La coyuntura de América latina presenta un escenario caracterizado por notables cambios sociopolíticos acontecidos en los últimos años donde confluyen oportunidades históricas en la lucha por la autonomía y la soberanía en la definición de las políticas públicas, y a su vez marcadas por tensiones y contradicciones vinculadas con la orientación y consolidación de los “estilos de desarrollo” promovidos por los países de la región.

Una de las encrucijadas centrales que se configuran en este contexto es la que resulta de la conjunción, por un lado, de la conveniencia de impulsar un desarrollo productivo nacional con capacidad de competir e insertarse en los mercados internacionales –consolidando a la vez una capacidad autónoma de decisión en este campo– y, por el otro, la emergencia de problemáticas socioambientales en torno de proyectos productivos cuya gestión implica modalidades diversas de asociación público-privada entre el sector gubernamental y el sector productivo.

Los proyectos vinculados con actividades extractivas en el ámbito de la producción agrícola y de papel a gran escala, la explotación minera y de los hidrocarburos, pero también las asociadas con la exploración de nuevas fuentes de agua dulce, la búsqueda de nuevas aplicaciones asociadas con la biodiversidad y la bioprospección, son algunos de los casos que están generando fuertes cuestionamientos sociales dadas las consecuencias ambientales, sanitarias, sociales y económicas asociadas con estos emprendimientos. Estas problemáticas, a su vez, transparentan la existencia de intrincadas contradicciones, que pese a las especificidades que adoptan en cada uno de estos escenarios, conforman una “matriz común” que atraviesa la gran problemática que encarna la cuestión del “desarrollo” en los países latinoamericanos y que involucra aspectos de índole social, política, económica, científico-tecnológica, industrial y ambiental.

Las complejas y diversas dimensiones que entran en juego en este marco, de alguna manera, dan cuenta de los enormes desafíos que debemos asumir como sociedad a la hora de abordar los conflictos, tensiones y contradicciones que atraviesan las oportunidades que hoy tiene América latina para redefinir los horizontes y los senderos de desarrollo que elige transitar.

Cabe aclarar que pese a que estas contradicciones son intrínsecas a todo “estilo de desarrollo”, no siendo exclusivas de los estilos predominantes hoy en esta parte del globo, la complejidad que encierran no justifica ni la naturalización ni la incuestionabilidad de la jerarquía que se establece, en un contexto histórico dado, entre las dimensiones en conflicto –por ejemplo, el crecimiento económico necesariamente debe promoverse a expensas del medioambiente–.

Sin pretensiones de ofrecer claves pragmáticas simplificadoras sobre estas contradicciones, que en definitiva revisten un carácter civilizatorio e histórico dado que no sólo afectan hoy a nuestra región pero sí adoptan en nuestro contexto una configuración particular, se desarrollarán algunas indagaciones y acercamientos teóricos parciales que pueden aportar elementos pertinentes para abordar estas problemáticas.

Contradicciones

Entre estas tensiones, se destaca el papel cada vez más protagónico que han adquirido los “nuevos movimientos sociales” en el cuestionamiento de las lógicas que subyacen a los proyectos extractivistas y que, paradójica o convenientemente, conviven con procesos de toma de decisión incapaces de expresar y responder a las necesidades, perspectivas y derechos de los sectores de la ciudadanía especialmente afectados. Estas limitaciones se asocian precisamente con los vicios intrínsecos a los mecanismos institucionalizados de la “democracia liberal”, en la que el problema de la democracia queda reducido a la legitimación del voto popular como la principal vía para la constitución de gobiernos y elites burocráticas “representativas” de los intereses del pueblo. En un plano más terrenal, esta pantalla democrática articulada con el “mito de la autoridad” encarnado por el saber experto, legitima la creación y actividad fugaz de comisiones ad hoc, que, en nombre de los intereses y necesidades de la ciudadanía y avaladas por la “neutralidad” del conocimiento científico que encarna parte de sus integrantes, deciden los ajustes y salidas provisorias más convenientes según el caso, hasta nuevo aviso. La consecuencia de estas lógicas en los hechos es profundamente desigual: los actores sociales más vulnerables sencillamente no logran que sus intereses sean representados en el sistema político con la misma facilidad con que lo hacen los sectores mayoritarios o los grupos económicamente fuertes que siguen ajenos a los riesgos, principalmente ambientales y sanitarios, que conllevan los proyectos extractivistas.

Otro de los aspectos que adquiere especial relevancia en el análisis de las implicancias del extractivismo, en el que la desigual distribución de sus males intenta cínicamente justificarse en la equitativa distribución de sus beneficios, es la noción de “incertidumbre”, la cual señala la certeza de que nuestro conocimiento de la realidad es limitado, por lo que una multiplicidad de eventos impredecibles, y que ni siquiera estamos en condiciones de conceptualizar, puede ocurrir, generando consecuencias indeseables y en muchos casos irreversibles.

De esto deriva que la complejidad e imprevisibilidad de los escenarios que generan los conflictos socioambientales determina que no necesariamente sea posible anticipar las potenciales consecuencias –la especificidad de la contaminación y la degradación ambiental, de los problemas sanitarios, del desplazamiento territorial de las comunidades locales, de la apropiación y control de los bienes naturales con la participación de capitales extranjeros– dado que el conocimiento del que disponemos no sólo es incapaz de describir todas las derivaciones posibles, sino que también se encuentra imposibilitado de dar cuenta de las interacciones que pueden desencadenarse entre las múltiples dimensiones que configuran una problemática socioambiental dada.

En este sentido, es importante señalar el papel desempeñado por el conocimiento científico y tecnológico en la descripción e interpretación de los riesgos asociados, y sus posibles impactos, reconociendo el hecho de que no pocas veces suele ser objeto de una clara manipulación orientada a sustentar abordajes sesgados y reduccionistas de las problemáticas socioambientales, que encuentra precisamente en la “incertidumbre” una herramienta útil para favorecer los intereses políticos y económicos de los actores con poder de coerción –multinacionales, Estado, lobbies con intereses económicos, industriales o geopolíticos, según los casos–.

A este trasfondo se suma una configuración sin precedentes del poder público que no sólo posiciona a la apropiación y control de los bienes naturales como eje fundamental de sus políticas económicas, sino que también desempeña un rol clave en la marginalización y contención de la protesta social asociada con estos conflictos.

En este estado de las cosas, los países de América latina se enfrentan a una encrucijada difícil de resolver en la que el imperativo del crecimiento económico, que las posiciones neodesarrollistas defienden como condición necesaria y falsamente excluyente para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, deberá engarzarse con los objetivos de autonomía e integración regional, y por sobre todo con modalidades de participación democrática que expresen y respeten fielmente las opciones y derechos de la ciudadanía.

Si es que los intereses genuinos de nuestros pueblos siguen estando en primer lugar, y si es que estamos en condiciones de asumir las implicancias de desentrañar cuán legítimas son las necesidades que los “estilos” dominantes, aquí y en el mundo entero, nos siguen presentando como tales.

* Magister en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (UBA) investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).