El mundo sufre de convulsiones. Las disputas interimperialistas, que se suponía erradicadas por la globalización, han vuelto al centro de la escena, como también la lucha por los mercados.

A mediados de julio último el Parlamento Europeo resolvió desempolvar el proyecto de creación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea: el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (ATCI o TTIP por sus siglas en inglés). Los Estados miembros instruyeron a la Comunidad Europea para que retomara las negociaciones, y desde entonces el dinamismo fue creciente. En el segundo semestre del 2013 hubo tres reuniones, con la característica –que también tuvieron las fallidas negociaciones por el ALCA– de que fueron casi secretas. No hay mayor información pública ni transparencia en las negociaciones. Tampoco participación de los partidos ni de las organizaciones de la sociedad civil.

En su reciente visita a los Estados Unidos, el presidente francés, François Hollande, fue explícito: “Ir rápido va a ser lo mejor”, y completó: “Si no, sabemos que se van a acumular los miedos, las tensiones, las amenazas, las crispaciones”. Por su parte, la administración del presidente Barack Obama aspira a firmar este tratado antes de que venza su mandato. ¿Qué ha pasado para que la Unión Europea, que antes era un rival de cuidado, haya devenido en socio estratégico? No otra cosa que la creciente presencia china en el escenario internacional.

China va camino de ser primera potencia económica. Ya desplazó a Estados Unidos del podio de primera potencia comercial del mundo –primer exportador, segundo importador–, y avanza con sus inversiones en Africa y América latina. Para Estados Unidos, se trata de trazar una línea de protección de mercados que considera propios. En esta clave es que debiera también leerse la creación de la Alianza para el Pacífico: México, Colombia, Perú, Chile. Todos estos países tienen firmados Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y comparten la lógica económica del neoliberalismo y tienen la llave de futuras salidas exportadoras por el Pacífico.

De concretarse el ATCI, será el mayor acuerdo comercial de la historia. Abarcará a 800 millones de personas, explicará cerca de la mitad del PBI mundial y más del 30 por ciento de las transacciones internacionales. Sus contenidos no son ajenos a la historia económica argentina: rebaja de aranceles hasta su eliminación; apertura de los mercados de servicios e inversión; libre acceso a las contrataciones públicas; desregulación de mercados laborales ambientales y sanitarios.

No obstante, el punto determinante del acuerdo es el establecimiento de derechos jurídicos favorables a las corporaciones. Derechos que aún no lograron imponer en la OMC. Se trata del capítulo sobre “protección de inversiones”, que replica el capítulo 11 Tlcan (acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México –Nafta por sus siglas en inglés–), o el 15 en los frustrados borradores del ALCA.

En esa nueva estructura jurídica todo inversor de un país miembro podrá entablar juicio a los Estados de los países suscriptores del acuerdo por la sanción de leyes protectoras o reguladoras que afecten los costos de producción y las condiciones de prestación de sus servicios. Por lo tanto, de sus tasas de ganancias.

Se trata de una nueva relación Estado/inversionistas que tiene consecuencias políticas no menores. Se fortalece el poder de las corporaciones y se vulnera la soberanía de los Estados, mientras que al poner el interés de los inversionistas por sobre el de los ciudadanos se vulnera la soberanía popular, la de las instituciones y la del propio régimen democrático.

Conviene ubicarse en el escenario que se abrió con la caída del Muro de Berlín y la implosión de la URSS para contextualizar este acuerdo. Estos cambios políticos dieron nuevos aires al neoliberalismo y pusieron fin a la política de enfrentamiento entre bloques. En ese contexto fue tomando forma una nueva matriz de relaciones internacionales en la que la apertura de los mercados, la interdependencia creciente y la conformación de bloques económicos regionales son los componentes determinantes de esta nueva fase del capital que conocemos como globalización.

Una política exportadora permanente se convierte en una necesidad para las naciones y adquiere cada vez mayor importancia la competitividad en el mercado mundial. Son los grandes países y las corporaciones los principales impulsores de estos cambios estructurales.

Fue en los inicios de la década de los ’90 del siglo pasado que comenzaron a rediscutirse las “bondades” del libre comercio y a pensar acuerdos regionales que tuvieran como centro la libertad de movimientos de mercancías y capitales. En 1994 nació el Tlcan e inmediatamente se comenzó a negociar el ALCA. Por ese entonces también se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC) y comenzó a gestarse este acuerdo transatlántico.

Europa –y especialmente sus ciudadanos– debiera considerar que lo que está en discusión es la equiparación de las condiciones de concurrencia entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, están en juego las relaciones capital/trabajo (salarios, condiciones laborales, nivel de empleo); los restos del Estado del Bienestar (recortes sociales); las normativas para la comercialización de bienes y servicios (regulaciones ambientales y fitosanitarias) y hasta ciertos aspectos de la propiedad intelectual.

Tanto los contenidos explicitados más arriba como estos riesgos estaban incluidos en el proyecto ALCA. Llama la atención que en los numerosos trabajos críticos que circulan por Europa –o al menos en los que tuve acceso–, no se tomaran en cuenta los resultados del Tlcan para México (pérdida de la soberanía alimentaria, despoblamiento del campo, incremento de los niveles de contaminación, juicios contra los Estados miembros), ni se mencione la experiencia latinoamericana en la derrota del ALCA. Esta última fue una amplia confluencia de los movimientos sociales del continente que culminó en el Movimiento No al ALCA, que sostuvo la resistencia durante varios años, combinada con la acción de los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela en la ya histórica reunión de Mar del Plata en el 2006.

Europa debiera tomar nota

* Integrante del colectivo EDIEconomistas de Izquierda.