La demanda judicial presentada por el gobierno de Córdoba en reclamo de una presunta deuda de la Nación para financiar el déficit de su caja previsional, sumado al abandono de la provincia del Pacto Fiscal de 1992, remite al siempre polémico esquema de distribución de recursos entre el gobierno central y las provincias.

Los montos destinados a Córdoba se han ido incrementando año tras año, pero no solamente en carácter de recursos coparticipables. En asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo y pago de los jubilados cordobeses que cobran por la Anses hay otro importante volumen transferido, además de obra pública y del Plan Federal de Desendeudamiento, que evitó para la provincia el desembolso de 560 millones de pesos este año y 543 millones en el 2013.

El debate no exime a las provincias de responsabilidades. En 2004, el 64 por ciento de la recaudación propia de Córdoba provenía de Ingresos Brutos y un 24 por ciento del Impuesto Inmobiliario. La diferencia entre lo recaudado por uno y otro tributo se incrementó notablemente hacia el 2011: 81 por ciento en el primer caso y 7 por ciento en el segundo.

El sistema tributario cordobés muestra que en la masa recaudatoria provincial disminuyó la carga sobre los que más capacidad contributiva tienen en desmedro del conjunto de la población y de los sectores productivos, que son los que dinamizan la economía. Los investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas explican que Córdoba es reflejo de una propensión general de los sistemas tributarios provinciales a privilegiar impuestos regresivos por sobre otros progresivos, como el inmobiliario y patentes.

En la disputa con Córdoba subyace también el debate por la equidad previsional ante la coexistencia de un régimen nacional, que busca consolidar un esquema redistributivo basado en la recomposición de la jubilación mínima y la inclusión previsional, con otros especiales y de privilegio, que profundizan la pirámide jubilatoria.

A eso se suma la elevada litigiosidad del sistema. La Justicia que reclama recomposición de haberes es la misma que goza de un sistema de privilegio según el cual, por ejemplo, el haber medio jubilatorio para el sector es de 22.077 pesos, contra los 2233 pesos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA), régimen nacional creado en 2008. Lo propio ocurre en el caso del Servicio Exterior (27.560 pesos de jubilación promedio) y otros sectores beneficiados por regímenes especiales que ubican sus haberes jubilatorios muy por encima de los de la mayoría. Según datos de la Anses, a mayo de este año el déficit que presentan estos regímenes por el pago de esas jubilaciones es de más de 62 millones de pesos para el caso del Servicio Exterior, y de 433,8 millones para el del Poder Judicial. Dichos déficit se sostienen con recursos del SIPA, que transfieren en forma anual 129.730 pesos por cada beneficio para el Servicio Exterior y 104.909 para los judiciales.

Ante esta situación de inequidad previsional y del caso cordobés, la polémica podría plantearse en los siguientes términos: ¿es justo y aceptable que en nombre del “federalismo” el gobierno local promueva la restitución a la provincia del 15 por ciento de la coparticipación suscripta en el Pacto Fiscal para mantener una caja que paga a sólo el 16 por ciento de los jubilados provinciales? Siendo que la cesión de ese porcentaje constituye una de las fuentes de recursos de la Anses, lo que se deduce es que el 84 por ciento de los jubilados cordobeses (486.000 de un total de 578.000) estaría financiando la inequidad previsional que promueve el Ejecutivo local, dispuesto a sostener el pago del 82 por ciento móvil a sus estatales pero necesitando del financiamiento de la Nación para revertir el creciente déficit de su caja provincial

* Profesor de Ciencia Política (UBA) y docente del Area de Estado y Políticas Públicas (Flacso).