El 31 de julio se cumplió la fecha límite legal para que los acreedores que entraron a los canjes cobren el vencimiento de ese mes. El hecho de que Argentina haya realizado el depósito en tiempo y forma en el banco pagador pero, a su vez, los acreedores no hayan recibido el dinero por una orden del juez Griesa, dio pie para el debate sobre si se entraba o no en cesación de pagos. Mientras para el ministro Kicillof decir que entramos en default era “una pavada atómica”, la opinión fue diferente para el “maestro especial” Pollack que, excediéndose de sus funciones de mediador, planteó que “Argentina entró en default”.

En una actitud esquizofrénica, la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) declaró que los bonos argentinos se encontraban en cesación de pagos, para desmentirse a los pocos días con una nueva declaración. De esa definición depende la activación del cobro de seguros contra default por unos 1000 millones de dólares. El comité de determinación del ISDA está conformado por una serie de bancos entre los que figuran el Citigroup, JP-Morgan, HSBC y Credit Suisse First Boston, conocidos en nuestro país, entre otras cosas, por su participación en el Megacanje. Esa operación estuvo a punto de fracasar hasta que se aceptó el planteo de los bancos extranjeros intervinientes de que los nuevos bonos emitidos debían serlo bajo legislación de Nueva York. ¿Casualidad? El 69 por ciento de los bonos en manos de los fondos buitre fueron emitidos en la operación Megacanje, con tasas de retorno anuales en dólares de entre el 12 y el 15,5 por ciento, que el fallo Griesa valorizó todavía más al incorporarle punitorios. ¿También por casualidad? Tres de los mencionados bancos que participaron en aquella operación son señalados por la prensa norteamericana como los que estarían negociando un arreglo entre privados con los fondos buitre.

El que también integra el comité del ISDA es el fondo NML, del financista Singer, que es el principal litigante contra Argentina en el despacho de Griesa. Basándose en ello, la Comisión Nacional de Valores solicitó a la Securities and Exchange Commission que investigue si los buitres no armaron el fallo Griesa para forzar un default que les permitiera cobrar los seguros cuyo pago activarían desde el ISDA. Ello revelaría por qué el fallo, además de reconocer una exorbitante valorización de los bonos en manos de los holdouts, interrumpe el cobro a los holdings tomándose de una rebuscada interpretación de la cláusula pari passu (igual trato). También explicaría la intransigencia para implementar un stay que permitiera eludir la activación de la cláusula RUFO: no había que darle ningún margen de negociación a la Argentina porque el negocio pasaba por empujarla al default.

En el plano local, el endeudador serial de nuestro país Miguel Kiguel justificó el accionar de la ISDA al compararla con el “servicio meteorológico” que activa “un seguro contra granizo”. En su metáfora olvidó que una cosa es anunciar que llueven piedras, y otra es arrojarlas. Los antecedentes de Kiguel indican que asumió como jefe de asesores en plena negociación del Megacanje por recomendación de Jacob Frenkel, el economista de Merril Lynch que asesoró a Cavallo en dicha operatoria. Años atrás, como jefe de asesores de Roque Fernández, había participado de la emisión el bono FRAN que, al tener una tasa de pago atada al riesgo país, batió el record de valorización de la cartera buitre. Pasó de un valor de compra de 72,5 millones de dólares, a un valor Griesa de 2789 millones de dólares. Una ganancia del 3747 por ciento que intentarán facturarnos una vez vencida la RUFO

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