En los últimos meses, los medios hegemónicos y sus representantes políticos no se han cansado de poner en duda la capacidad del Gobierno para continuar administrando el tipo de cambio, tal como lo viene haciendo desde el 2003. Repiten una y otra vez que una corrida cambiaria incontrolable sería el desenlace lógico e inevitable para una gestión que, según ellos, es incapaz de moderar el gasto y que vulnera sistemáticamente derechos adquiridos, lo que anticiparía un fin de mandato traumático y, quizá, con entrega anticipada del poder.

Estos pronósticos, en realidad, esconden un deseo mordaz. Al límite constitucional que impone una nueva reelección de la Presidenta se impone el anhelo de que sus últimos dos años de mandato sean tan caóticos como para disciplinar a la sociedad civil y poder desplegar su plan, el cual implica, como todos sabemos, ajuste y retroceso en todas las conquistas sociales logradas en los últimos diez años. Porque, efectivamente, a la derecha argentina no le alcanza con saber que la Presidenta deberá dejar su cargo en el 2015. Estos sectores necesitan que su gestión sea lo suficientemente crítica como para legitimar el regresivo plan económico que buscan imponer por muchos años en la Argentina.

Horacio Verbitsky, en un artículo reciente de este diario en base a un trabajo del Area de Economía y Tecnología de Flacso, señala la capacidad que ha tenido el proyecto político vigente de mantener tanto el nivel de empleo como el de los salarios en un contexto de crisis internacional, logrando, entre otras cosas, reducir la rentabilidad de las 500 empresas más grandes (de 35,8 a 26,5 por ciento); disminuir la importancia en las exportaciones de las 200 firmas de mayor facturación (de 74,4 a 64,1 por ciento) y relativizar el peso de las empresas extranjeras y los grupos económicos locales dentro de ese total, aunque la reversión definitiva de esta tendencia demande mucho tiempo y sea un proceso no exento de tensiones.

Verbitsky advierte que en las cruciales exportaciones cerealeras, donde sólo 15 empresas representan el 95 por ciento de todos los porotos de soja exportados, la primera de la lista es una firma vinculada con la Federación Agraria, dato que explica el énfasis de los dirigentes de entidades rurales en intentar instalar el tema de las retenciones en plena especulación cambiaria, anticipando que no aceptarían un aumento compensatorio frente al nuevo tipo de cambio. Estos argumentos no hacen más que revelar que la denominada “corrida cambiaria” no es una consecuencia directa o natural de una política económica, sino una acción deliberada de algunos agentes de peso en lucha por hacer valer sus intereses.

En esa disputa por el manejo de la regulación cambiaria, el Gobierno decidió incrementar el tipo de cambio a un valor muy por debajo de las expectativas de los grupos económicos y el establishment financiero, buscando una convergencia en el valor de la divisa acorde con los objetivos de crecimiento industrial y disminución del desempleo. El inevitable efecto sobre los precios de los alimentos luego de esa decisión está siendo amortiguado con políticas que apuntan a estudiar los costos sector por sector, para evitar abusos en las góndolas o desabastecimientos adrede. En paralelo, se ha desplegado una batería de medidas para intervenir en los mercados a fin de garantizar la estabilidad cambiaria: suba de tasas con su correspondiente absorción de pesos, para que deje de presionar sobre el tipo de cambio; aplicación de la regulación sobre los bancos para que reduzcan sus carteras en dólares; autorización para el atesoramiento en divisas, siempre y cuando se pueda acreditar la compra; rediseño y lanzamiento reciente del nuevo índice de precios, y cumplimiento con los pagos de deuda y juicios heredados de la crisis del 2001. Decisiones que anticipan, al menos en el mediano plazo, renovados incentivos para sostener el valor del dólar con sólidos fundamentos, considerando que en marzo sólo habrá que hacer frente al pago de intereses por 80 millones de dólares a organismos multilaterales y otros 175 millones por el bono Par. Asimismo, en los últimos días el aumento de reservas de la autoridad monetaria (luego de meses de drenaje) y la estabilización de operaciones vía “contado con liqui” ratifican esa dirección y el fin de la corrida desestabilizadora contra el peso.

La sustentabilidad macroeconómica actual revela, por lo tanto, que las famosas “expectativas” que tanto influyen en la economía son en realidad una construcción deliberada de los actores que intervienen en la puja distributiva, antes que un reflejo de procesos económicos presuntamente objetivos y desprovistos de interés. Visibilizar esos conflictos e intervenir en ellos a favor de los más humildes constituye una saludable condición de la política y un rasgo distintivo de la última década

* Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).