La renta agraria ha regresado al centro de la escena. Así como en 2008 lo hizo cuando la disputa por las retenciones móviles, ahora lo hace buscando forzar una devaluación con productores y el complejo agrario exportadores retaceando la comercialización de la cosecha. Las tensiones no desaparecerán y la recreación de la Junta Nacional de Granos aparece como una necesidad inmediata.

Como sabemos, en determinadas circunstancias emergen con mayor nitidez los cambios operados en las sociedades y las relaciones de fuerza que se fueron gestando al compás de esos cambios.

Es lo que sucedió con el conflicto agrario que sacudió a la sociedad argentina en el 2008, que mostró la fuerza renovada de la renta agraria. En la superficie apareció bajo la forma de puja por una porción de renta extraordinaria, pero es un fenómeno mucho más complejo y profundo, que responde a tendencias mundiales de larga duración.

El triunfo electoral del Gobierno en las elecciones de octubre de 2011 y el posterior realineamiento de las cámaras empresariales cerró la crisis política abierta por el conflicto con las entidades rurales en 2008, pero no se eliminaron las tensiones del sector agropecuario con la administración de la presidenta Cristina Fernández. Las retenciones están presentes pero no son hoy el núcleo de los reclamos.

Los argumentos de los ruralistas van desde la pérdida de competitividad por el retraso de la cotización del dólar –sin tener en cuenta el alto nivel de los precios internacionales– y el incremento del costo de los insumos, hasta la supuesta expropiación del predio de la Rural de Palermo o el cierre de numerosas escuelas rurales, según los dichos del titular de la Sociedad Rural Argentina, que el Gobierno ha desmentido.

El esquema económico en curso es en gran parte dependiente del ingreso de divisas generado por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones. Esto se hace más visible ahora cuando la restricción externa ha regresado y la situación fiscal se ha deteriorado.

La Mesa de Enlace conoce bien estas debilidades del “modelo” y opera sobre ellas, induciendo a los productores a demorar la venta de la cosecha de soja. Si, como se supone, ésta alcanzará los 52 millones de toneladas, el aporte en divisas llegará a los 25.000 millones de dólares, mientras que ingresará a las arcas del Tesoro nacional el equivalente en pesos de unos 9000 millones de la misma divisa. Se comprende entonces la fuerza de presión de los productores en la coyuntura, ya que tienen la capacidad de agudizar la restricción externa y de desfinanciar al Estado.

Los dirigentes rurales buscan una devaluación que mejore sus ingresos e incremente sus ya abultadas ganancias. El Gobierno resiste esas presiones porque sabe que deteriorará los salarios e implicará, como siempre, una transferencia de ingresos de los sectores populares al capital más concentrado.

Más allá de que se concrete y de la efectividad que pudiera tener la medida –los silobolsa son una gran ventaja pero los compromisos previos de los productores son una limitación–, lo cierto es que la tensión está y que cualquier arreglo o acuerdo que se alcance será siempre transitorio. Será así porque la presión demandante de las economías de China y el sudeste asiático, también de la India, ha provocado cambios en los términos del intercambio del mercado mundial, mientras que con la mundialización del capital, bajo hegemonía financiera, se ha agudizado la subsunción de la agricultura al capital a escala mundial. Dicho de otra manera, se aceleró la penetración histórica del capital en la agricultura liquidando la producción campesina dando lugar a una nueva agricultura capital intensiva, sin agricultores y con elevadas productividades, que han convertido la explotación agraria en una nueva “quimera del oro”.

Todas esas tendencias se expresan en nuestro país incorporando al proceso millones de hectáreas de tierras fértiles hasta no hace mucho improductivas, desplazando cultivos y producciones y expandiendo la frontera agropecuaria. La superficie cultivable y la productividad crecieron así notablemente en los últimos diez años y la producción de granos pasó de 45 a 100 millones de toneladas.

El “campo” argentino es hoy una muestra de esta nueva forma de explotación industrializada. Junto con las modificaciones genéticas en las semillas, las innovaciones en las maquinarias y los paquetes tecnológicos, cambiaron también los criterios de siembra, riego, cosecha y almacenaje, se impusieron objetivos de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas junto con nuevas formas de organización y gerenciamiento del negocio agrícola. Así Argentina es hoy el principal exportador de oleaginosas del mundo y, junto con Brasil, el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos y aceites y un proveedor importante de biocombustibles.

El sector granario es el más dinámico y competitivo de la economía nacional y el poder de la renta que de allí surge regresó para quedarse.

De mantenerse las condiciones actuales, será una fuente de tensiones permanentes. No hay forma de solucionar estas presiones si no se busca una solución de fondo. Y esta solución no es otra que una versión aggiornada de la nacionalización del comercio de granos y oleaginosas, de la recuperación de una Junta Nacional de Granos renovada y eficiente que defienda la producción nacional y controle los precios –poniendo término así a la especulación que hacen los productores con el tipo de cambio y los precios internacionales– y saque el negocio central de las manos de los monopolios exportadores. Una rémora del neoliberalismo que desde hace diez años el gobierno nacional no hace más que observar cómo controlan el mercado de granos y se apropian de buena parte de la renta.

Para el Estado no sería sólo poner fin a las tensiones y capturar una nueva porción de renta extraordinaria, permitiría un manejo diferenciado de las retenciones, su segmentación y destinar fondos a otros cultivos para frenar su desplazamiento por la soja.

Argentina tiene una larga experiencia en este tipo de intervención estatal, que la impusieron por primera vez los conservadores cuando la crisis de los años ‘30 y funcionó muy bien durante décadas. Recuperarla será una acción de soberanía nacional. Generará sin dudas fuertes tensiones políticas, pero en el marco de la crisis mundial y del agotamiento de ciertas variables internas es éste el momento

* Integrante de EDI-Economistas de Izquierda.