En las últimas ediciones del suplemento económico Cash se viene publicando un interesante debate sobre el rol que la concentración empresarial habría tenido en el proceso inflacionario que se produjo a partir del 2002. En este marco, parece pertinente analizar lo sucedido en la industria del cemento, una actividad en la que el poder oligopólico y la ausencia de una intervención eficaz por parte del Estado tuvieron un papel central en la suba de precios.

El Indice del Costo de la Construcción aumentó alrededor del 300 por ciento entre 2002 y 2010. Durante los primeros años posteriores a la devaluación los precios del rubro “materiales” subieron mucho más rápido que el de “mano de obra”, siendo notable el comportamiento del cemento portland: entre el inicio de 2002 y mediados de 2005 el precio de la bolsa de 50 kilos se incrementó más del 140 por ciento.

En un artículo publicado en la revista Realidad Económica (Nº 224) se analizaron las posibles causas de este fenómeno. En primer lugar se descartó que el mismo se debiera a un aumento de la demanda: en 2002 –el año que concentró la mayor parte de la suba– coincidió con un derrumbe de la construcción debido a la crisis económica. Por otro lado, también se verificó una influencia casi nula de lo sucedido en los mercados internacionales, ya que, debido al alto costo de fletes, el cemento prácticamente no se exporta ni se importa.

En tercer lugar se analizó la estructura de costos de la producción de cemento, haciendo eje en los principales factores de acuerdo con la matriz de insumo-producto: salarios de los trabajadores y gas. Mientras que los primeros sólo aumentaron un 15 por ciento durante el 2002, el segundo se mantuvo congelado debido a las regulaciones estatales. Por último, se comprobó que el sector tiene una muy baja proporción de insumos importados, cuyos precios son los más afectados por una devaluación.

¿Cómo explicar entonces el notable aumento en los precios? Aquí es donde se deben incorporar los factores asociados al poder oligopólico de las grandes empresas cementeras, que les permitió aumentar los precios en un contexto de baja en la demanda y costos relativamente estables. La producción de cemento es una actividad altamente concentrada, ya que sólo cuatro firmas explican el ciento por ciento de la producción. A este rasgo –común a otras industrias cementeras en el resto del mundo– hay que sumarle otro, que en el caso argentino resulta fundamental: la existencia de acuerdos entre los productores para repartirse el mercado y así mantener los precios altos.

En agosto de 2005 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dio a conocer un dictamen en el que se corroboró la existencia de un acuerdo entre las cementeras para repartirse el mercado, fijar precios y digitar el resultado de las licitaciones públicas. El caso no sólo puso a la luz prácticas anticompetitivas arraigadas en el empresariado local, sino también la debilidad que el Estado ha mostrado durante las últimas décadas para regular al sector privado. El cartel cementero se inició en 1981 y funcionó sin interferencias, por lo menos, durante dos décadas. Una vez detectado, la investigación oficial demoró seis años, un lapso demasiado largo si se tiene en cuenta la magnitud de las pruebas entregadas por un ex gerente de Loma Negra (que incluían actas de reuniones, planillas con datos de producción y memorándum).

La multa (309 millones de pesos repartidos en las cuatro firmas) todavía no pudo ser aplicada debido a que fue apelada por las cementeras. Pero lo más importante es que el proceso no ha llevado a que la CNDC implemente controles eficaces para evitar prácticas anticompetitivas en este sector o en otros (la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual y su impronta antimonopólica aparece como un caso aislado). Al tomar en cuenta las debilidades regulatorias del Estado, surge una pregunta obligada: ¿por qué las empresas, luego del proceso judicial, habrían de abstenerse en continuar con las mismas prácticas anticompetitivas?

La evolución reciente de la industria del cemento es un ejemplo de la importancia que tiene la coexistencia de un alto grado de concentración, la implementación de prácticas anticompetitivas por parte del empresariado y las debilidades regulatorias del sector público. El impacto de estos factores en el aumento de precios de los últimos años seguramente no ha sido igual en todas las ramas industriales. La concentración no es el único factor que incide sobre la inflación, pero está lejos de tener una importancia marginal. Por eso, sería deseable que se avance en la aplicación integral de la legislación vigente en materia de defensa de la competencia (Ley Nº 25.156), incluyendo la conformación –postergada– del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia

* Investigador y docente de IdaesUnsam.