Por Roberto Navarro

El plan económico de Eduardo Duhalde pulveriza los salarios. En los últimos cuatro años los ingresos de los trabajadores han caído en promedio el 20 por ciento. La devaluación, tal como fue instrumentada, amenaza recortar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores. El alza de los precios de los bienes de la canasta familiar, la indexación de alquileres y deudas y la anunciada “readecuación” de tarifas de servicios públicos destruirán el poder de compra del salario. Además, los sueldos nominales no sólo no van a aumentar, sino que, con depresión económica y aumento de la desocupación, pueden seguir cayendo. Durante enero, con precios formados en base al dólar oficial (1,40 pesos), acuerdos realizados con los supermercados y stocks comprados antes de la devaluación, la inflación fue sólo del 2,3 por ciento. Pero en los primeros días de febrero las remarcaciones van del 10 al 50 por ciento. Economía estimó una inflación anual del 15 por ciento; el FMI calculó un 17 y economistas privados prevén no menos del 25 por ciento. En ese contexto, el Gobierno no tomó ninguna medida para defender el salario y la CGT oficial y la de Moyano se mantienen en silencio.
La improvisación del equipo económico para salir de la convertibilidad disparó el dólar, que ahora arrastra la inflación; la falta de políticas activas que equilibren los precios dio rienda suelta a las remarcaciones; la ausencia de un plan de empleo que redistribuya la riqueza, reactive el mercado interno y baje la desocupación continúa deprimiendo los ingresos. El modelo no cambió: la variable de ajuste sigue siendo el salario. Hasta diciembre, la ecuación era estabilidad de precios con caída de ingresos; a partir de enero, suben todos los precios menos los sueldos. La única diferencia es que el proceso se aceleró y amenaza conseguir en pocos meses una rebaja real de ingresos superior a la sufrida durante los últimos cuatro años. A un mes de la devaluación y a una semana del anuncio de la flotación cambiaria, la capacidad adquisitiva de los trabajadores baja 12 por ciento en medicamentos, 15 en pollo, 33 en tomates, 50 en harina y también la mitad en televisores y heladeras.
El principal factor que alienta la inflación es el aumento del dólar. La impericia del equipo económico lo catapultó a un valor muy superior al que se podía haber estabilizado dada la relación entre pesos y divisas disponibles. Primero estableció un dólar oficial de 1,40 y anunció una futura flotación sin fecha, que retrajo la liquidación de exportaciones y generó en el público la expectativa de un precio superior. Luego diseñó y desechó 10 borradores con distintos modelos de pesificación hasta decidirse por el peor, porque le generó un nuevo déficit al Estado. Por fin anunció la inmediata flotación y declaró un feriado cambiario de una semana. Todo un cóctel de errores que provocaron un precio del dólar inflado por miedos y expectativas.
Además, el Gobierno no tomó una sola medida que atempere el alza de los precios y mantenga el poder adquisitivo del salario. El 65 por ciento de los trabajadores gana menos de 500 pesos. Con ese ingreso, destinan la mayor parte de su dinero a comprar alimentos. La devaluación disparó los precios de los alimentos, porque los productores agropecuarios, que producen el insumo principal de estos bienes, actualizan sus precios de acuerdo con los que consiguen por sus exportaciones en el mercado internacional. El Gobierno hubiera podido, por ejemplo, aplicar retenciones a las exportaciones agropecuarias, que acaban de duplicar su valor, para reducir el impacto sobre los precios internos. Con lo recaudado con este gravamen, podría haber rebajado el IVA de los alimentos más indispensables. Así se hubiese defendido el ingreso. Pero no lo hizo.
Muchos economistas apostaban a que la recesión iba a poner freno a la inflación. Daban el ejemplo de Brasil que, tras su devaluación de principios de 1999, sólo tuvo que soportar un 8,9 por ciento de inflación en ese año. Pero el país vecino no tiene una dependencia tan grande de insumos importados en su producción. Cash consultó al gerente de producción de una de las principales empresas alimenticias del país, que pidió no ser mencionado, sobre cuál será la estrategia de precios de la empresa. El ejecutivo señaló que “la empresa va a aumentar el precio de todos sus productos entre un 10 y un 35 por ciento. En parte, porque todos contienen insumos importados, como etiquetas, latas, conservantes y otros. Pero también para cubrirnos. Quién sabe cuánto va a costar un dólar el mes que viene”.
Otra decisión del equipo económico que atentará contra el poder adquisitivo es la implementación del nuevo índice de indexación bautizado CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), basado en la inflación minorista. A partir de este mes, el CER incrementará el valor de las cuotas de créditos no bancarios. Así, con el mismo sueldo, los trabajadores tendrán que afrontar el aumento de sus cuotas de electrodomésticos, vehículos y préstamos hipotecarios y personales tomados en financieras o escribanías. Las deudas con bancos se indexarán dentro de seis meses y las de ahorro previo, dentro de noventa días. Pero la inflación acumulada durante esos meses se terminará cargando en las cuotas pasado ese lapso. El mismo índice indexará los alquileres, un gasto que se lleva una parte importante del salario de los que no tienen vivienda propia.
El peso de los aumentos de precios registrados durante enero en la economía familiar de los trabajadores es mayor que el 2,3 por ciento anunciado por el Gobierno. La razón es que la conformación del índice elaborado por el Indec no refleja el consumo promedio de los pobres, que ya son casi la mitad de la población. El Indec trabaja sobre la base de que una familia gasta el 31 por ciento de sus ingresos en comida, el 13 por ciento en vivienda y el 8,7 por ciento en esparcimiento, entre otros items. Pero el fuerte empobrecimiento de los últimos años provocó que gran parte de la población gaste una porción cada vez mayor de sus ingresos en alimentos, que son los productos que sufrieron los mayores aumentos. La participación de gastos en vivienda, que venía subiendo por los constantes incrementos en las tarifas de los servicios, cayó dramáticamente cuando la gente dejó de pagarlos porque no le alcanzaba el dinero. Así hay enormes franjas del conurbano bonaerense en las que la mayoría de la población tiene cortado el teléfono y muchos también están sin luz y sin agua. Los gastos en esparcimiento prácticamente desaparecieron.
Frente al incremento de los precios, los salarios siguen planchados. Con un estimado de 22 por ciento de desocupación, las posibilidades de los trabajadores de conseguir un aumento o un puesto mejor remunerado se diluyen. Durante los últimos cuatro años, los sindicatos firmaron más de 300 convenios laborales reduciendo salarios. La mayoría de ellos negoció un mínimo de 200 pesos, igual al mínimo vital y móvil. Es decir que los bajaron todo lo que la ley permitía. Ahora, frente a la estampida de precios, la mayoría de los sindicalistas se mantiene en silencio.
Por otra parte, el equipo económico está estudiando la posibilidad de eliminar el aguinaldo de empleados estatales y jubilados para reducir el rojo fiscal. La historia de la última década muestra que los privados, en materia salarial, siempre siguen los pasos del Estado, el mayor empleador del país. La poda del aguinaldo significaría un recorte adicional del 8,7 por ciento de los salarios. Caída nominal que se sumaría a la pérdida real de poder adquisitivo frente a la inflación.