En el discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, la Presidenta dedicó algunos párrafos de su intervención a resaltar el rol del consumo popular en el desempeño positivo de la economía. Durante varios minutos, este término fue el prisma con el cual interpretó el crecimiento sostenido de los últimos años. Expresó el movimiento desde una política de contención a una política de rehabilitación económica. ¿Qué significa? Que el Estado intenta modificar el eje en el cual circulan recursos públicos hacia los sectores populares. Desde una política de contención, el dinero es transferido para prevenir un deterioro de las condiciones de vida; en una política de rehabilitación, el dinero es enmarcado en el uso positivo que tiene no sólo para sus receptores sino para el conjunto de la economía. En esta línea, la ayuda social tiene valor político no solo porque saca de la pobreza a las personas, sino porque el consumo popular es definido como eje del crecimiento.

Se debe poner la lupa sobre el eslabón perdido en el vínculo entre políticas sociales y consumo popular: el financiamiento del consumo. Este eslabón perdido impide comprender el sobrecosto (social y económico) que las clases populares tienen para acceder al consumo. Por un lado, algunos datos de un estudio sobre finanzas populares realizado en el Centro de Estudios Sociales de la Economía (IdaesUnsam) muestra cuáles son las condiciones concretas en las que el consumo popular se realiza. Por otro lado, se destaca que la existencia de este eslabón perdido tiene sus causas en la desarticulación de dos “ventanillas” del Estado: las políticas sociales y las políticas financieras.

Financiamiento popular

El estudio se basó en una encuesta no probabilística aplicada a 100 personas de ambos sexos en la zona comercial de Crovara y Cristianía (La Matanza). Se complementó con 30 entrevistas en profundidad a habitantes de asentamientos precarios de Avellaneda y La Matanza. Los datos más importantes que se desprenden del estudio pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- El mercado del crédito se expandió hacia los sectores de bajos recursos a través de la expansión del uso de tarjetas de crédito, préstamos personales de agencias y cuotas a sola firma. En la muestra realizada, 35 por ciento de los encuestados que habitan en villas y asentamientos habían usado regularmente tarjetas de crédito el último año, 21 por ciento tomado créditos en agencias y 20 por ciento utilizado algún sistema de pago de bienes en cuotas. Estos datos muestran claramente que estos sectores no se encuentran fuera del sistema financiero, sino insertos en él pero vinculados con sus fracciones más gravosas: los intereses de los préstamos de las agencias de créditos personales son más elevados que los de los bancos, las tarjetas de consumo –como tarjeta Shopping, Tarjeta Naranja– tienen costos más elevados que las tarjetas de crédito.

- Al analizar el conjunto de instrumentos de crédito al que accedieron los encuestados, es claramente marginal aquellos ofrecidos por el Estado u ONG (como los microcréditos), y claramente dominante los instrumentos ofrecidos por el mercado.

- No obstante, las políticas sociales han tenido una consecuencia indirecta (no planificada) en la expansión del crédito a los sectores de bajos recursos. Por un lado, el dinero recibido es utilizado para pagar los créditos a los que se tiene acceso. En muchos hogares el dinero proveniente de los planes sociales es utilizado exclusivamente con este fin. Por otro lado, el acceso a planes sociales provee una acreditación formal que sustituye a la acreditación que se obtiene del mercado de trabajo. Muchos comercios del conurbano acceden a otorgar créditos solicitando como comprobante algún documento que mencione la condición de beneficiario.

- La centralidad del crédito al consumo se manifiesta cuantitativamente en que alrededor del 50 por ciento de los encuestados mencionó que a través de algún sistema de crédito adquirió bienes como TV, DVD o heladera. En un porcentaje que alcanza entre el 60 y el 80 por ciento se realizaron estas compras en grandes cadenas.

- La centralidad del crédito se comprueba, también, cualitativamente. En las entrevistas a los hogares fue una mención recurrente que los créditos reemplazan a la falta de suficiente efectivo, y financiarse a través de tarjetas o cuotas en comercios es la única posibilidad de comprar bienes como vestimenta, calzado, muebles, electrodomésticos.

- El estudio cualitativo también saca a la luz otra cara de esta centralidad del financiamiento a través del crédito del consumo popular. “Sin crédito no podés vivir, pero las deudas no te dejan respirar”, “Vivo pensando en el nuevo crédito que voy a sacar cuando resuelva estas cuentitas”. Estos testimonios, recurrentes, dados por beneficiarias de planes sociales (cooperativistas del Programa Argentina Trabaja y receptoras de la AUH), colocan en el centro del consumo popular el problema del endeudamiento. Para ellas el cálculo es el siguiente: pagar el doble es mejor que no tener nada.

Políticas financieras

Como vemos, los pobres y asistidos no solo van a las “ventanillas” de las secretarías de Acción Social de los municipios, sino también a las “ventanillas” de las agencias de crédito personal, de las cadenas de tiendas de electrodomésticos. Las condiciones de vida de estos sectores dependen de ambas “ventanillas”. Ellos las articulan en el manejo de sus economías domésticas, pagando un crédito con el dinero de un plan o adquiriendo una tarjeta presentando un papel que certifique su condición de beneficiario. Sin embargo, la articulación en la práctica cotidiana contrasta con la desarticulación entre las políticas sociales y financieras. Los implementadores de las políticas sociales tienen pocos instrumentos para pensar la dimensión financiera de las condiciones de vida de los sectores populares; y los implementadores de las políticas financieras tienen pocos instrumentos para pensar la dimensión social de sus regulaciones. Las intervenciones de los primeros llegan hasta las puertas del mercado. Entre sus preocupaciones por aliviar las condiciones de vida de los sectores populares no se encuentran la preocupación por las tasas de interés que pagan en el uso de tarjetas o por el sobrecosto en las cuotas de los bienes que retiran de los comercios barriales. Las intervenciones de los segundos no consideran que los pobres estén insertos en el sistema financiero. Los economistas y los ejecutores de políticas económicas suelen pensar a los pobres como desmonetizados y fuera del sistema bancario y financiero.

Una política de rehabilitación económica de los sectores populares tiene que asumir como parte de su agenda la preocupación por las condiciones actuales del financiamiento del consumo popular. Hasta ahora, la agenda progresista relativa a las políticas financieras se centró en el crédito a la producción. Esta agenda no se agota en demandar financiamiento a sectores productivos medianos y pequeños, también debe asumir que el consumo tiene un rol político crucial, y alterar las condiciones de su financiamiento es abrir una agenda más completa sobre la incidencia de las finanzas en una política igualitarista

* Investigador del Conicet en el CESE-Idaes. Director de la carrera de Sociología de la Unsam.