O inventamos o erramos sentenciaba Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, en medio de los procesos emancipatorios de las distintas colonias de América latina. Eran tiempos difíciles en donde las batallas locales tenían repercusiones dentro y fuera del territorio. Eran momentos en donde avanzar era la única alternativa, aun sin el convencimiento y mucho menos la certeza de cuáles iban a ser los frutos reales de todos los esfuerzos realizados.

El proyecto político kirchnerista ha realizado sustantivas e indiscutibles mejoras desde el punto de vista económico y social que han transformado radicalmente la realidad de millones de argentinos y argentinas que hoy pueden soñar con un mañana mejor, para ellos y sus afectos más cercanos. Ha reconocido derechos, otorgado palabra y visibilizado sectores que habían sido postergados y empujados al ostracismo por más de 25 años de un proyecto neoconservador (desde lo político) y neoliberal (desde lo económico) llevado a cabo por gobiernos dictatoriales y democráticos. A pesar de ello o, precisamente por ello, el universo discursivo neoliberal sigue inundando los ámbitos académicos, recorriendo canales de televisión y saturando las conciencias que conforman un sentido común que reproduce acríticamente las “verdades” de un sector como propias aunque estén en contra de sus propios intereses. De este modo, en el campo económico se repite (y escucha) hasta el hartazgo, la inevitabilidad de la devaluación porque el tipo de cambio está atrasado y hace falta que sea más competitivo; la necesidad de pagar a los fondos buitres si se quiere salir del aislamiento y volver a los mercados; la inflación descontrolada y la consecuente obligación de disminuir el déficit fiscal y frenar la emisión monetaria para combatirla. Estas “verdades” se nos presentan no como proyectos políticos alternativos al vigente sino como “verdades” técnicas y neutrales desprovistas de ideología, de historia e intereses. Es así que, por ejemplo, el supuesto efecto negativo de las políticas sociales sobre una teórica “cultura del trabajo”, que sí tendrían quienes no son beneficiarios de las mismas, se nos presenta como una verdad revelada e indiscutible. Las batallas culturales que se dan en el campo económico son similares a las que se dan en otros campos. Es que en realidad lo que discutimos en economía integra un campo de lucha mayor que no es otro que el de las clases populares presionando y exigiendo el reconocimiento y efectivo ejercicio de cada vez más derechos. En el campo educativo esta discusión sobre la ampliación de derechos se manifiesta, entre otros lugares, en las tensiones que genera la implementación de la obligatoriedad de la educación en la escuela secundaria. Un mandato fundacional selectivo y elitista marcó a fuego el nacimiento de la escuela secundaria en nuestro país. Bajo dicho manto se constituyeron discursos, prácticas, visiones y prejuicios en torno a las prácticas docentes, el rol de la escuela y sobre todo al fracaso escolar. Una escuela no obligatoria depositaba casi con exclusividad las causas del fracaso escolar en las y los estudiantes que “fracasaban”. Pruebas objetivas, individuales y “desprovistas de ideología” a tiempo que generaban competencia y “motivación” se traducían en calificaciones numéricas, técnicas y neutrales que, eran el “fiel reflejo” del desempeño. Las causas de la no aprobación podían ser varias pero todas tenían un común denominador, el problema estaba en el o la estudiante. La falta de esfuerzo, el no traer materiales, el coeficiente intelectual, la falta de capacidad, el ausentismo, todas eran explicaciones que eximían de culpa y cargo a los docentes y por ende al Estado. El reconocimiento del derecho a la educación establecido en la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005) conjuntamente con la garantía y responsabilidad Estatal en su efectivo cumplimiento establecido en la Ley Nacional de Educación (2006), configura un nuevo rol del Estado y, por ende, de los agentes estatales encargados y responsables de brindar educación, los docentes. Es el Estado el que tiene que garantizar el derecho y no las y los jóvenes los que tienen que “ganárselo compitiendo”. En el mismo sentido, entonces, el fracaso escolar deja de ser atribuido exclusivamente a “falencias” de las y los estudiantes para pasar a interpelar en primer lugar (aunque no con exclusividad) al docente y a sus prácticas. El proceso de reconocimiento y ampliación de derechos ha generado tensiones y resistencias y dista por mucho de ser armonioso y ordenado. En el sistema educativo subsisten discursos y prácticas elitistas que entienden que la educación, en especial el nivel secundario, no debe ser para todos. En el marco del Programa Nacional de Formación Permanente (2014), un programa de capacitación docente en servicio y por tres años en el que el año 2016 estarán incluidos todas las escuelas y docentes del país, las escuelas y los docentes piensan, debaten y repiensan estás cuestiones de modo situado, es decir, cada escuela según su realidad. Las batallas culturales que se dan en el campo educativo, análogas a las que se dan en el campo económico, al tiempo que son esenciales para legitimar, sostener y efectivizar las políticas públicas implementadas, promueven y visibilizan cuestiones que serán el fundamento de las políticas públicas que todavía, tal vez, ni siquiera se han pensado. Ningún proyecto político que tenga pretensiones de construir hegemonía puede prescindir ni escatimar esfuerzos en las batallas culturales, en la lucha por los significados, por nombrar las cosas, porque el nombrarlas posibilita pensarlas y actuar sobre ellas.

* Docente UNLZ-FCS. Colectivo Educativo Manuel Ugarte

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