Por Gerardo Otero *

La inseguridad avanza sobre el país. Sus causas son diversas, pero una es la marginalidad social que, debe decirse, no es sinónimo de pobreza. No se oculta a nadie que quienes se ven marginados de la sociedad suelen ser tentados a delinquir, con el falaz argumento, que brindan aquellos que eligieron automarginarse, de que “es más fácil y retributivo que trabajar”. El epicentro de la violencia delictiva y de la marginalidad social se encuentra en el Conurbano bonaerense, donde viven más de 8 millones de personas apiñadas en un territorio que abarca sólo el 2 por ciento de la superficie provincial. Esas personas, en muchos casos víctimas y en otros victimarios, son nativos de casi todas las provincias. Lo que confirma que se trata de una problemática nacional (no sólo “de la provincia”) y reclama soluciones del mismo orden.
Gran parte de la marginalidad se explica en la profunda crisis económica, política y social. Que, en el caso de la provincia, se agrava por la discriminación fiscal que genera la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Origina, por ejemplo, que para una población de 14 millones de habitantes distribuidos en 300 mil kilómetros cuadrados tenga 45 mil agentes policiales, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes en 300 kilómetros cuadrados, cuenta con 30 mil policías.
Esa discriminación nos perjudica y se advierte al recordar que la provincia, con el 38 por ciento de la población, percibe sólo el 22,6 por ciento de las transferencias a provincias. Que, además, no recibe nada de las retenciones a las exportaciones, cuando aporta más del 30 por ciento de lo que recauda la Nación. Si las transferencias a Buenos Aires fueran proporcionales a las de distritos de similar desarrollo relativo -Córdoba, Mendoza, Santa Fe–, nuestros recursos crecerían en 2 mil millones de pesos al año, suma muy superior al déficit que tuvimos en el 2002 (1200 millones) y casi el triple del que tendremos este año.
En el 2002 y el 2003, ante la crisis, debimos impulsar diversas acciones para bajar el gasto, que el primer año fue inferior en casi 500 millones de pesos respecto del 2001, reducción que no puede ser mayor debido a que más del 70 por ciento del gasto está vinculado con los servicios básicos: educación, salud, seguridad, Justicia y programas sociales. Y que, ante la demanda en las áreas críticas, en el 2003 debió crecer.
Con una coparticipación muy inferior a la que nos corresponde, resultan vitales la recaudación propia y el financiamiento. Pero éste está cerrado. Aun así se está cumpliendo con el Programa comprometido con la Nación. Desde julio del 2002 no emitimos patacones y ya comenzamos a rescatarlos. Y estamos dando una dura batalla a la evasión impositiva, con muchas y rigurosas acciones de administración tributaria que posibilitaron aumentar la recaudación propia.
En los años ‘90 se concretó una visible transferencia de responsabilidades de gastos a las provincias, sin compensación en la atribución recaudatoria. Ergo: más gastos para las provincias, con menos recursos. Contrasentido que se patentizó en los Pactos Fiscales de los ‘90 y en los suscriptos con el gobierno de la Alianza. La distribución primaria de la coparticipación –entre Nación y provincias– y la secundaria –entre provincias– son injustas y no responden a parámetros objetivos.
Un esquema inequitativo, arbitrario e ineficiente, determina que los bonaerenses “recibamos”, por ejemplo, 219 pesos cada uno por transferencias nacionales, cuando el promedio del país es de 434 y de 336 el de las provincias de desarrollo similar a la nuestra. Tenemos el menor gasto público por habitante, 721 pesos; el promedio nacional es 1059; la menor cantidad relativa de agentes públicos: 29 cada mil habitantes; promedio nacional, 42 cada mil; y el menor gasto en personal: 385 pesos por año por habitante, con un promedio nacional de 563 por año por habitante. En lo inmediato, el Gobierno nacional debe brindar respuestas, destinando recursos para atenuar la difícil problemática que afrontan los grandes conglomerados, tanto en materia financiera como de seguridad, educativa o de seguridad social, sea en el Conurbano bonaerense, el de Rosario, Córdoba u otro. Hay que corregir este esquema que hoy, dado que el Gobierno nacional dispone de una desmedida concentración de recursos, es típico de un país no federal. Debemos contar con mayor correspondencia fiscal: quien ya tiene la responsabilidad de gastar, también debe tener la de recaudar.
Las remesas, que bajo un esquema devolutivo le correspondería percibir a Buenos Aires (por su contribución al PBI global o por su peso relativo en el conjunto del país, por población o por familias con NBI), son de tanta importancia que, de recibirlas, podría alcanzar con rapidez el equilibrio presupuestario. Y contar con más recursos para áreas críticas, como programas sociales y seguridad. O recomponer los salarios de los agentes del Estado. Buenos Aires sólo procura el sinceramiento en las relaciones financieras entre la Nación y las provincias, que servirá, por ejemplo, para combatir la inseguridad. O atenuar la marginalidad social. Y será un tributo a la equidad.

* Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires.