El ministro de Economía, Axel Kicillof, y la cúpula empresaria debatieron una amplia agenda de temas: mercado cambiario, Ley de Abastecimiento, litigio con los fondos buitre. La reunión había sido solicitada por el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, en representación del autodenominado G6. Además de la CAC, ese grupo de lobby empresario está conformado por la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Asociación de Bancos Privados, la Cámara Argentina del Comercio y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El cónclave tuvo asistencia casi perfecta, ya que la única ausencia fue la del representante de la entidad ruralista. El presidente de la SRA, Luis Etchevehere, declaró que “siempre mostramos la voluntad de dialogar, pero este gobierno eligió no recibirnos. Plantean una reunión a agenda abierta que conduce a ningún lado. Es fuego de artificio. El día que convoquen a la Mesa de Enlace a debatir en serio los problemas de la producción argentina, allí estaremos”.

La conducta de Etchevehere es coherente con el “relato” difundido por las cuatro principales entidades gremiales agropecuarias. Para ellas, las políticas kirchneristas perjudicaron y atacaron al “campo”. Dicen que la animosidad oficial contra los productores no tendría límites. En esa línea, el presidente de la SRA denunció que “es muy probable que puedan entrar a los campos y decomisar los granos que se están acopiando”, aludiendo a la virtual aplicación de la ley de regulación de las relaciones de producción y consumo.

Más allá de los exabruptos, la mayoría de los dirigentes ruralistas coinciden en trazar escenarios dramáticos para los productores agropecuarios. Lo cierto es que el panorama actual es muy diferente de la crítica situación de los noventa. La etapa de la convertibilidad culminó con trece millones de hectáreas hipotecadas y 350.000 productores quebrados. La creación del Movimiento Mujeres en Lucha, en 1995, respondió a la necesidad de frenar la ola de remates.

La situación actual es incomparable: remates inexistentes, reducido endeudamiento sectorial y fuerte incremento patrimonial por valorización de la tierra. Durante la última década, el incremento del precio por hectárea fue cercano al 200 por ciento (en dólares), según la Compañía Argentina de Tierras. Por otro lado, el sector recibió cuantiosos subsidios indirectos a través de los aportes científicotecnológicos suministrados por diversos organismos oficiales (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Esa silenciosa contribución estatal al desarrollo sectorial se encuentra invisibilizada. El ejemplo más evidente es la tarea desarrollada por el INTA, ya que se trata de la principal institución dedicada a la investigación y desarrollo agropecuario. El investigador Pablo Pellegrini sostiene en Argentina: evolución del presupuesto y del personal del INTA (1958-2010) que “a partir de 2004 se abre una etapa de gran afluencia de recursos para la institución. No solamente crece de un modo inédito la cantidad de personal del INTA, sino que el presupuesto con que cuenta la institución se destaca por sobre toda la etapa anterior. En lo que respecta a la planta de trabajadores, en siete años se duplicó”. Por su parte, el presupuesto asignado es el segundo más importante de los organismos de ciencia y tecnología de la Argentina, sólo por debajo del Conicet.

La situación contrasta con lo ocurrido durante la década menemista. “A partir de 1990 comienza un profundo proceso de pérdida de personal de la institución que se prolonga hasta 2003, período durante el cual el INTA pierde 2250 trabajadores. En este contexto, hubo un intento de privatizar el INTA, bajo la premisa de que el Estado no debía sostener este tipo de instituciones, y si bien no llegó a ser privatizado, sus capacidades se vieron seriamente mermadas”, concluye Pellegrini.

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