“Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42 y un 52 por ciento de soja, lo que representa entre 7000 y 11.000 millones de dólares de la cosecha 2013/14.” Esta es la conclusión a la que arribó un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), publicado en el transcurso de la semana pasada. Una vez descontadas las retenciones del 35 por ciento, los productores dejaron de percibir entre 4500 y 7150 millones de dólares.

“Las razones de la reticencia a la venta sólo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compense la caída de precios”, continuó el análisis del informe escrito por los economistas Ernesto Mattos y Nicolás Zeolla. La pronunciada (y prevista) baja en el precio de la soja terminó por jugarles una mala pasada a quienes optaron por especular.

El precio de la soja cerró el jueves en 355,14 dólares la tonelada en el mercado de Chicago. Es decir, una reducción del 42 por ciento en relación con el pico obtenido en 2013, cuando alcanzó los 620 dólares por tonelada. El precio promedio de la tonelada de soja en el Mercado de Chicago era de 476,7 dólares en enero de 2014, alcanzó su pico en el año con 560 dólares el 29 de abril y desde entonces comenzó su desplome, impulsado por los record de cosecha de Estados Unidos y Brasil.

Los altos niveles de retención de soja por parte de los grandes exportadores buscaron generar presiones sobre el tipo de cambio, al igual que lo ocurrido hacia fines del año pasado. Aquella situación fue la antesala de la devaluación de enero.

Esta compleja situación desempolvó nuevamente la idea de crear mecanismos de comercialización de granos con una mayor injerencia del Estado. Sin bien es difícil reeditar las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, ya que el Estado vendió toda su infraestructura, hay sectores dentro del kirchnerismo que están pensando en esquemas alternativos, como una Agencia Nacional de Granos que tenga capacidad de operar con los contratos a futuro, adquiriendo la producción directamente de los productores, y pagando el precio pleno.

Incluso, para realizar una analogía, dicha agencia podría ser lo que YPF es al sector de los hidrocarburos, una empresa que desde su actividad termina regulando el resto del sector.

La sola mención de este tipo de proyectos también funciona como un “disciplinador” de corto plazo del mercado. Por el momento, la principal estrategia del gobierno nacional ha sido sentarse en la mesa de negociaciones con las propias exportadoras. Como resultado, aumentó la liquidación de divisas la última semana.

Las compañías de la industria agroexportadora liquidaron casi 386 millones de dólares en el transcurso de la semana pasada, según datos elaborados por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Esto equivale a un 73,1 por ciento más que la semana anterior, mientras que el acumulado anual continuó en baja por sexta semana consecutiva.

“Resulta interesante preguntarse por las herramientas que tiene el Estado para coordinar las presiones cruzadas que se reciben desde el sector e intervenir a favor del equilibrio macroeconómico por un lado, y en beneficio de los pequeños productores que no tienen espalda financiera para realizar estas maniobras, por el otro. La respuesta podría venir del lado de la política pública, pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo”, indicó el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.