Suele sostenerse desde distintos sectores económicos concentrados –a través de los medios hegemónicos dominantes– que el Gobierno está arribando a un fin de ciclo. Realmente sorprenden tales expresiones cuando se analizan los indicadores económicos del primer semestre del 2013 que muestran que el crecimiento de la economía se consolida en torno del 5,8 por ciento. A su vez, el crecimiento del Producto se complementa con una reducción de la desocupación que descendió a fin del tercer trimestre del presente año al 6,8 por ciento.

Parece que el deseo que tienen algunos políticos, economistas y comunicadores de que no continúe el país por este sendero de crecimiento económico con inclusión social, no les permite observar el desarrollo específico por el que transita la economía argentina a partir de 2003.

La expansión actual está sostenida sobre la base del crecimiento de todas las variables que contribuyen a la demanda agregada, principalmente la inversión, que creció el 16,2 por ciento (primordialmente en maquinaria y equipos), el consumo privado, un 9,2 por ciento, y el gasto estatal un 8,6 por ciento durante el segundo trimestre.

La producción de bienes vuelve a tomar fuerza luego de algunos meses que mostraron indicadores negativos, principalmente sostenida en el crecimiento del agro y la construcción, con una tasa de inversión que se encuentra por encima del 20 por ciento del PBI. Por lo tanto, sorprende que se esté hablando de fin de ciclo como si estuviéramos en medio de una crisis económica y social.

Ahora bien, lo que se puso en disputa a partir de 2003 es la hegemonía política y económica de los sectores dominantes. Durante mucho tiempo bajo la ideología neoliberal se justificaban los “ahorros forzosos”, las “economías de guerra” y los ajustes con profundos descensos de salario que perjudicaban a amplios sectores de la sociedad. Esas medidas eran generalmente la expresión de los intereses de la fracción hegemónica del capital –grupos de poder– y se aplicaban bajo la coacción en las dictaduras militares o bajo particulares consensos en tiempos de democracia. Para que este último sea efectivo era necesaria la participación de los medios concentrados para que difundieran los beneficios de las nuevas medidas, que luego se verificó en múltiples oportunidades, perjudicaron a los trabajadores, jubilados, pequeños empresarios, entre tantos otros.

Desde hace tiempo se quiere instalar la idea de que es necesaria una nueva devaluación, de que es perjudicial la intervención del Estado en la economía, de que la presión fiscal es asfixiante, de que la inflación sólo se combate con congelamiento de salarios y con una política monetaria restrictiva. Pero esas ideas no hubieran calado tan profundo en gran parte de la sociedad sin la participación de los medios hegemónicos. Para que determinadas ideas sean adoptadas, fundamentalmente deben ser difundidas, y para ello nada mejor que grupos concentrados de medios de comunicación para que realicen esa tarea.

Es por ello que es tan necesaria la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que todos los sectores puedan expresar sus puntos de vista –entre otros aspectos– sobre las políticas económicas. A treinta años ininterrumpidos de democracia, no debemos pasar por alto que los medios cumplen un rol fundamental en la percepción que formamos acerca del mundo que nos rodea. Los ejemplos sobran para mostrar cómo la sociedad apoyó medidas sostenidas por los medios dominantes y que claramente perjudicaban a los sectores populares. Así pues, es necesario que a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no haya una sola voz, una sola ideología difundida por los medios concentrados, sino que la diversidad de voces puedan expresar otras ideas, y que a la fracción hegemónica del capital le cueste un poco más obtener consenso social para ejercer políticas que perjudican a muchos y benefician a unos pocos

* Economistas. Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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