Un informe presentado por la Asociación de Vendedores Independientes de la Vía Pública (Avivpra) a la Secretaría de Coordinación Técnica revela que los trabajadores ambulantes evaden al fisco 143 millones de pesos anuales. Esa cifra sólo contabiliza 7840 trabajadores de la vía pública que facturan alrededor de 600 millones de pesos. Pero según el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina, la cantidad de esos trabajadores a nivel nacional alcanza al millón, de los cuales la mitad practica la modalidad de venta “puerta a puerta”. Así esos trabajadores informales representan para el Estado una pérdida estimada –sólo en concepto del monotributo– de 1056 millones de pesos anuales.
El Gobierno lanzó un programa de lucha contra la evasión fiscal, lo que abre un nuevo escenario para regular esa actividad informal que se ha incrementado en los últimos diez años. La propuesta de Avivpra postula el ingreso de esos trabajadores a la formalidad mediante la inscripción al monotributo como requisito para la admisión en la actividad. Y también la obligación de exhibir las facturas de compra de la mercadería de reventa y de materias primas para el caso de artículos de producción artesanal. De esta manera se producirá “la ruptura de la cadena de evasión proveedor mayorista-vendedor y se erradicará la cadena de comercialización de productos de marca adulterada y mercadería de contrabando que encuentran en la vía pública circuitos de venta paralelos”, se señala en el informe.
Para Humberto Giordano, vicepresidente de la Federación de Comercio de Buenos Aires, “la venta clandestina es una desleal competencia al comercio establecido”. La evasión impositiva no sólo alcanza a los trabajadores ambulantes que son un eslabón de la cadena sino además a las empresas fabricantes y proveedoras de mercancías. Las firmas que utilizan el sistema de comercialización puerta a puerta se amparan en la figura de “revendedoras” y “promotoras” para ocultar relaciones laborales con el personal, y así evadir aportes previsionales y sociales.
Oscar Silva, titular del sindicato del sector, explicó a Cash que “las grandes empresas de cosméticos, de ollas, sartenes y lencería recaudan fabulosas ganancias a través de vendedores ambulantes con quienes las firmas no reconocen ninguna responsabilidad ni vínculo que los obligue a efectuar aportes o reconocerles derechos laborales”. Pero las negociaciones están encaminadas. Por primera vez en 20 años los dirigentes del sindicato de vendedores ambulantes fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo, que tiene bajo análisis la regularización de la venta domiciliaria.