En una reciente nota publicada en el diario La Nación, un economista ultraortodoxo plantea al “cepo cambiario de octubre de 2011” como “una nueva y enésima ruptura del derecho de propiedad (el derecho de la gente a atesorar dólares)”. Esa medida habría generado “un contexto de gran desconfianza” por el que “la gente comenzó a dolarizar lo poco o mucho de su patrimonio”. El mediático economista liberal propone como única alternativa para terminar con las presiones cambiarias que jaquean a la economía nacional: “Un plan antiinflacionario de ajuste monetario y del gasto público que sea duro, sólido y creíble”. Ese plan opositor ya cuenta con la venia del sindicalista Hugo Moyano, quien manifestó su predisposición a acompañar con “responsabilidad el futuro gobierno” que “como van las cosas, va a tener que producir ajustes muy duros”.

Más allá del particular constitucionalismo de ese economista que equipara el derecho de propiedad con una política de desregulación cambiaria, en su análisis pasa por alto que la dolarización del patrimonio de “la gente” anticipó temporalmente al “cepo”. Fue justamente la masiva fuga de capitales que superaba los 3000 millones de dólares mensuales en septiembre de 2011 y acumulaba unos 79.000 millones de dólares desde su comienzo en 2007 la que motivó la imposición de restricciones a la compra de dólares. Se puede estar de acuerdo o no con la medida debatiendo su efectividad para terminar con la corrida, pero no se la puede responsabilizar de ser impulsora de un hecho que la antecedió y justificó. Ese error de diagnóstico, puede llevar a sugerir que la incertidumbre cambiaria y la fuga de capitales podrían solucionarse levantando el “cepo”. Por el contrario, el resultado más probable de semejante medida sería acelerar la pérdida de reservas derivando en una suba descontrolada del dólar oficial de consecuencias desestabilizadoras.

Tampoco queda claro por qué razón un “duro, sólido y creíble” plan de ajuste terminaría con la corrida cambiaria. La solución del economista ortodoxo al “exceso de oferta de pesos” y su contraparte, “el exceso de demanda de dólares”, parece ser una brutal baja de la actividad económica que derrumbe los ingresos de los argentinos. De esa manera ya no se dolarizarían los ahorros, pero no porque se haya terminado la incertidumbre, sino porque no habría más capacidad de ahorro. Es decir que la solución propuesta para prevenir una crisis económica es provocar en forma deliberada una crisis económica, una política que ya se intentó en la agonía de la convertibilidad con un pésimo resultado.

Tampoco la inflación cedería al plan de ajuste, si bien su dureza puede llegar a mellar en algo la capacidad de los trabajadores de recomponer el salario y de los empresarios que venden al mercado interno de recomponer sus márgenes de ganancias. Si se tiene en cuenta que el componente central de la actual suba de los precios es la inercia inflacionaria, los precios continuarían su carrera alcista aún con la actividad económica derrumbada y una oferta monetaria en contracción. La experiencia del presente año, donde el impulso a la inflación generado por la devaluación no cedió pese a que la actividad económica se estancó y el Banco Central contrajo la oferta real de dinero, debe permitir sacar conclusiones sobre las causas y posibles soluciones al problema de la inflación que superen el mediático slogan ortodoxo de un supuesto exceso general de demanda impulsado por un excesivo gasto estatal.

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