No todos los empresarios son iguales. Hay una enorme heterogeneidad en tamaño, sector, composición del capital, mercado en el que operan, dinámica tecnológica, solvencia financiera, vínculos políticos y capacidades y formación personal. Sin embargo, desde fines de 2013, ha surgido un Foro de Convergencia Empresarial (FCE) con la pretensión de aglutinar a la mayor cantidad posible de entidades representativas de distintos segmentos de mundo empresario. Ya ha emitido dos documentos que merecen ser analizados.

El primer documento, llamado “La hora de la convergencia”, es una declaración de propósitos, convocando a la participación empresaria para superar “su crónica fragmentación”. Señala que “es preciso que el empresariado, entendido como un conjunto capaz de proceder como tal, se perfile con propuestas, ante toda la dirigencia política. El problema de la República Argentina es fundamentalmente político, pero no es un problema cuya solución sea exclusiva responsabilidad de los políticos, muy por el contrario, todos los actores relevantes de la sociedad deben ser parte de la solución”.

El documento convoca a unificarse en torno “de los valores republicanos” para emitir “un mensaje que se muestre capaz de ir más allá de los intereses sectoriales y económicos de cada una de sus partes constitutivas”. Se trataría, según la declaración, de promover un “acuerdo de cumplimiento programático”, que permitiría que el país ingresara en un ciclo de profunda distensión y pacificación. Eso ocurriría porque se desplazaría “el eje de la expectativa social” de “quién va a hacer las cosas que deben hacerse” a “qué cosas es preciso hacer”.

En el reciente documento del FCE “¿Quiénes somos, qué necesitamos?”, se retoma esa misma cuestión: “Las propuestas de políticas de Estado en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país. Se trata de propuestas de políticas que están vigentes en gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarrollo, llevadas adelante con éxito por gobiernos de diferente signo ideológico”. Después se refuerza la idea con este párrafo: “Un compromiso de los partidos políticos de mantener, gobierne quien gobierne, la institucionalidad, previsibilidad y certidumbre política y económica –en línea con estas propuestas– tendría como contrapartida, sin lugar a dudas, una mayor inversión y generación de fuentes de trabajo y riqueza”.

El mensaje político es clarísimo: esto no es política, está por arriba de ella. Es algo que puede implementar “cualquier partido político”, o ponerse todos de acuerdo en implementar estas propuestas. Se observa que la política, desde esa perspectiva, está para ocuparse de otras cosas que no sean el diseño político-económico-institucional de la sociedad. Tampoco aclara dónde están vigentes estas propuestas. Se vuelve sobre un argumento repetido de la derecha argentina: “Gobiernos de diferente signo ideológico” implementan medidas neoliberales. Sin embargo, la región productiva más dinámica del planeta, el este asiático, dista fuertemente de las prácticas de pasividad estatal, desmantelamiento industrial e irrelevancia tecnológica que se recomiendan en estas regiones.

Punto por punto

El documento aborda diversos aspectos de la vida pública. En el aspecto institucional, se vuelve a tópicos tradicionales del liberalismo conservador argentino, con acento en el respeto de la propiedad privada. No incorpora ni siquiera las contribuciones que se han realizado desde el pensamiento cristiano para imponer límites sociales a esa institución.

En las propuestas económicas se mezclan algunas obviedades, como tener una baja tasa de inflación, con otras medidas muy concretas.

Aquí aparece el verdadero núcleo programático, expresado en algunos puntos centrales:

- “Garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas.”

No hay referencias al mundo realmente existente de prácticas monopólicas y especulativas, pero sí al cuco de la regulación estatal.

- “Fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía.”

Ni siquiera se propone a cambio reducir la elevada evasión y elusión impositiva, ni las variadas formas que tienen las grandes corporaciones para fugar fondos del país.

- “Reforma tributaria y fiscal a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales, y coadyuve a la formalización de la economía sobre la base de equidad y progresividad. Promoción de las pymes y las economías regionales con políticas diferenciadas.”

Se trata del programa de la Mesa de Enlace: cero retenciones, adornado con las palabras equidad, progresividad y pymes. Ni mención de la economía en negro y el contrabando.

- “Integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales y la participación en bloques regionales.”

Argentina ya está plenamente integrada al mundo, pero es evidente que el mensaje apunta a la forma de integrarse, que debería ser la subordinación acrítica a los centros de poder. Y suena ambigua, en ese contexto, la mención a la “participación” en bloques regionales, en plural. El único bloque regional con aspiraciones autónomas es el Mercosur, al que no proponen profundizar ni dinamizar. Pero el plural, “bloques regionales”, puede aludir a la Alianza del Pacífico, para participar en el festival de tratados de libre comercio con Estados Unidos, predilectos del capital multinacional.

- “Remoción de los factores que desalientan las inversiones, así como el abastecimiento fluido de nuestra producción.”

Formulación vaporosa e inespecífica, como para albergar un amplio espectro de liberalizaciones y desregulaciones.

- “Eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones.”

Traducido: libertad para exportar todo lo que se quiera. Que los argentinos se alimenten y vivan como puedan, sin seguridad alimentaria. No debe haber ninguna lógica nacional superior a la rentabilidad de los exportadores.

En el aspecto social, proponen mejorar la salud, la educación, erradicar la pobreza y la exclusión. Todas ideas originales y novedosas. Se trata de la parte “sensible” del documento, para mostrarlo “socialmente balanceado”.

Leído con mínima memoria de la historia económica argentina reciente, si se toman en serio los objetivos sociales del documento (¡erradicar la pobreza!), chocan de manera frontal con los postulados económicos del mismo. No estamos discutiendo teorías. Esto ya se hizo en nuestro país, entre 1989 y 2001.

Perspectiva general

Se trata de documentos fuertemente ideológicos, carentes de un diagnóstico fundamentado de la situación de la economía nacional y global, construidos sobre la base de un conjunto de mitos conservadores. Insisten en tópicos habituales del neoliberalismo, que proponen una lectura mistificada sobre cómo funciona el sistema económico mundial. Presentan como intereses generales del país un conjunto de demandas particulares que apuntan a fortalecer al sector más concentrado y próspero, a costa del resto de la sociedad.

Compendian las demandas sectoriales más sentidas por el empresariado convergente y presentan difusamente otros reclamos más conflictivos políticamente. Como ya ocurrió en los ’90, la suma de demandas sectoriales no puede tener ninguna consistencia macroeconómica, ni social, ya que rechazan todo papel económico activo del Estado.

Pero es más revelador aún lo que no les preocupa. Por ejemplo, la producción nacional de conocimiento científico y tecnológico, clave en el mundo real para quienes quieran salir del subdesarrollo. Es un tópico que no figura en la agenda de un empresariado cuyo horizonte no es ése.

Reaparece el argumento de “lo que se hace en el mundo”, como si no hubiera una enorme diversidad de situaciones nacionales, formas de capitalismo, y formas de regulación, tanto en el centro como en la periferia.

Si bien los documentos aceptan que hubo aciertos y errores empresarios, no aparece explicación alguna de por qué. Cuando se aplicaron todas estas políticas en la década del 90, el mismo empresariado partidario de ese modelo vendió sus empresas al capital extranjero, y se desentendió de la suerte de los argentinos.

Los documentos están atravesados por el intento de construcción de un nuevo discurso hegemónico, al incorporar elementos pertenecientes a otros discursos ajenos al sector: “desarrollo sustentable”, “inclusión y eliminación de la pobreza”, “sociedad de la información”.

El intento hegemónico no se limita al campo discursivo. En el terreno político proponen un esquema idéntico al de los países actualmente asolados por el neoliberalismo: no importa quién gobierne, las políticas son “consensuadas”, son “Políticas de Estado” que nadie osa cambiar. El diseño social se hace desde el ámbito empresario. Los políticos sólo compiten en el “mercado electoral” para administrar ese diseño, y son los fusibles cuando todo estalla.

En definitiva, las dos propuestas centrales son: a) compilado de demandas sectoriales para enriquecer a los enriquecidos, que no constituyen un proyecto de país, y b) eliminación de toda diferencia política sustancial a favor de administrar el programa de ellos, a lo que denominan “consenso” o “políticas de Estado”.

A pesar del intento de construir un discurso hegemónico, la pobreza de sus horizontes productivos e intelectuales impide a este empresariado realizar una oferta de progreso al pueblo argentino. Pudieron ser hegemónicos en los ’90, con los vidrios de colores del privatismo y la extranjerización, a caballo de la dramática caída del primer gobierno democrático. Pero no hay hegemonía que aguante la catástrofe económica y social que provocaron sus políticas. En tanto dure la memoria histórica y el verdadero pluralismo político, será difícil convencer a la sociedad de que vuelva a “consensuar” su propia degradación

* Economista Ungsuba.