› Por Mariano Kestelboim *
Los países que intentan impulsar proyectos de transformación estructural se topan con sectores de poder que tratan de oponerse al cambio. En el caso de la Argentina, no fue gratuito haber subido las retenciones a la exportación agrícola, haber presionado para conseguir la mayor quita histórica de deuda de una economía, quitarles a los bancos el negocio de las AFJP, rechazar las auditorías del FMI y lanzar y conseguir aplicar la nueva ley de servicios audiovisuales.
A la afectación de intereses, en los últimos años, se sumaron errores de políticas que generaron desconcierto y fragilidad en la economía. Lógicamente, los sectores de poder perjudicados pretenden capitalizar esa vulnerabilidad e intensifican la difusión de diagnósticos maliciosamente pesimistas. Lamentablemente, las duras crisis del pasado hacen que el efecto de las profecías autocumplidas le pese demasiado a la economía nacional en momentos de debilidad. Por eso, es importante tratar de encontrar un diagnóstico real sobre la situación local e internacional que no esté contaminado por intereses particulares.
En la actualidad, el contexto económico regional es positivo aunque menos promisorio que hace un par de años. Dos factores, uno interno y otro externo, provocaron en la mayoría de las economías grandes déficit de las cuentas corrientes de las balanzas de pagos (intercambios con el resto del mundo de bienes, servicios y rentas). El factor externo fue el descenso de la cotización internacional de los recursos naturales, especialmente de los minerales, que cayeron 30 por ciento desde su máximo histórico de 2011. Por su parte, el factor interno que desequilibró aún más esas cuentas tuvo que ver con el alto crecimiento de los países de la región durante la última década. Esta dinámica implicó una mayor necesidad de importaciones para satisfacer una demanda regional record.
Así, excepto Argentina y Venezuela, las mayores economías de América del Sur (Brasil, Colombia, Chile y Perú) registraron en 2013 graves déficit de sus cuentas corrientes (entre -3,4 y 5,0 por ciento en relación con sus PBI). A la vez, esos países tuvieron una gran acumulación de reservas internacionales, a diferencia de la Argentina, que perdió casi la mitad de su stock en los últimos tres años.
El crecimiento de los saldos negativos de las cuentas corrientes de los socios regionales, en simultáneo con la suba de sus reservas, obedeció a dos fenómenos. Por un lado, fue el resultado del intenso arribo de inversiones extranjeras directas (IED). Por otro, y en mayor medida, fue consecuencia del ingreso de capitales financieros especulativos.
La gran entrada de capitales por las IED y por la exportación de minerales y productos agrícolas (a pesar de la reciente baja, sus cotizaciones siguen en niveles históricamente elevados) despejó dudas respecto de su capacidad de repago, pero no tantas. El diferencial de tasas de interés regionales en relación con las economías centrales siguió siendo muy alto. Por caso, la tasa de referencia del Banco Central de Brasil es actualmente del 10,5 por ciento, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de la Unión Europea mantienen tasas de apenas el 0,25 por ciento. Bajo la libre movilidad de capitales de los socios de la Argentina y con tipos de cambio relativamente estables, es muy redituable realizar operaciones conocidas como carry trade (depósitos en monedas con altas tasas de interés financiadas con préstamos en divisas a bajas tasas de interés).
Sin embargo, el incremento de los déficit de cuenta corriente de estas economías expresa una señal de alerta y revela que su estrategia de crecimiento no es sustentable, pese a su notable acumulación de reservas de los últimos años. Una baja más pronunciada de los precios de los recursos naturales o una suba de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos podría ahuyentar los capitales especulativos y, en consecuencia, sus reservas caerían de forma estrepitosa.
En definitiva, dos cuestiones deben quedar claras. Primero, no es lo mismo acumular reservas con superávit de cuenta corriente (como ocurrió en la Argentina hasta 2011) que hacerlo con superávit en la cuenta financiera (como sucede en la mayoría de los países de la región). En el caso del superávit de cuenta corriente, se suman activos con respecto al resto del mundo y en el de la cuenta financiera, pasivos.
La segunda cuestión es la clave: ¿qué se hace con el superávit de la Balanza de Pagos, tanto el generado a través de la cuenta corriente como de la financiera? Las políticas deben lograr como objetivo central que las divisas que ingresan se utilicen en buena medida para financiar la mejora de las capacidades productivas. En caso contrario, ningún proceso de crecimiento es sostenible.
En la Argentina, el déficit de cuenta corriente es reducido (0,7 por ciento en relación con su PBI) pero, a diferencia del resto de los países analizados, tiene una cuenta financiera deficitaria. Si los precios de los productos agrícolas cayeran, también podría tener un déficit abultado de cuenta corriente. De todas maneras, el país, estructuralmente, es menos dependiente de las condiciones externas porque no abandonó su matriz productiva industrial, como sus socios.
La inflación acumulada, tasas de interés que no colmaban las expectativas de devaluación, la crisis internacional y la cercanía a las elecciones de 2011 fueron conformando un combo de incentivos en contra del peso. Ese proceso, además, fue deteriorando el esquema que promovía el desarrollo productivo interno.
Ante la creciente fuga de capitales, el Gobierno cambió abruptamente su sistema de administración del mercado cambiario. Pasó de uno muy liberal a uno prohibitivo. Ello, sumado a criterios poco claros para la autorización de compra de divisas por viajes al exterior, pegó en el talón de Aquiles de la economía. Exacerbaron la ampliación y apertura de diferentes canales de comercialización de dólares a cotizaciones crecientemente superiores a la oficial. En la medida en que la brecha entre el valor oficial del dólar y los paralelos fue creciendo, también se fueron agrandando los incentivos para adquirirlos al valor oficial, con declaraciones falsas (subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones e importaciones de servicios no efectivizados) y venderlos en los mercados alternativos. Estas operaciones fraudulentas, sumadas al menor ingreso de dólares por el canal oficial, al déficit energético y a la creciente apreciación real del peso, aceleraron la caída de las reservas.
La Argentina necesita revertir el problema inflacionario y debe achicar, hasta eliminarla, la brecha cambiaria. Así, el país podría atraer capitales que, en condiciones que deberían negociarse, podrían orientarse al desarrollo de la infraestructura energética, del transporte, de las telecomunicaciones y de la minería. Es importante resaltar que la Argentina en la última década, además de mantener un intercambio relativamente equilibrado con el resto del mundo, consiguió sanear en gran medida su patrimonio público y privado, sostener un alto nivel de actividad y reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
Los dilemas principales son cómo establecer acuerdos de precios que moderen la inflación y cómo fijar pautas de aumentos diferenciales que deriven en una nueva estructura de precios relativos en favor de la producción. Lo último implica que los precios de los servicios no transables se abaraten en relación con los productos y servicios transables. Los no transables son los que están absolutamente aislados de la competencia externa y forman parte de la estructura general de costos de las empresas, como los servicios comerciales, financieros, inmobiliarios, de telecomunicaciones, de transporte. Los transables, en tanto, son los que poseen precios afectados por la competencia internacional. Pese a las trabas a las importaciones, casi todos los productos agrícolas e industriales son transables. De hecho, la importación de 2013 fue 136 por ciento mayor que la del máximo de los noventa.
En el pasado, la corrección de los precios relativos sólo se conseguía con bruscas devaluaciones y crisis que afectaban el poder adquisitivo de los asalariados. La reducción del mercado interno provocaba que los precios de los no transables no pudieran subir en la medida y ritmo que lo hacían los transables. Esto se debe a que los no transables dependen exclusivamente de la dinámica de la demanda interna; en cambio, los transables tienen un margen mayor para subir, dado que la devaluación encarece las importaciones, y son exportables. El estancamiento relativo de los salarios y de los precios de los no transables que originaba la devaluación conseguía mejorar la competitividad de la economía.
Ahora bien, el actual esquema de precios relativos en favor de las actividades no transables, a diferencia de situaciones similares en el pasado, encuentra a la economía en un contexto internacional mucho más conveniente.
Las correcciones de precios relativos necesarias para ganar competitividad que debe gestionar el Gobierno deben distinguir a los rubros que, aislados de la competencia internacional, no hicieron inversiones significativas y registran precios –medidos en dólares– mucho más altos que los estándares internacionales por brindar los mismos servicios o peores. Entre los principales, figuran los servicios financieros, comerciales, inmobiliarios y de telecomunicaciones. El proceso de mayor crecimiento histórico de la economía local y la fuerza de mercado de las firmas líderes de estos sectores les permitió aplicar aumentos que deterioraron la competitividad local. Sin costos que alcancen a justificar tan altos precios, estos sectores obtuvieron ganancias extraordinarias en los últimos años.
El Gobierno debe sincerar y analizar los desequilibrios de precios relativos con todos los sectores. Y realizar acuerdos que moderen la inflación y permitan arribar a una nueva matriz de precios relativos. En ella, los precios de las actividades no transables deberían converger a los estándares internacionales. No es necesario que bajen sus tarifas. En la dinámica inflacionaria y de ajuste del tipo de cambio, esos sectores deberían subir menos que el resto sin que nuevamente el salario sea la variable de ajuste.
En definitiva, detrás del problema inflacionario hay un conflicto distributivo. Si la Argentina desea replicar el modelo de extracción primaria y especulación financiera del resto de la región, los actuales problemas se pueden resolver con un clásico ajuste ortodoxo. En cambio, si se busca profundizar el proceso de recuperación industrial con inclusión social, se debe trabajar con un diagnóstico consensuado, fortalecer la intervención estatal y generar las alianzas de poder necesarias.
Los cambios en el equipo económico permitieron concentrar la dirección de las decisiones y aportaron racionalidad. El Gobierno está claramente enfocado en superar los problemas que ocasionaron las anteriores regulaciones y está dando señales positivas en pos de controlar la inflación y achicar la brecha cambiaria. Ahora habrá que ver si tiene la capacidad para generar acuerdos con los distintos sectores para aprovechar la buena coyuntura internacional y poder recuperar el rumbo en beneficio del desarrollo productivo
* Economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.
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