Con el rebrote inflacionario de los últimos años, no faltó la aparición de algún economista o político opositor que alertara sobre la posibilidad de una hiperinflación como la que terminó con el gobierno de Alfonsín. Es que buscan sentar una plataforma con que relanzarse a la función pública, ya que su prédica de ajuste y desempleo sólo puede triunfar si es presentada como un mal menor frente al proyectado caos económico.

Comencemos por las causas de la hiperinflación de finales de los ’80, que no son la emisión monetaria descontrolada para financiar el déficit público generado por las ineficientes empresas estatales, como le mintieron a doña Rosa. La causa estructural que derivó en la híper fue la presión que ejercía sobre el mercado de cambios el pago de la deuda externa contraída por la última dictadura militar. En un contexto donde el precio de las materias primas de exportación se encontraba por el piso, y los mercados regionales donde colocábamos bienes industriales se habían reducido por su propia crisis de la deuda, los dólares que ingresaban al país no eran suficientes para pagar las importaciones necesarias para mantener una mínima expansión de la actividad económica y, mucho menos, para cumplir con las deudas externas que habíamos heredado.

Fue así que la democracia retornó con un mercado de cambios bajo extrema presión, donde el permanente salto del dólar se llevaba detrás de sí los demás precios. En ese contexto, la propia inflación deterioraba las cuentas públicas, tanto por la rápida pérdida de valor de la recaudación como por el retraso de las tarifas de los servicios públicos que generaban el déficit del Estado empresarial. La obligada emisión no alimentaba la actividad, ya que las políticas de ajuste impuestas por los acreedores reducían el mercado interno. El resultado era que la emisión iba directo al dólar, incrementando aún más la presión cambiaria. Fue así que las tasas de inflación que superaban el ciento por ciento anual desde 1975, alcanzaron niveles de más del mil por ciento, hasta que nuestros acreedores externos nos dieron tregua. Claro que cobrándose con las principales empresas del país, que les fueron privatizadas a precio de remate y a pagar en títulos públicos desvalorizados. Con los dólares que ingresaron por la cuenta capital se pudo estabilizar el mercado de cambios, y con el dólar quieto se calmaron los precios.

El contexto actual es totalmente diferente del de los ’80. La política de desendeudamiento redujo nuestra deuda externa pública al 14 por ciento del producto. Los precios de los productos primarios de exportación se encuentran en máximos históricos, y el mercado regional donde colocamos bienes industriales se halla en fuerte expansión, más allá de la coyuntura especial del último año. El saldo comercial supera anualmente los 10.000 millones de dólares, y el achicamiento que produce el crecimiento acelerado de las importaciones se puede controlar fácilmente con una leve desaceleración de la actividad, tal como lo demostró el 2012. En ese contexto, la presión ocasional de alguna corrida cambiaria es manejable con regulaciones administrativas, manteniendo el Banco Central un nivel de reservas que le permite controlar la cotización del dólar.

La inflación actual nada tiene que ver con la de los años ’80. Sus niveles (aun el que informan fuentes privadas) y causas se asemejan más a la de la etapa de industrialización que rigió entre 1940 y 1974. Una inflación vinculada con la puja salario-precio, acelerada coyunturalmente por variaciones del tipo de cambio o los precios internacionales, que debe ser motivo de preocupación de la política económica, pero no una excusa para implementar políticas que paralicen la actividad y redistribuyan regresivamente los ingresos con pretextos catastrofistas.

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