“En un mercado laboral con un enorme avance en materia de creación de empleo, la precarización laboral a través de la tercerización es una de las deudas pendientes de los últimos años”, afirmaron Victoria Basualdo, de Flacso, y Diego Morales, del CELS. En diálogo con Cash, explicaron las causas de la tercerización a nivel mundial, el impacto en las condiciones de trabajo de la región y las tensiones para avanzar en este problema en el país. Aseguraron que existen herramientas legales para recuperar derechos laborales para los asalariados subcontratados, mientras que indicaron que los sindicatos y delegados de base deben encabezar esta disputa contra las patronales. Los investigadores publicaron recientemente el libro La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en América latina (ver aparte).

¿Cuál es el origen de la tercerización laboral?

Victoria Basualdo: –La tarea de rastrear el inicio, la dimensión y el impacto del proceso de tercerización en términos territoriales nos resultó reveladora. Encontrarmos que es un problema presente en toda América latina y tiene su raíz en la historia económica y del trabajo internacional. La tercerización es el resultado de una transformación profunda de los procesos productivos, que llevó a las empresas madres a delegar parte de sus tareas a otras compañías para ganar competitividad a través de la reducción de los costos laborales. La clave es que apareció en escena un tercero en la relación tradicional entre capital y trabajo. El principal antecedente de este tipo de vínculo fue el caso japonés de la posguerra, donde los esquemas de subcontratación, que se identificaron con el nombre de keiretsu, ocuparon un rol central para flexibilizar la forma de organizar el capital de esa economía e impulsar el proceso de acumulación. A partir de esta experiencia, los esquemas de producción flexible y tercerización se extendieron hacia Estados Unidos, Europa y, finalmente, los países latinoamericanos.

¿Cómo impacta en las condiciones de trabajo de la región?

Diego Morales: –En América latina existe una masa importante de asalariados tercerizados. Las estimaciones para Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y México evidenciaron que entre un 30 y 40 por ciento de los asalariados formales están involucrados en distintas formas de subcontratación, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador el rango se mueve entre el 40 y 50 por ciento. Estos datos adquieren relevancia si se tienen en cuenta las diferencias notables que se producen entre los trabajadores de planta y los que están tercerizados. Los subcontratados, aunque hacen las mismas tareas, llegan a tener salarios que son la tercera parte de los del personal permanente, al tiempo que tienen derechos laborales muy inferiores y una mayor dificultad para organizarse. Limpieza, vigilancia y mensajería son las actividades más clásicas de tercerización, puesto que se consideran tareas periféricas en relación con las funciones principales de una empresa. Pero lo cierto es que también existen situaciones de subcontratación dentro de las propias líneas productivas de los establecimientos industriales.

¿El derecho laboral no impide la tercerización?

Diego Morales: –Las autoridades en América latina habilitaron este tipo de contrataciones. Existen algunas diferencias legales en el grado de responsabilidad que tienen las empresas principales sobre los empleados de la firma subcontratada cuando hay un caso de despido (o finalización del contrato). Más allá de esto, la reglamentación no avanzó en los últimos años para igualar las condiciones de trabajo entre el personal de planta y el que es de “la contrata”. En México, Uruguay y Chile se hicieron reformas en 2007 para regular la tercerización, las cuales potenciaron el problema, porque habilitaron a las empresas a delegar en un tercero cualquier tipo de actividad y por una cantidad de tiempo indefinido. Esto implica que el costo de tercerizar para las compañías retrocedió a prácticamente cero. La única excepción es el caso de Venezuela, porque es el único país donde se estableció que la tercerización es un fraude laboral y está prohibido por leyes del Congreso. Hay un control muy férreo del Estado para cumplir los objetivos del artículo 48 del código laboral venezolano.

¿Cómo es la situación en la Argentina?

Victoria Basualdo: –La tercerización avanzó en todas las ramas de la actividad económica, desde la esfera estatal hasta la industria, los servicios y la producción agropecuaria. Los inicios de esta modalidad de contratación se remontan a la dictadura militar, con el inicio de las políticas de flexibilización laboral y de apertura al libre mercado. Las reglamentaciones actuales respecto de la tercerización siguen siendo las mismas que se aprobaron en 1991. En el menemismo, el gran disciplinador de los trabajadores fue la desocupación, puesto que no había margen para hacer reclamos por mejoras salariales. A diferencia de esa situación, en los últimos años el fuerte crecimiento de la economía implicó grandes avances del mercado laboral a través de una fuerte creación de puestos de trabajo. Los logros fueron en la cantidad de empleo, pero ahora la deuda pendiente es la calidad. Las transformaciones de América latina y de la Argentina no alcanzaron para combatir las situaciones de precarización laboral. Uno de cada tres trabajadores se encuentra en la informalidad, mientras que una parte importante de los asalariados formales tienen una relación contractual poco clara.

¿Cuáles son las claves para avanzar contra la tercerización?

Diego Morales: –El aspecto normativo es una pieza fundamental. En algún sentido, fue una suerte que la Argentina no haya realizado en los últimos años cambios en la reglamentación vigente, debido a que los intentos que se hicieron en países como México, Uruguay y Chile terminaron institucionalizando el problema sin mejorar las condiciones de trabajo de la población. Lo ideal sería aprovechar esas experiencias, para no repetir los errores y ofrecer una mayor calidad de empleo. La posibilidad de una reforma legal del Código Laboral tiene que convertirse en un aspecto central de la discusión. El cambio de las normas es uno de los ejes de mayor potencialidad.

Victoria Basualdo: –Las iniciativas que se realicen tienen que enfocarse en los aspectos estructurales que se esconden detrás de la precarización. El punto central es que no existen pruebas de que la tercerización genere beneficio económico para el conjunto de la sociedad, pero lo que sí genera es una fragmentación del colectivo laboral, impidiendo la posibilidad de organización de los trabajadores. De este modo, la tercerización cumple un rol claro en la disputa entre el capital y el trabajo por la apropiación de los excedentes. Esto implica que los propios sindicatos son los que deben levantar la agenda de lucha contra esta modalidad de contratación. No puede pasar que el reclamo de los gremios se concentre en el Impuesto a las Ganancias, una reivindicación que puede ser importante para un sector, pero que deja afuera a muchos de los trabajadores.