El siglo XX fue testigo de la lucha sindical por la implementación del “sábado inglés”. A finales de la década del sesenta, los trabajadores de diversas provincias argentinas (Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán) gozaban de ese derecho. La Unión Industrial Argentina (UIA) rechazaba la medida porque incrementaba los costos laborales. La dictadura de Onganía derogó esos regímenes especiales. La anulación de esa conquista fue una de las tantas causas que contribuyó al estallido del Cordobazo.

El triunfo del paradigma neoliberal a escala mundial puso a la defensiva al mundo sindical. Las políticas implementadas por distintos gobiernos latinoamericanos, durante los últimos años, marcharon a contramano de esa tendencia regresiva. Así, las demandas sindicales fueron creciendo de la mano de una progresiva recuperación de los derechos laborales. La apertura del debate acerca de una posible regulación de los días de atención de los supermercados puede inscribirse en ese contexto. Esas discusiones se reactivaron a partir de que la Legislatura de La Pampa dispusiera que los “establecimientos comerciales que desarrollen actividades centradas en productos alimenticios... y posean locales comerciales cuya superficie total sea superior a cincuenta metros cuadrados, desarrollen sus actividades de atención al público de lunes a sábado, entre las 7.30 y las 22.30, y los feriados, entre las 7.30 y las 14”. La obligatoriedad del cierre dominical también fue reglamentada recientemente por la Dirección de Industria y Pymes de Entre Ríos.

Las opiniones acerca de esta cuestión dividen filas dentro del supermercadismo. Por un lado, la Asociación de Supermercados Unidos, que agrupa a Carrefour, Walmart, Coto, Jumbo y Disco, entre otros, manifestó su oposición a una regulación estatal. Los hipermercados afirman que eso provocaría una caída del empleo debido a que durante el fin de semana se contratan trabajadores adicionales. Además, la ASU aduce que una medida de ese tipo perjudicaría a los consumidores que no pueden realizar sus compras los restantes días de la semana.

Por su parte, los pequeños y medianos autoservicios agrupados en distintas entidades empresarias (Cámara Argentina de Supermercados, Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios apoyaron el cierre dominical obligatorio. En ese sentido, Apyme manifestó que “en un contexto de necesarias regulaciones para el accionar de las grandes superficies en todo el país, el cierre dominical es una medida que busca preservar la calidad de vida de la población, el bienestar de los trabajadores y el resguardo de las pymes minoristas, que en verdad son las genuinas creadoras de empleo y dinamizadoras de las economías locales. Las grandes cadenas comerciales, fuertemente concentradas, no hacen aportes significativos a la localidad en materia tributaria, no consumen producción regional ni concretan inversiones en las zonas en que se instalan, así como tampoco contribuyen significativamente a la creación de empleo si se compara su accionar con el de las pymes”.

La discusión de fondo en el interior del campo empresarial está centrada en quién se apropia de la facturación dominical. Esas ventas son, como mínimo, un 50 por ciento superiores a la de cualquier otro día de la semana. El cierre dominical abriría las puertas para que los negocios minoristas capturen parte de una facturación fuertemente concentrada en las grandes cadenas. El eje sindical, en cambio, pasa por la expansión de derechos

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