Al menos desde la recuperación de la democracia, los avatares del endeudamiento externo ocuparon la centralidad de la política económica. Fue la consecuencia de la elección de un modelo de inserción internacional, la del desarrollo dependiente subordinado a las potencias occidentales; a la lógica del poder financiero global. El resultado de la elección, el juicio histórico, fue la terrible crisis de 2001-2002. La lección fue que el desarrollo dependiente es imposible aun siguiendo a rajatabla las políticas demandadas por la metrópoli: el neoliberalismo más ramplón del llamado Consenso de Washington. Pero a partir de 2003 la política económica local y su inserción internacional dieron un vuelco. Su correlato fue el desendeudamiento. En tanto los pagos de deuda en divisas constituyen el principal mecanismo moderno de extracción colonial del excedente, la actual administración trabajó para reducirla. La abrupta caída en la relación deuda en divisas-PIB será una de las principales herencias de la última década.

Sin embargo el cambio de paradigma significó romper con grandes poderes globales y sería ingenuo pensar que no tendría consecuencias. El apoyo del Poder Judicial estadounidense, es decir; el apoyo de Estados Unidos, a la estrategia de negocios de los fondos buitre para voltear toda la reestructuración de la deuda representa el mejor ejemplo. En contraposición, el curso de acción seguido por Argentina mostró las posibilidades de resistencia de un país con voluntad política para cambiar de rumbo.

Si bien el proceso del desendeudamiento iniciado en 2005 no estuvo libre de escollos, el fallo del emplumado Thomas Griesa de mediados de 2014 marcó un punto de inflexión. Los voceros locales de los litigantes más agresivos proclamaron por todos sus medios que no existía otra alternativa que “pagar sin chistar” la insólita resolución judicial. Si no se aceptaba esta decisión, agregaban con excitación, lloverían las plagas, acontecería el default, el país nunca podría volver a tomar deuda y, en consecuencia, se ahogaría en su eterna escasez de divisas.

Cambio de lógica

Esta semana, por primera vez desde 2003, el país licitó deuda en divisas en el mercado. Aunque el plan original era tomar 500 millones de dólares, la lluvia de ofertas recibidas elevó la cifra a 1415 millones. La tasa pagada es todavía elevada en términos internacionales, 8,9 por ciento, pero poco tiempo atrás era impensable colocar esta clase de títulos a menos de dos dígitos. En sucesivos diálogos informales con miembros del equipo económico sobre los pasos a seguir para administrar la restricción externa, la respuesta siempre fue que se disponía de una amplia oferta internacional de divisas, pero a un nivel de tasas todavía no aceptable. Pero el momento de la tasa de un dígito llegó y dio por tierra una vez más con los pronósticos apocalípticos y los intentos de boicot.

Dado el acoso buitre y el supuesto default, el éxito de la operación fue el dato sobresaliente, pero no menos importante fue el cambio de lógica en la mecánica del endeudamiento:

- Primero: Para la emisión de nueva deuda no existió sometimiento a condicionalidades de política ni se recurrió a la intermediación de ninguna entidad financiera, lo que en la práctica significa una sensible reducción de la tasa que efectivamente se pagará, salvo que se crea que comisiones y condicionalidades no implican costos.

- Segundo, algo que a la luz de la experiencia histórica debería parecer obvio, aunque no lo fue entre 1976 y 2010: la emisión de títulos se realizó bajo legislación local, sin prórroga de jurisdicción, un cambio histórico.

- Tercero: A diferencia del pasado no se tomó deuda para pagar deuda, sino para fines específicos de desarrollo de infraestructura. Los 500 millones originalmente planeados serán destinados a un plan de viviendas. Pero en rigor estas obras se hacen con pesos y los dólares se destinarán a reforzar reservas, lo que en la práctica brinda certeza sobre la estabilidad macroeconómica, permite financiar importaciones y expandir el Producto.

El desprestigio

Otro dato central junto al cambio de lógica fue que el éxito de la operación se produjo a pesar del decidido acoso del Poder Judicial estadounidense, las trabas de las cada vez más irrelevantes calificadoras de riesgo y los fondos buitre.

En consonancia con la emisión, calificadoras y buitres intentaron por todos los medios amedrentar a los inversores, las primeras bajando la “calificación” de la deuda local, los segundos amenazando con la posibilidad de interferir también en los cobros de las nuevas emisiones. Siempre rápido para los mandados, a 24 horas de la operación, Griesa llamó a audiencia para que se brinde información a los buitres sobre los actores intervinientes. Se llega así a un nuevo absurdo de un juzgado extranjero que intenta interferir en una acción soberana de otro Estado, bajo la legislación de ese otro Estado y en asuntos en los que jamás se le dio parte. Fiel a su estilo, la prensa griesista local, que había minimizado la emisión de deuda por 1415 millones en las tapas del miércoles, exaltó la jugada buitre en las primeras planas del jueves.

En este contexto político, en el que algunos actores todavía recurren a eufemismos como “cumplir los contratos”, “respetar las deudas” o “aceptar las reglas a las que te sometiste voluntariamente”, resulta indispensable repasar el acoso contra la economía argentina motorizada por los fondos buitre. Más aun cuando el affaire Nisman mostró que el acoso puede ir mucho más allá de lo estrictamente económico y alcanzar límites insospechados.

Si bien la dimensión económica suele ser la faceta más conocida, pues finalmente se discute dinero, la agresiva pelea que disparan los buitres contra los países incluye, como herramienta paralela a la guerra judicial, el factor desprestigio: del país, de su economía, de sus gobiernos y de las personas que gobiernan. A eso apunta centralmente la tarea de lobby de organizaciones como ATFA, literalmente “Fuerza de Choque Estadounidense contra Argentina”. El carácter de “estadounidense” se presume como estrategia de marketing político, pues los tenedores del grueso de la deuda en litigio tienen, como Paul Singer o Kenneth Dart, domicilio fuera de Estados Unidos y en plazas tan acordes como las Islas Caimán. El mismo Dart renunció a su nacionalidad estadounidense por razones estrictamente impositivas.

La idea que transmite el lobby buitre es muy transparente: quienes se atrevan a desafiar a los “Hedge Founds” deben saber que serán atacados por todos los frentes, un factor disuasorio con efecto potente entre gobernantes pusilánimes o con muertos en el ropero. Es en la dimensión del desprestigio, entonces, donde debe buscarse la afinidad con grupos locales que disputan poder con el gobierno. No se trata necesariamente de una posible relación crematística, sino de intereses comunes que los buitres saben explotar. Dicho de otra manera, lo que une a los “holdouts” con la sedicente prensa independiente o alguna que otra embajada es el enemigo común y no sólo un presumible flujo de caja.

Un repaso

En esta línea, la actividad de ATFA se concentró en la difamación personal de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su familia y en la publicación de datos falsos sobre la realidad económica y política del país, en ambos casos usando como vía principal, pero no única, los grandes medios de comunicación. El objetivo indisimulado fue, precisamente, el desprestigio del país y su gobierno para predisponer a jueces y legisladores estadounidenses a actuar contra la Argentina. Por este camino consiguieron no solo legislación hostil para cualquier acción bilateral entre Estados Unidos y Argentina, sino también los mismos fallos judiciales.

La vía de acción sobre los grupos de “influyentes” fueron los sobornos encubiertos a través de la fachada del aporte a campañas políticas, algo legal en Estados Unidos, el financiamiento de ONG, entre ellas algunas integradas por opositores argentinos, como la macrista Laura Alonso, el pago de solicitadas y variadas alternativas para sumar a “formadores de opinión” de la prensa.

No obstante, la creciente desesperación de los buitres por la imposibilidad de conseguir dinero vía embargos, como el de la emblemática fragata Libertad, aunque existieron otros 27 casos ganados por el país, o por la sostenida negativa del ministro Axel Kicillof a pagar en los términos del insólito fallo de Griesa, llevó a profundizar los intentos por interferir, también con escaso éxito, en cualquier operación externa. Entre los intentos más recientes se destaca el pedido para que se retengan activos de YPF y Chevron tras el acuerdo para la explotación de Vaca Muerta, la demanda de búsqueda de activos físicos de YPF en California o, ya en el límite del ridículo, la amenaza del fondo NML de que estudiaría los acuerdos entre Argentina y China para embargar los préstamos que concediera la nación asiática, acción que incluyó el “emplazamiento” al Bank of China para que informe sobre el contenido de los acuerdos. Ya en el plano del desprestigio personal, puede recordarse el pedido a un juez de Nevada para “buscar y embargar activos de la familia Kirchner”, con mucho humo, pero con amplia repercusión en la prensa local.

Otra importante línea de desprestigio personal fue aprovechar las disputas internacionales entre Estados Unidos e Israel con la República Islámica de Irán para asociar a la Presidenta argentina con “el estado terrorista iraní”, situación que se desató a partir de las debates por el Memorando de Entendimiento con Irán y que alcanzó su cénit con la denuncia contra CFK del fallecido fiscal Nisman.

Si se piensa en la gravedad de esta sumatoria de hechos, que incluyen inevitablemente la participación de ciudadanos argentinos, resulta llamativo que todavía ningún fiscal de la república haya intentado investigar una muy posible y gigantesca asociación ilícita, de dimensiones internacionales, cuyo objeto fue y es dañar a la economía y desestabilizar al gobierno, con mucho ruido aunque, justo es reconocerlo, con escaso éxito.

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