La creación del fuero del consumidor con el objeto de brindar celeridad a la resolución de los reclamos de los usuarios y consumidores y donde regirá el principio de protección al consumidor; la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), donde el consumidor podrá lograr una audiencia con la empresa de cumplimiento obligatorio que permite además a la Secretaria de Comercio multar en caso de incumplimiento; la creación del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios para intervenir en estados previos de la cadena de valor; y la modificación de la ley de abastecimiento, obsoleta en algunos aspectos de su texto, han puesto en pie de guerra a dirigentes que suelen decirse defensores de los intereses de los consumidores.

El rechazo de algunos dirigentes opositores a la Ley de Regulación de la Relaciones de Producción y Consumo excede ampliamente el cuestionamiento a la letra de la norma. ¿Cuál es la razón de tal reacción? La resistencia de los defensores del establishment está ligada a la posibilidad de perder privilegios a partir de una mayor regulación estatal en la economía, en este caso sobre las cadenas de producción - industrialización - comercialización.

El reclamo, con variaciones de estilo y sofisticaciones, cae en el lugar común del establishment: el problema es la intervención estatal en la economía porque desalienta las inversiones. La solución implica que el Estado deje de arbitrar el “partido económico” y permita que los capitales y los bienes fluyan libremente. De ese modo, habrá inversión, empleo y crecimiento. Ya lo habían planteado meses atrás en el Foro de Convergencia Empresaria, a través del documento “Bases para la formulación política del Estado”, donde dos propuestas resaltaban en el apartado “económico” de esa declaración de principios: la “remoción de los factores que desalientan las inversiones” y la “eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones”.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, indicó hace unos días que esta medida le recordaba la decisión de Perón de crear la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el 27 de noviembre de 1943. Esa decisión trajo aparejada otra, la creación de los Tribunales de Trabajo, que tuvieron una característica trascendente: por primera vez, en caso de duda, se fallaba a favor del más débil, o sea del trabajador.

La ley apunta a equiparar entre quienes tienen poder y privilegios y quienes no lo tienen. Permite que los que carecen de tiempo para esperar, no saben cómo reclamar, o no tienen dinero para destinar a equipos de abogados puedan de todas formas lograr el éxito de sus reclamos. Y es el Estado el que lo garantiza. Pero no sólo a los consumidores: también a pequeñas y medianas empresas que suelen pagar los “platos rotos” cuando el poder concentrado avanza con políticas de concentración o presionando por devaluaciones bruscas.

El paquete de leyes le da sentido homogéneo a una serie de otras leyes: lealtad comercial, defensa de la competencia, defensa del consumidor, ley de abastecimiento. Otorga herramientas a los consumidores y al Estado, empoderando a los primeros a través de información sobre sus derechos y facilitando al segundo la posibilidad de actuar. Por eso, al margen de la grandilocuencia de las intervenciones de actores supuestamente afectados, la resistencia a la propuesta reside en impedir normativas que permitan tanto a los consumidores como al Estado neutralizar las prácticas abusivas de actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, han podido históricamente incrementar su margen de ganancia a través de distintas estrategias, pero particularmente mediante aumento de precios.

Concentración

En Argentina hay 700.000 empresas chicas y medianas. Y sólo 5000 grandes. La estructura de la economía presenta un funcionamiento condicionado por los grandes oligopolios formadores de precios. Los datos son elocuentes.

En lo que respecta a la producción, el mercado alimentario es un ejemplo de ello.

- En el caso de la cerveza, las multinacionales Quilmes, Cicsa y CASA Isenbeck se reparten el mercado a través de las marcas Quilmes, Schneider, Heineken, Stella Artois, Brahma, Warsteiner, entre otras.

- En yerba mate, el 50 por ciento depende de Las Marías, Hreñuk, Molinos Río de la Plata y La Cachuera.

- El 78 por ciento de los enlatados los produce Arcor.

- El 75 por ciento del azúcar blanca la produce Ledesma –del empresario procesado por delitos de lesa humanidad Blaquier–.

- Dos empresas (Bagley –grupo Arcor– y Kraft) controlan el 60 por ciento del mercado de galletitas.

- En panificados, Bimbo, multinacional de capitales mexicanos, controla el 80 por ciento de la producción través de las marcas Fargo, Bimbo y Lactal.

- Sólo dos empresas de capital nacional (Mastellone/La Serenísima y Sancor) controlan el 82 por ciento de la producción de leche.

- Coca-Cola y Pepsi controlan el 82 por ciento del mercado de gaseosas.

- Cuatro empresas multinacionales (Unilever, Johnson, Procter & Gamble y Reckit Benckiser) controlan el 83 por ciento del mercado de productos de limpieza (jabón en polvo, lavandina, desodorantes, detergente).

En la comercialización la situación no es muy distinta. En lo que refiere a las ventas de los supermercados, según datos para 2011, el Grupo Inc. (conformado por Carrefour, Día y Carrefour Express), con 600 bocas de expendio en todo el país, registró una facturación anual aproximada de 16.000 millones de pesos. Le sigue Cencosud (Jumbo, Disco y SuperVEA) de origen chileno, con 280 bocas y una facturación de 9700 millones de pesos. Coto, con 113 bocas facturó 5400 millones. Walmart Argentina (Walmart, Changomás y Changomás Express) con 61 bocas de expendio facturó 4000 millones. Finalmente, Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Anónima, Quijote y Best), con 112 puntos de venta, también rondó los 4000 millones de facturación anual.

La incidencia de la concentración en la formación de precios ha significado entre 2001 y 2010 que los precios de las industrias oligopólicas (ramas altamente concentradas) se incrementaran un 7,6 por ciento por encima del promedio sectorial, mientras que los precios de las ramas medianamente concentradas y las ramas escasamente concentradas retrocedieron un 10 por ciento respecto de la media fabril. Asimismo, en el período 2007-2010, las concentradas explicaron el 63 por ciento del incremento de precios mientras que las dos otras ramas explicaron el 23 y el 12 por ciento, respectivamente.

En el caso de otros rubros, que tienen que ver con los insumos difundidos, el escenario también muestra enorme concentración:

- Siderar, del Grupo Techint (familia Rocca), controla la producción de chapas del país.

- Dow Argentina, de capitales norteamericanos, controla toda la producción de polietileno, insumo clave para la industria plástica.

- Dak Americas, de capitales mexicanos, controla toda la producción de PET, otro insumo clave para la industria plástica, como las botellas de gaseosa.

- Aluar, de capitales argentinos, controla toda la producción de aluminio.

- Cuatro empresas (las multinacionales Loma Negra, Holcim y Avellaneda y la empresa de capital nacional Petroquímica Comodoro Rivadavia) controlan la producción de cemento.

Precios

Resulta iluminador el reciente informe que publicó la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. No suele haber información sobre el comportamiento de los supermercados en relación con su política de precios. De allí su importancia. Entre otros ejemplos, puede observarse que mientras el valor de compra para la yerba Taragüí de 500 gramos es de 13,24 pesos, la venta en Carrefour asciende a 24,71 pesos, un incremento del 86,6 por ciento. También el papel higiénico Higienol de 6 unidades, cuyo costo asciende a 13,05 pesos, Jumbo lo vende a 41,65 pesos (variación de 219,2 por ciento). Coto no se queda atrás: el queso cremoso La Serenísima (cremon frac) por kilogramo, cuyo costo es de 54,81 pesos, lo ofrece a 99,90 pesos, un 82,3 por ciento más.

Esta información es importante porque la ley es derivación del programa Precios Cuidados. Frente al éxito del programa (con consumidores que exigían precios razonables) y la decisión de la Secretaría de Comercio de avanzar en la discusión de márgenes de rentabilidad de la cadena de valor, la resistencia del sector empresarios se expresó en dos frentes. Por un lado, las empresas se negaron a informar sobre los costos en la cadena de valor y la integración vertical de la producción bajo la excusa del secreto comercial. Esa decisión fue acompañada con un conjunto de cautelares dictadas por la Justicia cómplice que impidieron a la Secretaría de Comercio cobrar un centavo de los 35 millones de pesos en multas aplicadas. Para aquellos “preocupados” por la arbitrariedad de la Secretaría de Comercio vale recordar que los países del Primer Mundo han multado con muchísima mayor intensidad: en 2013 la Unión Europea impuso multas por 2500 millones de dólares y Estados Unidos por 500 millones, que las empresas obviamente pagaron.

La resistencia del establishment articula diversas disputas orientadas a mantener su lugar privilegiado. En este sentido, el conflicto con los fondos buitre ha sido utilizado para multiplicar titulares con escenarios catastróficos que, evidenciando el deseo de su concreción, provocaron que tal conflicto oficiara de “puerta de acceso” para las operaciones político-económico-mediáticas.

Algunos de ellos fueron el paro de Moyano, con clara intencionalidad política; la caída de la venta de autos, la cual fue mediáticamente desvinculada de la relación económica con Brasil (y del impacto local de su crisis) y sobre todo de la política empresaria post devaluación de enero que encareció el financiamiento y aumentó los precios por encima del efecto de la variación del tipo de cambio; el tratamiento mediático de la decisión sobre las licencias no automáticas de la OMC, organismo dedicado a evitar la industrialización de países en desarrollo; el aumento del dólar ilegal y su interpretación como variable central del proceso económico y precio de referencia inflacionario; la retención de cosecha y la presión para una nueva devaluación; el conflicto con los fondos buitre y la resistencia de la oposición a acompañar un proyecto que modifica exclusivamente y de manera optativa el lugar de pago de los hold in; la insistencia sobre una crisis de empleo, obviando la nueva Ley de Promoción del Trabajo Registrado y la Prevención del Fraude Laboral y políticas como el Repro, que permitieron menos despidos que en 2012 y 2013 y mantener estable los asalariados registrados; la exaltación de “la mano invisible” del mercado que no debe ser afectada por la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo.

La discusión de fondo es sobre el patrón de acumulación, es decir, sobre la forma de ganar dinero en Argentina.

* Centro de Economía Política Argentina (Cepa).