Si bien no se conoce aún la instrumentación de las medidas para cumplir las auspiciosas metas en materia de vivienda y construcción que tiene previstas el Gobierno, el sector necesita una clara diferenciación de los roles de cada institución. Una acción exitosa en “vivienda” se basa en tres patas: el ahorro, el crédito hipotecario y el subsidio explícito a la demanda. Por ello, los recursos del Fonavi deben usarse mayoritariamente en el subsidio a los demandantes que determinen los Institutos Provinciales de Vivienda en función de sus políticas sociales, acción que permitiría potenciar los fondos disponibles como único instrumento para multiplicar los fondos para el sector y dejar de referirse a la “vivienda de interés social” para resaltar el “interés social de la vivienda”.
No cabe duda de que la Secretaría de Vivienda, con el vital aporte que los Institutos Provinciales de Vivienda compatibilizando e integrando los objetivos nacionales y provinciales, debe ser el órgano del Estado que dicte la política habitacional y de desarrollo urbano con toda claridad, definiendo y dando respuesta al qué, dónde, cuándo y para quién, para luego determinar con qué:
n Qué vivienda debiera construirse.
n Dónde debieran construirse los conjuntos habitacionales, sobre la base conceptual de que la vivienda no es un hecho aislado sino “una esclava del desarrollo”.
n El cuándo a establecer por esa política debiera determinarse sobre la base de una meta concreta destinada a resolver el problema del déficit habitacional técnicamente, con los recursos humanos, insumos disponibles, suponiendo un crecimiento acorde con el resto de la economía.
n El para quién surgirá de los estudios socioeconómicos de la población con que cuenta la Secretaría de Vivienda y los Institutos, y del establecimiento de sus reales necesidades de asistencia crediticia por tramos de ingresos determinados.
La respuesta a esos cuatro parámetros determina la política que se aplicará.
La respuesta al con qué que permita cumplir con los objetivos deberá enriquecerse con la plena participación de la actividad privada, a través de los profesionales y productores del sector y la indispensable instrumentación financiera, que debe permanecer en manos de una entidad financiera idónea, como lo fue el Banco Hipotecario, herramienta natural para cumplir el objetivo fijado.
Rescatar la decisión política –no la estatización– de la conducción del BH no sólo es necesaria y posible sino imperiosa, por ser la herramienta natural para que el Estado –que tiene la mayoría del paquete accionario– pueda volver a canalizar el financiamiento de nuevas obras.