Académicos cercanos al gobierno chileno elaboraron un trabajo que apunta a revertir décadas de neoliberalismo. Por primera vez, desde que volvió la democracia en 1990, La Moneda asume ese desafío, aunque hubo antecedentes de quienes hace años planteaban “reformar las reformas” del ajuste y desguace del Estado de los ’70 y ’80, como Ricardo Ffrench Davis (desde la Cepal y asesorando a los equipos de la Concertación) u otros más radicales, como Orlando Caputo y otros economistas críticos, algunos de los cuales se sumaron por filiación partidaria a este segundo mandato de Michelle Bachelet, ampliado a una alianza, Nueva Mayoría, con sectores de izquierda.

En el libro El Otro Modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público, Fernando Atria, José Benavente, Javier Couso, Alfredo Joignant y Guillermo Larraín cuestionan que el largo período democrático (liderado por Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, el primer gobierno de Bachelet y desde luego Sebastián Piñera) aceptara el statu quo, herencia maldita del pinochetismo. Dicen que no es un manual ni un programa de gobierno, sino un planteo para un cambio profundo en lo político, social y económico, lo que incluye cambios a la Constitución (aún no se sabe con qué método), fin del binominalismo en el sistema político electoral (ya con media sanción en Diputados) y una “nueva política industrial”, tema ausente de la agenda desde la Unidad Popular. En la tapa del libro hay un gran ladrillo en deconstrucción, imagen que debe explicarse.

Desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta la crisis de 1975, cuando militares y economistas cómplices hundieron el PBI, como harían nuevamente en 1982, el pinochetismo no tenía un plan claro. Pero tras la crisis de 1975 el dictador recibió el plan de los Chicago Boys, fraguado desde los años ’50 en convenios entre las universidades Católica de Chile y de Chicago (Estados Unidos). Economistas ultraliberales y monetaristas como Arnold Harberger, Milton Friedman y Friedrich Hayek fueron las fuentes de los chilenos Alvaro Bardón, Sergio De Castro, Fernando Léniz y otros futuros funcionarios dictatoriales. Otra vía de acceso de los Chicago Boys fue el movimiento gremialista estudiantil, de ultraderecha, liderado por Jaime Guzmán –luego fundador de la UDI y asesinado por guerrilleros– y jóvenes de familias de la elite.

Aquellos textos del ideario monetarista y ultraliberal disfrazado irónicamente de “libertario”, mientras miles de chilenos eran asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados o empujados al exilio, fueron la base de “El Ladrillo”, fundamento ideológico de las reformas pinochetistas. Aunque como libro recién se publicó en 1992, se usó en 1970 para el candidato que perdió contra Salvador Allende, Jorge Alessandri, y como respuesta a la crisis de esa década. Según lo defiende hoy el abogado Gonzalo Cruzat, fue el sustento del decreto-ley 211, eje del pinochetismo económico, y por primera vez puso en debate en Chile –señala– la idea de hacer competitiva la economía, tras décadas de estatismo y proteccionismo. Dice que esos trabajos acabaron con la concepción del Estado que ahogaba iniciativas privadas y otorgaba “privilegios de poder” (para un régimen tan totalitario que duró 17 años, tras lo cual casi todos sus funcionarios se acomodaron al frente de instituciones que ellos mismos crearon, como las AFP de jubilación privada, las empresas privatizadas o las Isapre de salud).

Este segundo gobierno de Bachelet se instaló en 2014 con la promesa de una reforma estudiantil para que el acceso a la educación se democratice y una tenue reforma fiscal para financiar esos cambios.

Hernán Gutiérrez, de la Universidad de Chile y funcionario de la Cancillería, cree que el “nuevo ladrillo” es un giro que “por primera vez se da en Chile en estas décadas, pone en cuestión la base neoliberal” que ganó a la opinión pública en cuanto al rol del Estado, del mercado y de la sociedad. “Las movilizaciones de estudiantes en 2010/11 significaron un quiebre muy grande de consensos que había entre los chilenos, surgieron nuevos apellidos y liderazgos desafiantes de la elite económica, inamovible desde hace medio siglo. Sobre esa base surgen las nuevas ideas”, dijo a Cash en una reciente charla en la argentina Untref.

Cualquiera sea la suerte de las nuevas propuestas, es claro que ningún país puede desmontar el corset neoliberal sin recuperar al Estado como guía del desarrollo y disciplinador de un sector privado que, por imperio de aquella ideología, se hizo en todo el mundo cada vez más concentrado y poderoso. Y en ese punto una reforma tributaria es crucial.

El gobierno impulsa una cuya meta es recaudar el equivalente al 3 por ciento del PBI, 8200 millones de dólares, vía un alza gradual del impuesto a las empresas, de 20 a 25 por ciento hacia el año 2017. El pago será anticipo de impuestos personales, ya que en Chile, por un “sistema integrado”, pagan las personas y no las empresas.

Pese a su crecimiento y modernización recientes, Chile luce una desigualdad calamitosa. En “La ‘Parte del León’: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, la Facultad Economía de la UCh concluyó que el 1 por ciento de los más ricos captó entre 2005 y 2010 el 30,5 por ciento del ingreso total; el 0,1 por ciento de los más ricos, el 17,6 por ciento, y el 0,01 por ciento, los súper-ricos (1200 personas) 10,1 por ciento del ingreso total.

Orlando Caputo y Graciela Galarce dijeron a Cash que 50 por ciento de la recaudación proviene del IVA, que tributan por igual ricos y pobres, y sólo 22 por ciento llega por Ganancias de la primera categoría (9 por ciento de la segunda, ya con trabajadores). El 81 por ciento de los contribuyentes queda exento. Pero, señalan Caputo y Galarce, mientras la escala tributaria para trabajadores y empresarios es igual, “parte importante de las ganancias de los empresarios no paga impuestos por elusión o evasión. El trabajador generalmente no puede evadir ni eludir”. Eso sin contar exenciones a la renta, entre las cuales la más gravosa es el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), que le costó al Fisco 1,8 por ciento del PBI anual durante el período 2009-13, 4500 millones de dólares. Andrea Repetto sostiene que 80 por ciento de la exención del FUT favorece al 10 por ciento de los contribuyentes más ricos. De haber pagado, se habría recaudado siete veces lo que la reforma impositiva buscará en su primer año de vigencia.

A la defensiva, la derecha dice que la reforma afectará a la clase media, el ahorro, la inversión, el crecimiento y el empleo. En rigor la reforma no alcanzará a la enorme mayoría de los contribuyentes, quienes, al contrario, podrían derivar esos gastos a beneficiarse en educación u otros servicios sociales. Por izquierda, creen que la desigualdad en Chile se modificará muy poco aun con la reforma, pues no se tocan dos cuestiones: las Ganancias subieron su participación en el ingreso nacional, mientras que los salarios fueron a contramano todos estos años. Y la renta minera, crecientemente extranjerizada pese al rol aún dominante de Codelco, deja muy poco al fisco.