El título de la nota es “La telefonía móvil, ante otra amenaza intervencionista”, publicada en La Nación, el 26 de junio pasado. Desde el título se advierte los elementos básicos del combo “el mundo libre está en peligro”, la “amenaza”, la “intervención estatal” y la reiteración genérica “otra”. El pensamiento binario de la nota invita a elegir entre dos posibilidades: las empresas hacen lo que quieren o sobreviene una catástrofe. Este esquema de análisis agotado en todo el mundo, incluso en los medios más conservadores de Inglaterra y Estados Unidos, fluye en ese diario.

Todos los actores involucrados en el servicio de telefonía móvil en el mundo analizan este importante servicio como una combinación de competencia, regulación, avance tecnológico e inversión. No se piensa en la competencia espontánea, ni siquiera en un antagonismo entre regulación pública y sector privado, mucho menos en países del Primer Mundo, donde las principales empresas de telefonía móvil son estatales, como en Suecia, Italia, Francia y España, o bien fuertemente relacionadas con la inversión pública, como en Estados Unidos y el Reino Unido.

Un ejemplo de cómo piensan el problema los liberales puros se puede leer en el siguiente párrafo del ex director general de la Oficina de Telecomunicaciones de Gran Bretaña, Bryan Carsberg: “(...) la segunda razón para no confiar totalmente en las fuerzas del mercado en nuestra situación fue la necesidad de asistencia para ingresar al mercado. En una industria como la de las telecomunicaciones, en la que debe enfrentarse un monopolista absoluto, la entrada al mercado es difícil. Construir una red requiere una alta inversión y toma mucho tiempo. Más aún, el nuevo entrante no tendrá economías de escala en los primeros años, y en consecuencia deberá aceptar bajos márgenes de ganancia inicialmente. La competencia puede ser beneficiosa y viable una vez que el entrante alcance determinado nivel de desarrollo, pero la competencia puede no llegar a existir sin alguna asistencia de ingreso al mercado. Sería mejor manejarse sin asistencia al ingreso, pero es bueno otorgarla si es necesario establecer la competencia” (Carsberg, Bryan (1991), Competencia y Revisión del Duopolio, Reguladores y Mercado, Institute of Economic Affairs, Londres).

El debate gira hoy en torno de cómo garantizar un mejor servicio a los usuarios aprovechando al máximo lo que cada actor tiene para ofrecer. El artículo del diario publicita la posición extrema que culpa al Estado por el mal funcionamiento del servicio, al no permitir el uso del espectro radioeléctrico. Este argumento ya ni siquiera lo usan las empresas por dos razones: porque las porciones de espectro que se utilizan aquí son mayores o iguales que las utilizadas en otros países donde la cantidad de líneas en uso es mucho mayor que aquí, por tanto las fallas en el servicio ya no son tanto por la cantidad de espectro disponible y más por la falta de inversión en tecnología. La segunda razón es que recientemente las empresas han sido convocadas a participar en la licitación de tres bandas de frecuencia nuevas para el despliegue de las tecnologías englobadas en el 4G.

La Secretaría de Telecomunicaciones se encuentra en este momento trabajando para definir pliegos de licitación acordes con estos objetivos: aprovechar al máximo el espectro radioeléctrico disponible, garantizar las inversiones privadas necesarias para aprovechar ese espectro y, además, está generando modelos de competencia en el mercado de tal manera que se puedan sumar nuevos operadores para mejorar la competencia. Pero esto no es todo, el Estado está incorporándose efectivamente al mercado de las telecomunicaciones como un jugador competitivo.

En este sentido, el impresionante tendido de fibra óptica e infraestructura para telecomunicaciones que se viene desarrollando en todo el país a partir del Plan Argentina Conectada es una de las apuestas de inversión pública estratégica más importantes del mundo. Semejante despliegue que quintuplica cualquier otra inversión privada conocida en la región coloca al Estado en un lugar estratégico como organizador del mercado, como actor antimonopólico y como garante del acceso a la sociedad de la información. A partir de ahora las reglas van a cambiar porque el Estado se convierte en un actor con capacidad propia de prestar servicio y obtener utilidades por ello. Por esto ya no es tan necesario declarar servicio público o regular tarifas. La capacidad de negociación que obtiene el Estado le permite una construcción sólida y creciente de mercados competitivos y respetuosos de los usuarios.

* Sociólogo e investigador del Oetec.

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