Por Fernando Krakowiak

El ritual se repite cada vez que hay elecciones. Mientras los candidatos presidenciales formulan múltiples promesas para conseguir votos, el establishment económico se dedica a marcar pacientemente los límites del terreno por el que deberá transitar el futuro gobierno. En ningún lugar está escrito que se deba aceptar el escaso margen de maniobra propuesto por la cúpula del empresariado. Sin embargo, desde la vuelta de la democracia hubo pocas ocasiones en la que los presidentes se animaron a desestimar las recomendaciones del poder económico. Más allá del grado de convencimiento y la celeridad del rumbo, todos caminaron por la senda trazada por el establishment al momento de implementar sus programas. Cash, entonces, decidió consultar a las principales asociaciones patronales para intentar anticipar el escenario que se configurará en el país a partir del 25 de mayo.
Según los empresarios, las primeras cinco medidas del futuro gobierno deberían estar orientadas a:
1 resolver la crisis del sistema financiero,
2 renegociar los contratos con las empresas privatizadas de servicio público,
3 acelerar la reestructuración de la deuda pública y privada,
4 garantizar el superávit fiscal y
5 concretar una reforma tributaria.
La identificación de estos temas como prioritarios y su posterior resolución afirman que ayudaría a restablecer la seguridad jurídica generando confianza en las instituciones. La próxima etapa estaría caracterizada por un aumento de las inversiones para lograr la concreción de un “círculo virtuoso” de crecimiento. Recién entonces se podría esperar un descenso fuerte de la desocupación y un aumento de salarios para disminuir los niveles de pobreza que actualmente alcanzan al 57 por ciento de la población. Más allá de los matices, este planteo es compartido por un conjunto de sílabas representativas del sector empresario como AEA, IDEA, UIA, ABA, Abappra, SRA y CRA.
Durante las últimas semanas, las entidades se reunieron con los candidatos para dejar en claro su postura y presionar para que las recomendaciones empresarias se conviertan en la agenda del próximo gobierno. En algunos casos las charlas informales fueron complementadas por la difusión pública de documentos. El Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) dio a conocer en los últimos días un documento titulado “Bases para una Argentina integrada”. En la reunión de presentación, Miguel Kiguel, titular del Banco Hipotecario y presidente del próximo coloquio de la entidad, reivindicó el lobby empresario y resaltó la necesidad de avanzar en la reestructuración de la deuda pública y colaborar desde el Estado para facilitar la renegociación de la deuda privada. No casualmente en el lugar se encontraba Amadeo Vázquez, presidente de Telecom Argentina, empresa que durante la década del ‘90 contrajo una deuda record de 11.197 millones.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también difundió la “Propuesta para el próximo gobierno”, un breve documento lleno de generalidades donde destaca la necesidad de lograr un superávit fiscal, fijar límites al endeudamiento de las provincias, favorecer la recuperar del sistema financiero, respetar los contratos públicos y privados e implementar una “reestructuración ordenada de la deuda pública y privada”.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) es otra de las entidades empresarias que se reunió con algunos candidatos para escuchar propuestas y hacerles llegar sus recomendaciones. Luciano Miguens, presidente de la entidad, afirmó a Cash que entre las prioridades gubernamentales se debería destacar la necesidad de establecer “impuestos simples y razonables parano incitar a los contribuyentes a dibujar los balances para intentar disminuir la carga tributaria”. Postura con la que también coincidió ante Cash Manuel Cabanellas, presidente de la Confederación Rural Argentina.
Las prioridades que enumeran las entidades en muchos casos son compartidas por amplios sectores de la población, pero las soluciones que proponen apuntan exclusivamente a desentenderse de los costos que generaría la resolución de las diversas cuestiones. Cuando los empresarios mencionan la necesidad de normalizar el sistema financiero, lo que le reclaman al Estado es que se ejecute una compensación definitiva a los bancos que incluya no sólo los costos de la pesificación asimétrica, sino también los generados por la indexación asimétrica, los amparos y las posibles consecuencias que provocaría la generalización del fallo redolarizador. Las exigencias para que se acelere la renegociación de los contratos con las privatizadas se reducen básicamente a la necesidad de otorgarles el aumento tarifario que vienen reclamando las entidades desde que se concretó la pesificación. La reforma tributaria que exigen los sectores del campo se centra en el pedido de eliminación de las retenciones y en la reducción del IVA y del Impuesto Inmobiliario. Mientras que la urgencia por renegociar la deuda pública y privada es una apuesta para tratar de lograr que el Estado se involucre en la negociación de los privados otorgando algún tipo de garantía. La Asociación Empresaria Argentina, representante de las grandes empresas endeudadas, lo dejó claro el año pasado cuando debutó en la escena nacional solicitando un seguro de cambio para las deudas privadas, similar al que le facilitó Domingo Cavallo al empresariado nacional en 1982.
Más allá de las coincidencias centrales al interior del bloque empresario respecto de la necesidad de trasladarle los costos de la crisis al Estado, también es importante resaltar la profunda divergencia planteada en torno de cuál debe ser el tipo de cambio que deberá sostener el próximo gobierno. Allí las posiciones se visualizan como irreconciliables. La mayor evidencia de la fragmentación se puede ver en la Unión Industrial Argentina donde el menemista Alberto Alvarez Gaiani se encuentra en plena disputa por el control de la central con empresarios que adhieren al “modelo productivista” impulsado por Eduardo Duhalde. Las diferencias son tan grandes que, por primera vez en doce años, no se pudo confeccionar una lista única. Por lo que el próximo 22 de abril, a menos de una semana de las elecciones nacionales, los industriales estarán reproduciendo la disputa Menem-Duhalde al interior de sus filas.
Alvarez Gaiani representa a las empresas del sector alimentario, químico, petroquímico y algunas empresas automotrices que vienen presionando desde la ortodoxia económica para intentar reconstruir un escenario similar al de la década del ‘90. Entre sus propuestas se incluye una mayor apertura económica, un tipo de cambio cercano a los 2 pesos y la necesidad de privilegiar ante todo el superávit fiscal. Mientras que la oposición, encabezada por el empresario textil Guillermo Gotelli, expresa las posturas de la multinacional Techint y de un conjunto de sectores que resurgieron a partir de la devaluación como el calzado, la indumentaria, los textiles y los metalmecánicos. Para ellos el dólar alto es el principal objetivo a defender.
En la resolución de esta disputa se centran los mayores interrogantes, pues el resto de la agenda empresaria evidencia escasas fisuras y tiene posibilidades de ser considerada a partir del 25 de mayo. Los hombres del establishment saben que durante la campaña electoral están dadas las condiciones para moldear la voluntad de los candidatos, más allá de los discursos para ganar votos, a cambio de un eventual apoyo. Todas sus energías están puestas en ese objetivo y hasta el momento nada indica que no vayan a lograrlo en medio de la apatía de la mayoría de la población.