerte intervención y control del Estado para que el negocio petrolero no frene el resto de la producción ni ahogue el consumo. En ese marco, es posible que los consocios multinacionales dejen de estar interesados. Será entonces hora de que el Estado asuma parte de la responsabilidad productiva, con YPF y/o dotando de capital operativo a Enarsa. Son esas decisiones técnicas posteriores a la política, pero que no deben tomarse en función de la rentabilidad empresaria como pide el coro neoliberal, sino en términos del fortalecimiento nacional.

Esto, por supuesto, no significa que YPF deba pasar a ser deficitaria. Sólo que la lógica no está dictada por el lucro empresario, sino por las necesidades productivas en general. En ese esquema, ganancias extraordinarias y distribución generalizada de beneficios, como derivan de una gestión exclusivamente privada en un mercado internacionalizado resultan contraproducentes para el conjunto de la sociedad. Pero nada exime a YPF de la necesidad de una adecuada gestión administrativa, cualesquiera sean los objetivos.

El autoabastecimiento petrolero es impostergable. Pero no resuelve por completo la ecuación ni agota el debate. Aun nacionalizando YPF o cerrando la brecha de divisas, el problema está resuelto a medias. Es que una política de desarrollo con crecimiento económico acelerado reclama cada vez más energía. Por eso, agotada la primera fase de la recuperación luego del cataclismo del 2001 (valga la referencia, porque los interlocutores del neoliberalismo exigen en los debates sacar la cuestión del 2001 del medio para evitar el mea culpa), el país viene corriendo por detrás de las necesidades y ahondando la crisis energética, de la cual la importación es sólo la punta del iceberg. Por eso es tiempo de planificar una matriz energética a largo plazo, en la que se incluyan proyecciones de consumo, de producción y políticas activas, incluyendo la previsión de que el horizonte temporal de los hidrocarburos es limitado. ¿Que para eso falta como un cuarto de siglo? Efectivamente, lo cual es poco en un proyecto de desarrollo.

Dos líneas deben profundizarse. Por un lado, diseñar una matriz de generación de energía multimodal, que movilice todo el potencial del país, incluyendo la ampliación de la hidroelectricidad, discutiendo la pertinencia de una política nuclear pacífica expansiva asociada a Brasil o los biocombustibles, pero también estimulando las nuevas fuentes, como la energía eólica o solar. En estos campos, las perspectivas son aún inciertas y estrechamente dependientes del desarrollo tecnológico, una materia en la que el Estado debería tomar también un rol activo, estimulando la innovación de manera más radical y enmarcándola en una política ambiental sustentable.

La segunda línea debe tomar en cuenta que Argentina es uno de los países con mayor relación de consumo eléctrico por unidad de Producto, que debe ser reducida sustancialmente. Para ello, las habituales campañas para que el ama de casa use su plancha eficientemente son tan necesarias como insuficientes. Se trata aquí de promover el uso de tecnologías ahorradoras de energía en toda la estructura de producción y consumo, así como de diseñar más eficientemente los procesos de organización de la producción en las fábricas o en la labor agrícola. El reemplazo de las viejas bombitas por lámparas de bajo consumo es un primer paso de una larga carrera, en la que activas políticas microeconómicas deben pasar a la ofensiva. Organismos como el INTI son clave en el proceso de optimización del consumo y deben ser fortalecidos.

Así, pensar la cuestión de YPF sólo como un problema de divisas o de funcionamiento del mercado de hidrocarburos es insuficiente. El debate debe plantearse en términos de estrategias globales de desarrollo, que determinarán el objetivo de la intervención estatal. La participación del Estado como regulador y productor debe ser encarada con premura porque el proceso de desarrollo así lo requiere

* Economista Idehesi-Facultad de Ciencias Económicas UBA.