La decisión oficial de discontinuar la serie histórica de pobreza e indigencia por “problemas metodológicos, de empalme y de actualización” fue cuestionada por la dirigencia opositora. El índice oficial venía gozando de escasa credibilidad en los últimos años. La metodología adoptada por el Indec es la conocida como “línea de la pobreza” o “enfoque del ingreso”. Esta consiste en definir a partir de los ingresos de los hogares si éstos tienen capacidad para satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales (vestimenta, transporte, educación, salud), que forman parte de lo que se denomina la “Canasta Básica Total”. Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de personas cuyos ingresos no superan el valor de dicha Canasta. Las críticas apuntan a que el Indec subestimaría ese importe en razón de la utilización de un incorrecto índice inflacionario.

La última información, correspondiente al primer semestre de 2013, fue que la pobreza afectaba al 4,7 por ciento de la población y la indigencia al 1,4 por ciento. La falta de confiabilidad en las estadísticas oficiales allanó el camino a la proliferación de mediciones alternativas. Así el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reportó que la tasa de pobreza alcanzó al 27,5 por ciento de las personas y al 17,8 por ciento de los hogares en el último trimestre del año pasado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que esos informes “no son capaces de publicar la serie en forma continua a los efectos de saber cuáles son los estándares de comparación”. En esa línea, el ministro de Economía, Axel Kicillof, declaró que “si se duplicó el PIB y entre otras cosas se crearon seis millones de puestos de trabajo, nadie puede creer que no hayan bajado los niveles de pobreza”. La última medición oficial de pobreza unánimemente aceptada fue la correspondiente al último semestre del 2006 (26,9 por ciento de la población). Lo cierto es que nada indica que la situación económico-social haya empeorado a partir de 2007. En el mercado laboral, la desocupación descendió y las negociaciones paritarias permitieron mantener y/o incrementar los ingresos reales. En todo caso, el efecto final de la reciente aceleración inflacionaria todavía está por verse en función del reacomodamiento futuro de precios y salarios. Además, los sectores más vulnerables fueron los principales beneficiarios de diversas medidas adoptadas desde 2007 (Asignación Universal por Hijo, Progresar, movilidad jubilatoria). En resumen, la lógica indica que la tasa de pobreza debiera ser inferior a la incuestionada medición de finales del 2006.

En ese sentido, el Centro de Estudios Académicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) recalculó el índice de pobreza ajustando la canasta alimentaria y total en función de los índices de precios de los institutos de estadísticas oficiales provinciales. El director del CESO, Andrés Asiain, detalla en “Pobreza e Indigencia en Argentina” que “el porcentaje de población pobre, que era del 46 por ciento en el segundo semestre de 2003, se ubicó por debajo del 15 por ciento en el último año y medio. Por su parte, el porcentaje de población indigente (aquellos que no acceden a una alimentación mínima), que era del 19 por ciento en 2003, se encuentra por debajo del 5 por ciento desde hace dos años y medio”.

El informe agrega que pueden observarse tres etapas diferenciadas desde 2003. “Una de rápida reducción de la pobreza e indigencia entre 2003 y 2006, vinculada a la recuperación del empleo y del poder adquisitivo del salario al calor del fuerte crecimiento económico de aquellos años, y cambios en la regulación salarial como la institucionalización de las paritarias y el establecimiento del consejo del salario mínimo. Le sigue un período de relativo estancamiento del porcentaje de población pobre e indigente, que se asocia al menor dinamismo en la creación de empleo y la aceleración de la inflación entre los años 2006 y 2009. A partir de 2009 se observa una nueva tendencia descendente en el porcentaje de población pobre e indigente, asociada a la implementación de políticas públicas de alto impacto redistributivo, como el incremento de las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal por Hijo”, sostiene Asiain

[email protected]

@diegorubinzal