A principios de 2002 se sancionó la ley que dispuso suspender los despidos. La violación de esta obligación acarrea como sanción la duplicación de las indemnizaciones por despido. Esta suspensión prevista originariamente por un plazo de 180 días, fue luego prorrogada hasta el 30 de junio de 2003. Si se habla del doble, la idea es que se trata de mucho. Sin embargo, si se analiza cómo evolucionó el monto de las indemnizaciones por despido, se concluye que en realidad es muy poco.
En 1946, la indemnización mínima por despido equivalía para el trabajador la posibilidad de adquirir 3333 kilogramos de pan. A partir de la dictadura militar se comenzó a disminuir el monto indemnizatorio. En la actualidad se redujo a niveles increíbles: hoy la indemnización mínima por despido es igual a dos doceavas partes del sueldo, es decir cinco días de salario. Teniendo en cuenta un sueldo promedio de 550 pesos ese importe es de 91,66 pesos. El precio promedio de 1 kilo de pan es de 2,50 pesos, lo que equivale a la compra de apenas 36,66 kilos.
Como no sólo de pan vive el hombre, en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, entre los derechos que les reconoce a los trabajadores está el de la protección contra el despido arbitrario. Desde 1933 comenzó a regir en nuestro país el derecho a una estabilidad relativa en el empleo. La indemnización por despido tiene una doble vía en cuanto a objetivos:
1. Resarcir al trabajador que pierde el empleo.
2. Poner un límite al derecho del empleador a rescindir el contrato de trabajo.
En materia de legislación laboral fueron muchos los años de “trabajo sucio”. Ahora y concretamente sobre el tema en discusión, propongo que se mantenga provisionalmente y para todos los trabajadores la doble indemnización y que se inicie un proceso gradual que comience a devolverles a los trabajadores todos los derechos derogados o flexibilizados desde 1976. Entiendo que a partir del discurso del Presidente pronunciado ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo, en el que reivindicó el artículo 14 bis, el rol del Estado y la necesidad de distribuir con más equidad la riqueza nacional, mi propuesta cobra mayor fuerza y el Gobierno tiene la oportunidad de transformar las palabras en hechos.