La inversión en ladrillos ha sido, junto a la compra de divisas, la forma predominante de utilización del excedente económico por parte de los sectores de más altos ingresos de nuestra sociedad. Frente a los daños colaterales que provoca la compra de dólares sobre la economía nacional, la adquisición de propiedades surge como una alternativa ventajosa que impulsa la actividad de la construcción con sus consabidos impactos multiplicadores sobre la actividad económica y el empleo. Basados en la experiencia de la devaluación de 2002 y la posterior oleada de adquisición de propiedades a precio de remate por quienes habían acumulado divisas en la agonía de la convertibilidad, no falta quien proponga imitar esa experiencia para atraer los dólares de los argentinos en el exterior hacia el mercado inmobiliario. Frente a semejantes planteos, vale la pena analizar algunas repercusiones de la inversión en ladrillos que no suele mencionarse.

Los últimos diez años de fuertes inversiones inmobiliarias, por parte de sectores de elevados ingresos, han generado un alza en el precio de las propiedades que ha superado la mejora de los ingresos de la mayoría trabajadora. A modo de ejemplo, mientras que en el 2001 se precisaban 74 salarios del sector privado registrado para comprar un departamento de 70 metros cuadrados en un barrio de clase media de la Ciudad de Buenos Aires, a comienzos de 2013, la cantidad de salarios requerida ascendía a 164. El incremento de la relación precio vivienda-salario no es muy diferente en otros distritos del país, incluso en zonas tradicionales de vivienda popular actualmente en competencia por la tierra con emprendimientos para sectores acomodados tipo country. La consecuente imposibilidad del trabajador de acceder a un crédito hipotecario, donde las cuotas superarían ampliamente el límite del 30 por ciento del ingreso familiar, lo lleva a transformarse en inquilino. El esfuerzo estatal de construcción de viviendas populares y de otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas (Pro.Cre.Ar) se ve contrarrestado por esas fuerzas excluyentes del mercado.

De acuerdo a datos de los censos de 2001 y 2011, el número de propietarios del terreno donde viven disminuyó del 71 al 68 por ciento. La consecuente necesidad de pagar elevados alquileres, a veces con garantías de difícil acceso y hasta la obligación de desembolsar cuatro meses juntos entre adelanto, depósito y comisión, presionan sobre la calidad de vida del trabajador. La valorización de las propiedades urbanas también se expresa en el costo de los productos de consumo sobrecargados por los alquileres comerciales. Los mayores gastos administrativos de las empresas y el costo del terreno para la inversión real son otros impactos que pocos mencionan al debatir cómo distender la puja entre salario y competitividad.

La utilización de las propiedades como una forma de ahorro por los sectores de mayores ingresos impidió aprovechar la creación de empleo y mejora de los salarios de la última década, para sostener el dinamismo de la construcción en la compra de la vivienda propia por el trabajador. La inversión en ladrillo afecta también el comportamiento empresario desviándolo de la producción hacia la especulación inmobiliaria. La alta rentabilidad de esas cómodas inversiones, donde no hay que pelearse con sindicatos ni proveedores, llevó a muchos empresarios que vieron engordar sus ganancias productivas, gracias al dinamismo del mercado interno de la última década a no expandir esa actividad volcando el excedente a la compra de propiedades para alquiler. No hace falta señalar que esa mutación del empresario en rentista puede ser un obstáculo importante para un proyecto político que se propone el desarrollo de un capitalismo nacional

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