En las últimas semanas han aparecido trascendidos sobre negociaciones con empresas extranjeras con el fin de obtener inversiones para los yacimientos de shale gas y oil. Estas tratativas continuarán y seguirán siendo noticia, ya que existe el convencimiento en algunos sectores de una necesidad acuciante de ingreso de cuantiosos capitales externos para desarrollar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales.

Esas novedades ponen sobre la mesa el debate necesario sobre mitos y realidades acerca de dichos aportes, especialmente respecto de la roca esquisto de Vaca Muerta. Discusión con muchas aristas, de las cuales se puede destacar ahora la de las inversiones necesarias.

Al igual que en las discusiones sobre el desarrollo de la economía nacional, para cuyo proceso productivo la ortodoxia entendió siempre como requisito la inversión extranjera, actualmente desde distintos ámbitos se postula que solamente con enormes inversiones, de origen extranjero, pueden explotarse esos novedosos yacimientos.

De la misma manera que en aquel debate, hoy resuelto de manera contundente con el avance de nuestra economía en base a su propio esfuerzo, los yacimientos de shale pueden explotarse en los primeros años en base a fondos aportados por YPF, el ahorro nacional, y empresas petroleras que actualmente tienen su actividad en el país. Sin descartar por ello inversiones provenientes del exterior que se adapten a las políticas nacionales, las cuales serán bienvenidas, especialmente en asociaciones de diferentes modalidades que permitan compartir los beneficios de los combustibles extraídos.

Esta idea para los inicios de estos desarrollos se basa en las siguientes consideraciones y factores:

1. No se conoce la productividad media de estos recursos, por no contar con suficientes pozos. A pesar de lo cual existe una cantidad realizada sobre la formación Vaca Muerta que posibilita configurar una razonable expectativa. En este y otros yacimientos resulta importante desarrollar una intensa experimentación sistemática para conocer en detalle los costos y la verdadera riqueza.

2. Para ello, en una primera etapa se impone la perforación de varias decenas de pozos de reconocimiento, identificando las áreas y sectores más productivos.

3. En un período de uno a dos años es posible, con varios equipos de perforación, ejecutar entre 100 y 200 pozos, cuyo costo promedio se reduce por el uso en serie de la infraestructura respectiva, y ronda en no más de 10 millones de dólares por unidad, según los expertos. Ello supone una inversión total para esta primera fase de 2000 millones de dólares, que no deben erogarse de entrada sino acompasadamente durante ese período. Esa etapa inicial puede incorporar al sistema gasífero nacional alrededor de 15 millones de m3/día si el rinde promedio de los pozos fuera de 75.000 m3 día. Es decir que, al precio promedio actual para no convencionales del plan Gas Plus de 5 dólares/ MBTU, tendríamos ventas por cerca de 900 millones de dólares anuales, montos que posibilitan, con una adecuada reinversión y alguna inversión adicional, incrementar anualmente la extracción y los rindes.

4. Para iniciar ese plan se impone previamente una regulación del uso de materiales y equipamiento que contemple los tratamientos de las aguas utilizadas en estos especiales yacimientos, con el fin de evitar la contaminación. En Estados Unidos existe un debate por este tema en las explotaciones de shale en zonas cercanas a centros urbanos.

5. Esa regulación requiere consensos y permite mientras tanto la realización de aquel primer período de investigación y reconocimiento.

6. En la formación Vaca Muerta, por sus características geológicas, es posible realizar perforaciones verticales clásicas y ejecutar hasta 4 o 5 fracturas, con rindes de gas y crudo muy competitivos. En el caso de pozos horizontales, es usual llegar a 9 o 10 fracturas, pero el costo por pozo se incrementa notablemente. Estas alternativas posibilitan pozos verticales, menos costosos, con extracciones de alta eficiencia.

7. Para el caso de hallarse una productividad promedio redituable, es lógico pensar desde ahora en el desarrollo de una industria nacional de equipamiento para estas tareas, potenciando así la riqueza nacional con estas explotaciones. De lo contrario ello se convertirá en un sistema extractivo más, que una vez cumplida su misión deja los daños y se lleva la mayor parte de la renta, ya que ese equipamiento es uno de los mayores costos de estas explotaciones.

Por todo ello, no parece adecuarse a la realidad de estos yacimientos particulares el señalamiento de fuertes inversiones externas en el inicio del proceso. Se habla de 10.000 a 30.000 millones de dólares con gran ligereza, sin tener en cuenta etapas y disponibilidad de capacidad técnica y económica de YPF, de sus técnicos y profesionales y de las empresas actuantes en este momento en el país. Sin duda esas inversiones serán necesarias más adelante, cuando esa riqueza sea una reserva comprobada y cuantificada.

Mientras tanto el país ha ido adecuando su normativa para lanzarse a una política nacional de autoabastecimiento, con la colaboración de las provincias, desde sus competencias respectivas. Tanto la ley 26.741, que sentó las bases para ello, como el decreto 1277, avanzan sobre las causas que llevaron al país a la importación gravosa de combustibles.

No hay conflictos de fondo con estas disposiciones, absolutamente encuadradas en las facultades constitucionales del gobierno nacional, que era necesario rescatar para bien del conjunto del país. Entretanto, las provincias conservan sus facultades de administrar los contratos, percibir sus regalías y velar por el cumplimiento de los convenios. Todo ello en el marco de una política nacional que irá creciendo para seguridad y beneficio de todos los actores del sector hidrocarburífero, siguiendo de esta manera un camino similar y paralelo al que ha venido sosteniendo el desarrollo de la economía, que es la base de nuestra diferencia de posicionamiento frente a la actual crisis mundial

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