Aun cuando queda mucho camino por recorrer, la aspiración de que las empresas estatales den cuenta a la sociedad no sólo de sus impactos económicos sino también sociales y ambientales, empieza a hacerse realidad. El pasado 10 de diciembre egresó la primera camada de cerca de ciento veinte funcionarios y gerentes del curso “Balance Social: diseño, desarrollo e implementación”, realizado por la Sindicatura General de la Nación a través de su Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social.

El Balance Social es una iniciativa surgida de los Reportes de Sustentabilidad que desarrollan varias empresas nacionales y del exterior, las cuales están intentando complementar o reemplazar a las tradicionales memorias y balances con otros reportes que den cuenta también de aspectos relacionados con el clima interno de trabajo, la contribución a la sociedad y el respeto del medio ambiente.

El proyecto, para implementarlo en las empresas estatales argentinas, surgió desde el Centro de Modelos Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que durante cinco años desarrolló una investigación para definir la forma de aplicarlo a las particularidades de las empresas públicas o mixtas, tanto del ámbito nacional, como provincial y municipal. A comienzos de este año, la senadora del Frente para la Victoria María Laura Leguizamón presentó, en compañía de Alberto Barbieri, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, y Bernardo Kliksberg, presidente del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la misma universidad, un proyecto de ley para instaurar la “obligatoriedad de confección de balances sociales para empresas estatales y aquellas en las que el Estado nacional tenga participación accionaria”, mediante el cual se busca que los funcionarios públicos asuman la responsabilidad de publicar las metas que estiman alcanzar dentro de una estrategia de desarrollo sostenible, confiriéndoles a las mismas un rol central respecto del medio ambiente, la eliminación de la discriminación, el buen trato laboral y los salarios dignos para los trabajadores, así como parámetros para la confección de estos resultados con el fin de volcarlos en el Balance Social.

Según señala a Cash Alessandra Minnicelli, ex síndica general adjunta de la Nación, investigadora de la UBA y directora de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, “el Balance Social es una herramienta que sirve para exponer si las actividades económicas y productivas respetan el abanico de valores comunes, que involucran una mirada a lo social, lo ambiental y el desarrollo local”. Para Minnicelli, estos elementos son comunes a la actividad de cualquier empresa, aunque en el caso de las empresas públicas “el objetivo es el bienestar general y en cada acto está comprometido el interés público, con lo que el Balance Social permite ver si las acciones y políticas implementadas son eficaces en términos de cumplimiento de metas y resultados, así como de optimización de costos, y para el caso de detectar que por algún motivo no lo sean, permite además que se definan las acciones correctivas”.

El curso de Balance Social significó, en los hechos, la puesta en marcha de este proceso. El desarrollo del mismo, que contó también con el apoyo de la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social, tuvo una duración de dos meses, en los que se abordaron cuatro unidades temáticas, como ser “Aproximación al concepto de responsabilidad social”, “Balance Social. Memoria de sustentabilidad”, “Medición de balances sociales. Indicadores y Evaluación”, y “Auditoría y certificación de balances sociales”.

De esta forma, los funcionarios ya se están formando en la aplicación de estos balances, en una apuesta que representa un importante avance para el caso de que el proyecto de ley sea sancionado por ambas cámaras, o un gasto innecesario para el caso de que en los próximos años pierda estado parlamentario. Según afirma Héctor Larocca, director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la UBA, el hecho de que en el sector público se instale con fuerza de ley la obligatoriedad de presentación del Balance Social sería un “significativo avance en la materia, ya que el Estado asume un rol protagónico que seguramente extenderá hacia los procedimientos de contrataciones a los proveedores del sector público”