La disputa con los fondos buitre acumula varios capítulos. El último comenzó luego del rechazo de la Corte norteamericana al pedido de revisión de la sentencia del juez Thomas Griesa. Las autoridades argentinas vienen manifestando su predisposición al diálogo pero en “condiciones justas, equitativas y legales”. Esa postura fue respalda por un amplio abanico de personalidades, gobiernos e instituciones. Esos apoyos incluyen desde organizaciones internacionales (Celac, Unasur, G-77, OEA) hasta conocidos representantes del establishment financiero. Por ejemplo, el principal comentarista económico del Financial Times, Martin Wolf, sostuvo que la situación actual “representa una extorsión respaldada por el Poder Judicial de Estados Unidos”. Por su parte, el influyente think tank norteamericano Council on Foreign Relations calificó como “fundamentalistas peligrosos” a los miembros de la Corte Suprema y a los integrantes del sistema judicial federal de ese país.

El propio Fondo Monetario Internacional expresó su malestar ante la decisión judicial que boicotea una renegociación con altísimos niveles de adhesión (92,4 por ciento). Lo cierto es que ese fallo arbitrario fue posible debido a la inexistencia de un marco jurídico aplicable a los procesos de insolvencia soberana. Por el contrario, la mayoría de los ordenamientos jurídicos internos permite la regularización de las deudas privadas con el acuerdo del 66 por ciento de los acreedores.

La articulación de algún mecanismo de resolución de la bancarrota soberana es debatida hace tiempo. La Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) propuso un instituto equivalente al capítulo 11 del Código Civil norteamericano que regula los procesos de insolvencia privada. A su vez, la organización Jubileo Plus sugirió la creación de un tribunal internacional neutral destinado a resolver este tipo de cuestiones.

La ex subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger, también formuló su propio “proyecto de quiebra soberana” en 2002. Los economistas Matías Kulfas y Martín Schorr explican en “Deuda externa y valorización financiera en la Argentina actual. Factores explicativos del crecimiento del endeudamiento externo y perspectivas ante el proceso de renegociación” (Realidad Económica N° 198, IADE) que “Krueger propone un procedimiento de resolución inspirado en los que se suelen emplear en situaciones de suspensión de pagos empresariales..., un país podría recibir protección legal de sus acreedores durante un período establecido mientras negocia una reestructuración, a cambio de lo cual estaría obligado a negociar de ‘buena fe’ y a adoptar medidas que ‘enderecen’ su economía. Una vez que la reestructuración haya sido aprobada por una mayoría suficiente de acreedores, los que no estén de acuerdo estarán obligados a aceptarla”. La propuesta de Krueger, a diferencia de las anteriores, le reserva al FMI un lugar decisivo como “garante” del proceso de negociación. Así, el organismo financiero internacional realizaría análisis de la sostenibilidad de la deuda y evaluaría la política económica de los países endeudados.

“Más allá de las –no menores– diferencias existentes entre las distintas propuestas, en el presente existe bastante consenso en los ámbitos académico y político en que resulta indispensable diseñar mecanismos legales que apunten a resolver de manera ordenada las situaciones de insolvencia soberana”, concluyen Kulfas y Schorr. En la actualidad, la única alternativa disponible es incluir la Cláusula de Acción Colectiva (CAC) en la emisión de contratos de deuda soberana. Esa opción fue impulsada, en su momento, por el Departamento del Tesoro norteamericano. La CAC permite reestructurar la deuda con el consentimiento de una supermayoría de bonistas. Las condiciones del acuerdo, obtenidos los niveles de adhesión exigidos, se extienden a todos los acreedores.

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