Inadmisibles
“Son presiones inadmisibles”, bramó días atrás Roberto Lavagna.
En apariencia, se había enojado porque en la tapa del diario La Nación se decía que el Gobierno compensaría a los bancos por los amparos, emitiendo bonos por un monto de 2400 millones de dólares. En declaraciones radiales, el ministro interpretó el titular como un apriete de los banqueros y exageró hasta el ridículo su enfado, suspendiendo la reunión que tenía prevista ese día con ABA (Asociación de Bancos de la Argentina) para discutir el tema.
Antes que preocupación, el supuesto desplante de Lavagna despertó sonrisas entre los ejecutivos de los principales bancos privados. Aquella cifra es apenas un bocado en el menú de pagarés que el ministro entregará a los bancos, después de haber accedido a todos sus reclamos.
El Estado ya emitió Boden 2012 por 9500 millones de dólares –unos 31.300 millones de pesos– para compensar a las entidades financieras por la pesificación asimétrica (la diferencia entre los créditos pesificados 1 a 1 y los depósitos pesificados a 1,40) y los préstamos contraídos por los bancos con acreedores del exterior (por la diferencia entre 1 peso y el dólar libre).
Pero, además, Lavagna se comprometió en la Carta de Intención firmada con el FMI a emitir más bonos para resarcir a los bancos por otros 5060 millones de dólares, en concepto de los siguientes items:
-Créditos con el exterior de filiales de bancos extranjeros radicados en el país: 7800 millones de pesos.
- Indexación asimétrica (la diferencia entre ciertos créditos que se ajustan por el CVS y todos los depósitos pagan el CER): 3800 millones de pesos.
- Amparos (diferencia entre 1,40 más CER y dólar libre): 5100 millones de pesos.
En todos estos puntos, durante las discusiones que se dieron el año pasado, el Ministerio de Economía había rechazado las exigencias de los banqueros, con el argumento de que pretendían demasiado de un Estado exhausto. En especial, las entidades extranjeras, que habían esquivado la responsabilidad de capitalizar a sus filiales para responder a los ahorristas. Sin embargo, la carta magna suscripta con el Fondo, que el Gobierno deberá cumplir a rajatabla demuestra que, en silencio –sin titulares de los diarios que lo anunciaran–, cedió a todas las exigencias. Semejante concesión es difícil de defender para un funcionario que sigue firme del lado del mostrador adecuado. Por ejemplo, así como la pesificación de créditos locales no excluyó a las empresas exportadoras con ingresos dolarizados, redundando en un subsidio escandaloso, la compensación por los préstamos externos de los bancos abarcó incluso a aquellos créditos tomados por las filiales con sus propias casas matrices, es decir, sus autopréstamos. Página/12 publicó que, durante el 2001, los bancos extranjeros retiraron del país unos 7000 millones de dólares para cancelar créditos con sus propias matrices. Ahora, el Estado les pagará la diferencia al tipo de cambio libre por lo que les resta girar.
Otro ejemplo: el Gobierno aceptó abonar a los bancos por la llamada indexación asimétrica, pero de aplicarse el CER a los créditos hipotecarios de vivienda única la morosidad hubiera estallado, por lo que el CVS es un buen mecanismo para mejorar la cobrabilidad de las carteras.
En cuanto a los amparos, hasta fines del año pasado los funcionarios de Lavagna consideraban “inaceptable”, porque estimaban que las entidades podían responder solas, siempre que las decisiones judiciales se distribuyeran en el tiempo y no afectaran su liquidez. Pero, tal vez persuadido por Anoop Singh, lo cierto es que el ministro aceptó. Dicho sea de paso, como confesó el ex ministro Jorge Remes Lenicov, los más interesados en la pesificación de los préstamos fueron los propios bancos, conscientes de que jamás podrían cobrar en dólares a gente que toda su vida percibirá sus salarios en pesos.
Así, contablemente las entidades financieras no perderán un solo dólar con la devaluación. En total, el Estado se comprometerá a desembolsar unos 14.500 millones de dólares durante los próximos 10 años. Si el Estado podrá afrontar con la recaudación tributaria semejante deuda, nadie lo sabe, porque equivale casi al presupuesto nacional de un año. Pero sí es claro la escala de prioridades de un Estado tan reacio a abrir la billetera para otras áreas: a los valores actuales, dicho monto equivale a 32 años de planes Jefas y Jefes de Hogar; a 4 años de los gastos totales de Nación y Provincia en educación; o a 102 años de inversiones en ciencia y tecnología.
Un párrafo aparte merece la probable redolarización de depósitos todavía atrapados en el corralón. Después del fallo de la Corte en favor de San Luis, en los últimos días, los bancos redoblaron las presiones para que el Estado se hiciera cargo de la diferencia cambiaria mediante un bono compulsivo. Teniendo en cuenta la “doctrina” de la política económica del duhaldismo y las condiciones del FMI, no hace falta ser un profeta para adivinar quién asumirá la factura.

Petrodólares
Durante todo el año pasado, Lavagna amenazó a las petroleras con aplicarles la ley penal cambiaria si no ingresaban al país las divisas cobradas por sus exportaciones. Por un decreto de Carlos Menem del año ‘90, las petroleras fueron autorizadas a dejar en el extranjero el 70 por ciento de sus dólares. Sin embargo, el equipo de Lavagna interpretó que la Ley de Emergencia Económica, de marzo de 2002, invalidaba el decreto y por lo tanto debían liquidar la totalidad de sus ventas en Argentina. Para ello, se solicitó un pronunciamiento al Banco Central y dos dictámenes al procurador general del Tesoro, que avalaron esa perspectiva jurídica.
No hay país subdesarrollado que se dé el lujo de mantener un esquema de tipo de cambio libre sin posibilidad alguna de controlar la oferta de divisas en el mercado cambiario. En especial, si la provisión de dólares está muy concentrada en un producto o sector. Para mencionar el caso paradigmático de la economía liberal, en Chile una corporación estatal continúa administrando las exportaciones de cobre. En Argentina sería descabellado estatizar la pampa, pero no suena alocado que las exportaciones de petróleo y derivados ingresen al país, sobre todo porqueson el segundo rubro de ventas al exterior detrás de los cereales y aceites.
No obstante, el 27 de diciembre pasado, el presidente Duhalde firmó un decreto que ratifica el decreto de Menem: “... la conveniencia de desarrollar una sana política en materia de hidrocarburos aconseja permitir la libre disponibilidad de una parte de las divisas provenientes de la exportación de esos productos...”, argumenta. “Una parte” es el 70 por ciento.
En las últimas semanas, el titular del Banco Central, Alfonso Prat Gay, envió dos cartas a Lavagna, solicitando instrucciones sobre la liquidación de las divisas petroleras. Prat Gay quiere resguardarse legalmente: es consciente de que el decreto de Duhalde viola la Ley de Emergencia, considerando los dos dictámenes del procurador. Pero, además, no cree que sea sano para la administración de la política cambiaria que las petroleras puedan dejar sus dólares en el exterior.
Un estrecho colaborador del ministro, que no está de acuerdo con el decreto, dice que fue obra del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y del secretario de la Presidencia, José Pampuro. Según esa versión, Lavagna no quiso entrometerse porque el acuerdo con las petroleras incluiría aportes monetarios para la campaña bonaerense del ala política del Gobierno.
Sea como fuere, con el decreto, Lavagna resignó una carta clave en la negociación por los precios de los combustibles en el mercado local. Por eso, debió salir desesperado a amenazar con aplicar retenciones del 100 por ciento a las exportaciones del sector, si las empresas trasladaban la suba del petróleo a los surtidores. Y, con lo justo, logró anudar un precario acuerdo que expirará a fin de mes, tal vez en medio de la guerra.

Panamá y después
La concesión a las petroleras se vincula con otro decreto firmado también en la víspera del Día de los Inocentes. Se trata de la creación del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, un traje a medida para un puñado de empresas periodísticas y una prestadora de medicina prepaga, que conseguirían así un seguro de cambio para las deudas que contrajeron en dólares con acreedores extranjeros. El Fondo debía constituirse con el aporte a préstamo de las petroleras (en particular, Repsol-YPF), unos 350 millones de dólares. Hubo una larga discusión sobre dónde poner el dinero. Las multinacionales no quería colocarlas en Argentina –porque las calificadoras de riesgo castigarían sus balances–; en el Banco Nación Nueva York no había forma de sortear las regulaciones de la Reserva Federal para un país en default, y finalmente se decidió que lo mejor era la sucursal del Nación en Panamá. Sin embargo, como el Gobierno no puede otorgar garantías sobre el depósito, hasta hoy, las petroleras se hicieron las distraídas. Y dentro del propio equipo de Lavagna aseguran que, para no seguir cargando la mochila del Estado, lo mejor sería que el Fondo no se constituyera durante la administración Duhalde.