El debate sobre los efectos de la emisión de papel moneda en la determinación de los precios es de larga data en la historia de las ideas económicas. La posibilidad de utilizar como dinero un mero papel fue una realidad largamente resistida. Es más, fue la experiencia práctica –muchas veces forzada por situaciones de penuria financiera– la que demostró que monedas hechas de materiales de escaso valor cumplían las funciones del dinero de igual o mejor manera que las de oro y plata. Un ejemplo de ello fue la gestión de gobierno del Perú realizada por el general José de San Martín, quien creó un banco emisor de papel moneda ante la fuga de metales durante el conflicto bélico. “Si falta metal, que representando todas las especies comerciales pueda canjearse con ellas, es preciso reponerle otro signo que circule en su lugar”, señaló en carta a Tomas Guido, justificando el desafío práctico a las teorías monetarias en boga a comienzos del siglo XIX.

Ante la evidencia de los hechos, las ideas comenzaron a evolucionar hasta alcanzar a comprender que el dinero es simplemente una convención social, por la cual le atribuimos a un cierto objeto (como un papel o un número en una cuenta electrónica), la materialización del poder de compra. Este poder, en una sociedad en la que casi todo está en venta, se encuentra sólo limitado por la cantidad de dinero que se posee. De ahí que quien tiene mucho dinero tiene mucho poder, hecho que suele denominarse como poder económico. El mito de que la emisión genera inflación busca evitar que el poder político representado por el Estado se independice del poder económico al financiar sus políticas mediante la emisión monetaria. Es por eso que busca limitar artificialmente las políticas públicas atándolas –cuando la recaudación de impuestos es insuficiente– a conseguir financiamiento en el mercado de crédito, sea interno o externo. De esta manera –especialmente cuando una depresión económica disminuye la recaudación tributaria–, los bancos y otros actores del mercado financiero condicionan el financiamiento de las políticas públicas a que las mismas le sean favorables.

En los países poderosos se hace caso omiso al temor inflacionario de la emisión. A modo de ejemplo, se calcula que la Reserva Federal norteamericana emitió 16 billones de dólares para limpiar los pasivos de los principales bancos privados durante la última crisis, sin siquiera sentir la necesidad de informar al público los montos emitidos. Si bien Argentina no emite una moneda aceptada internacionalmente como el dólar, puede explotar al máximo la posibilidad de emitir pesos para relanzar la actividad doméstica, especialmente aquella que derrama poco en importaciones y que no presiona mucho sobre el mercado de cambios. Es, por ejemplo, el caso de la obra pública y la construcción de viviendas, dos ejes para una política de recuperación de la actividad productiva que, adicionalmente, tienen un fuerte impacto económico y social.

A quienes se oponen en nombre de la estabilidad de precios, hay que señalarles que el proceso inflacionario actual se encuentra liderado por el encarecimiento de los alimentos. La pretensión de limitar la inflación reduciendo la emisión monetaria del Estado sólo va a redundar en una baja real de los sueldos estatales, las jubilaciones, los planes sociales y el gasto público. La consecuencia de esa política procíclica es una larga depresión. ¿Acaso pretenden que a fuerza de desempleo y pobreza disminuya la demanda de alimentos para, así, estabilizar sus precios?

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