Pongamos las cosas en claro desde el principio. El conflicto que mantuvo diecisiete días sin clases a las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, que no fue la excepción del país sino su caso testigo en función de la cantidad de estudiantes, es la cara visible del legítimo y necesario reclamo salarial docente en el marco de las paritarias 2014. Ni es la defensa de la educación pública ni la lucha contra los resabios del neoliberalismo en el sistema educativo. Bastó con que se acuerde un incremento salarial cercano a las pretensiones docentes para que los reclamos por la, en muchos casos, acuciante falta de inversión provincial en infraestructura queden, más allá de la recuperación del imprescindible fondo escuela, postergados.

Claro está también que el reclamo por salarios docentes dignos es parte de la defensa de la educación pública, aunque de ningún modo se agota en él. Es importante contextualizar la cuestión salarial. Según un trabajo del centro Cifra de la CTA, los salarios reales de los docentes han seguido una trayectoria similar a las remuneraciones del conjunto de los asalariados registrados. En este sentido, dice el informe, se vieron sumamente reducidos en términos reales en 2002, tras la devaluación de la moneda y el incremento consecuente en el nivel de precios, para elevarse paulatinamente desde 2004. En diciembre de 2011, los salarios reales de los docentes, si se promedia el total de las provincias, resultan 21,3 por ciento superiores a los del mismo mes de 2001. El mencionado cálculo se realizó utilizando el IPC 7 provincias, que en algunos períodos alcanzó valores superiores al impresentable “IPC Congreso”.

Asimismo, el mismo informe destaca la heterogeneidad de la situación salarial en las diferentes jurisdicciones, ubicando a la provincia de Buenos Aires muy por debajo del promedio nacional, precisamente en el orden 19 de las 24 jurisdicciones. Dicho esto, no menos cierto es que, en 2012 y 2013, los acuerdos paritarios de 20,8 y 24,5 por ciento, respectivamente, significaron un claro retroceso del salario real, con una reducción acumulada de por lo menos un 7 por ciento.

En tales circunstancias, la aceptación de un aumento salarial promedio del 32,5 por ciento, tal como acordó con la provincia de Buenos Aires para 2014, en comparación con una potencial inflación esperada de aproximadamente un 30 por ciento, implicaría, como expectativa de máxima, una leve recuperación de lo perdido en los dos años anteriores.

En conclusión, ya sea por el lado de la comparación con otras jurisdicciones o, y principalmente, por la pérdida del poder adquisitivo, las pretensiones docentes en las negociaciones paritarias estuvieron más que justificadas, no para ganar sino para, por lo menos, dejar de perder.

Más allá del discurso oficial, la provincia de Buenos Aires no tuvo excusas para el financiamiento, como al final quedó demostrado. Asimismo, queda siempre latente la posibilidad de reasignar gastos mediante una evaluación crítica de las transferencias a la educación privada, que en el presupuesto 2011 representaron más de un 13 por ciento del total del gasto educativo.

Por el lado de los recursos, la siempre pendiente actualización de los valores de las propiedades rurales no sólo aportaría nuevos ingresos sino que contribuiría con dotar de cierta progresividad al regresivo sistema tributario provincial.

Parece ser que es más fácil pelearse con el colectivo docente que con los empresarios rurales.

Bien es sabido que el gobierno nacional, a partir de la ley neoliberal de transferencia de los servicios educativos a las provincias de 1993, tiene poca injerencia en este conflicto, más allá del retraso innecesario de la definición de la paritaria docente testigo a nivel nacional que, para siete provincias, es más que testigo gracias al programa de compensación salarial que oxigena, por lo menos, por el año en curso, las arcas jurisdiccionales.

Este es un gobierno nacional progresista y popular, que ha priorizado como pocos a lo largo de la historia argentina la inversión educativa, que pasó a representar del 3,77 por ciento del PIB en 2003 al 6,47 por ciento del PIB en el 2011. La creación de más de 1500 escuelas en todo el país, 9 universidades nacionales, la entrega de más de 2 millones de computadoras en el marco del plan Conectar Igualdad, la implementación de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o el plan Progresar, con alto impacto en el ámbito educativo, y el inicio, a partir de este año, del Programa Nacional de Formación Permanente (el más ambicioso plan de capacitación del que se tenga memoria), son muestras contundentes de una intencionalidad que supera la esfera discursiva a la que estábamos acostumbrados.

Tal vez sea, justamente, por todo esto, que el colectivo docente esperó y demandó con justificada esperanza un mayor compromiso del gobierno nacional en la resolución del conflicto, que, sin ampararse en los ámbitos de sus responsabilidades estrictamente legales, no dé lugar a dudas sobre su firme convicción a favor de la educación pública como lo viene haciendo desde sus inicios.

Por último, un párrafo aparte merece el instrumento de protesta y reclamo. La huelga es un derecho constitucional y si bien que fuera por tiempo indeterminado fue un error estratégico que respondió más a cuestiones de la corporación sindical que al reclamo salarial, es un método de protesta válido en el marco de la negociación paritaria. Sin embargo, el colectivo docente y sus representantes sindicales deben hacerse cargo y actuar en consecuencia para que no afecte exclusivamente a las escuelas públicas, a las que asisten, en su mayoría, las clases populares, acentuando de este modo la segregación educativa.

Como siempre, los problemas económicos tienen una solución política. Hace falta compromiso, sensibilidad y valentía para hacerla realidad

* Docente ISFD Nº 41 y 102. ISEA. Director de la Escuela Amancio Alcorta

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