Por Fernando Scornik Gerstein*

La situación que vive la Argentina supera las previsiones más pesimistas. En diferentes épocas, distintos factores fueron culpados de los males del país. Ahora se señala a la corrupción, como antes se hizo con el costo del petróleo (cuando se importaba), el aislamiento económico y el proteccionismo, el déficit generado por las empresas públicas y la inflación, como el origen de todos los problemas. Sin embargo, la superación de todos y cada uno de estos “flagelos” del pasado no alcanzó para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
Ni siquiera el FMI puede ser señalado como responsable absoluto. No es el FMI el que dice que debemos tener un IVA del 21 por ciento, o que el 80 por ciento de la carga impositiva debe recaer sobre los consumidores. Estas son creaciones de los argentinos. Son, precisamente, nuestras estructuras internas, nuestro régimen de tenencia del suelo, nuestro injusto sistema impositivo los que aseguran una injusta distribución de riqueza y la causa de que cualquier mejora económica redunde, en definitiva, en beneficio de unos pocos.
Un análisis comparativo del régimen impositivo vigente en Argentina con el existente en otras naciones permite ver que en este país existe una política fiscal basada en una concepción económica profundamente reaccionaria. Y que, cuando se modifica, siempre se hace en detrimento del consumidor. La proporción de la recaudación impositiva sobre el producto bruto interno fue del 17,7 por ciento en el año 2000, que de ninguna manera puede considerarse excesiva, como tampoco es determinante la concentración de la recaudación en prácticamente tres gravámenes (IVA, Ganancias y aportes y contribuciones a la Seguridad Social, en total el 78 por ciento). Lo decisivo es que el sistema impositivo hace recaer el mayor peso fiscal sobre los consumidores.
Si se suman al IVA lo recaudado por otros impuestos sobre bienes, servicios y transacciones, y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social para el año 2000, resulta que los impuestos que directa o indirectamente recaen sobre el consumidor representan el 70 por ciento de la recaudación del Estado Nacional. Se trata de una estructura fiscal ultraconservadora. En cambio, el impuesto a los ingresos, beneficios y ganancias de capital representó, en el mismo ejercicio, sólo el 20,8 por ciento de la recaudación neta de la Nación.
Otra tendencia claramente identificable en nuestro sistema impositivo es la desaparición o erosión de las bases imponibles en los gravámenes que afectaban a las plusvalías de la propiedad inmobiliaria y la renta del suelo en general. Dicha renta –ese valor que crea la sociedad por su progreso e incremento de la población, en demanda de un producto de oferta inelástica como es el suelo– es así apropiado prácticamente en su integridad por los propietarios. No se trata sólo de la renta agraria sino de la del suelo urbano y rural.
En los países desarrollados, la renta del suelo está fuertemente gravada. Así lo corroboran datos de Estados Unidos, el Reino Unido y España. También son altos los gravámenes a estas rentas en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En todos estos países la especulación y retención ociosa del suelo es castigada, mientras que en Argentina éste es un tema totalmente olvidado.
Los principales enemigos de una reforma fiscal son internos, no externos, y son quienes siempre han hecho recaer el peso fiscal sobre los trabajadores. Si pretendemos eliminar impuestos al consumo, la forma más rápida y directa es haciendo recaer el peso impositivo sobre bienes que son inocultables: la propiedad inmobiliaria. La tierra no puede “transferirse” a Suiza o las Bahamas.
El impuesto debe dirigirse al valor del suelo, excluyendo las mejoras, pues mientras éstas representan inversiones de capital y trabajo, el precio de mercado del suelo que se forma por la capitalización de la renta es siempre un valor de monopolio. Por otra parte, según lo reconoce unánimemente la doctrina, el impuesto al valor del suelo es intrasladable a los precios de los arrendamientos (ya en el máximo antes del impuesto) o a las mercancías o productos (cuyo valor lo fija el mercado). La tasa de este gravamen debería fijarse en el 3 por ciento del valor del suelo urbano y rural, con la cual se podría capturar aproximadamente un 40 por ciento de la renta del suelo en todo el territorio argentino, lo que representa una cifra de, aproximadamente, veinte mil millones de pesos.
Para valuar los inmuebles, se puede recurrir al procedimiento de autovaluación, con sanciones drásticas para quienes falseen los datos, y luego a un sistema de presunciones “jure et de jure” en sentido de que:
n En el sector rural, el valor del suelo representaría el 90 por ciento del valor del mercado de la propiedad;
n En los inmuebles urbanos de hasta dos plantas, el valor del suelo representaría el 40 por ciento del valor de la propiedad; en los de hasta tres plantas, el 35; y en los de más de tres plantas, el 30.
Mediante el producido de este impuesto, podría reducirse el IVA al 10 por ciento en forma inmediata y suprimirse totalmente el impuesto a los combustibles. El impuesto a las ganancias debería, por supuesto, mantenerse, haciendo hincapié en lo que los británicos llaman “windfall taxes”, o sea tasas que graven las ganancias extraordinarias de empresas privatizadas y rentas de monopolio.
En el sector agropecuario, tan afectado por el cierre de los mercados internacionales, el impuesto al valor del suelo libre de mejoras debería computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, al menos por tres ejercicios fiscales. El resto del esquema impositivo debería ser respetado, aunque la tendencia debe ser hacia la supresión del IVA.
Esa sería una reforma en directa defensa de los consumidores, básicamente de los asalariados, y de su capacidad adquisitiva. La “ingeniería financiera” será inútil si no se reforman las estructuras de fondo que gobiernan la distribución de la riqueza.

* Ex asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, año 1975. Actualmente radicado en España.