Después de haber dirigido la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), entre el 2000 y el 2001, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre el 2002 y el 2011, Enrique Martínez coordina actualmente el Instituto para la Producción Popular –de la Asociación Civil Construcción Colectiva–, cuya consigna es “alcanzar la democracia económica y la libertad absoluta para trabajar”. En diálogo con Cash, advirtió que las medidas del flamante gobierno de Mauricio Macri responden al manual del libre mercado, una lógica que “hace doscientos años viene fracasando y seguirá fracasando”.

¿Qué opina de las últimas decisiones del gobierno de Mauricio Macri, en materia económica?

–Responden al manual del libre mercado que se ajusta automáticamente. Todo el poder al sector financiero y a las grandes corporaciones, suponiendo que decidirán inversiones y generarán empleo, crecimiento y bienestar general. Ese supuesto ya demostró ser falso. Habrá más especulación financiera, inversiones concentradas en los aspectos más extractivos de los recursos naturales y del agro; la variable de ajuste será el salario y la calidad de vida.

¿Existe algún rasgo novedoso respeto de otros gobiernos de corte neoliberal?

–Tiene aspectos peores, ya que coloca como actores principales a gerentes de corporaciones multinacionales. Un grupo social con historia de no tener creatividad ni iniciativa. Si repiten esas lógicas en la función pública, se agrava el problema.

¿Es posible desarticular lo que se ha hecho en los últimos doce años?

–Es difícil desarticular derechos adquiridos en la base social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la movilidad jubilatoria. El resto va a depender del clima general de la actividad económica, incluyendo las paritarias. La capacidad de defender los derechos de los trabajadores está mediada y se encuentra a cargo de un sector sindical, que tiene flancos débiles y puede ser presionado.

¿Cómo cree que se recuperará la transferencia de recursos del Estado hacia el sector agrario?

–Si reducen moderadamente los subsidios van a compensar la reducción de ingresos. Lo que no está claro es cómo van a compensar el crónico déficit de divisas sino es por incremento de la deuda. El país tiene un déficit estructural, que el kirchnerismo ignoró. El pago de la deuda fue virtuoso, pero girar regalías, pagar importaciones controladas por filiales multinacionales y atender un comercio exterior regulado por multinacionales, es una debilidad estructural.

¿Qué sustentabilidad social tendrán estas decisiones?

–La caída del salario real ya se produjo. Frenar la inflación les va a dar aire y la clase media tendrá los atributos de vinculación con el dinero que siempre quiso, con un apoyo social parecido al de los años ’90. Sí aparecerá estrechez de la demanda laboral, con la consecuente dificultad para conseguir trabajo y una baja en los salarios nuevos, eso generará tensión social. Una cuestión que este gobierno no tiene previsto resolver.

¿Cómo cree que será la relación con los países de la región?

–Las alianzas estratégicas terminaron con la muerte de Néstor Kirchner. El nuevo gobierno piensa totalmente en términos comerciales y eso desintegra la región. Al gobierno le va a interesar que se sumen Chile y Perú, pero mientras Bolivia y Ecuador estén presentes habrá debate sobre los modos de desarrollo. Venezuela está en una dolorosa crisis, espero que la puedan resolver.

Usted fue presidente del INTI, ¿qué le parece la designación del nuevo titular?

–No lo conozco, pero el INTI debe apoyar la producción popular, porque no existen en el país un organismo tecnológico que pueda suplir la demanda de conocimiento de aspectos productivos en la base social. El INTI estaba comenzando a entenderlo. No solo hay que trabajar con las empresas consolidadas, hay que cruzar el umbral y salir a la gente.

¿Qué lugar le otorga a la articulación en la economía popular?

–Es imprescindible articular cuando se trata de producción popular. Ese enorme mundo evidencia que no contamos con democracia económica. Peleamos por la democracia política muchos años y conseguimos lo que tenemos. Incluso que gobiernos liberales accedan a través del voto. Pero el sistema no permitió la democracia económica. El derecho a votar en la economía no existe, sólo tienen libertad los poderosos. El joven con una buena idea no tiene crédito, la pyme quiere vender y no puede, y el productor de la agricultura familiar depende de intermediarios.

En los últimos años se desarrolló un trabajo entre el Estado y las organizaciones de la economía popular

–Queda en evidencia la categoría de los excluidos. Se peleó por los derechos de esos excluidos y se consiguió un reconocimiento mínimo del Ministerio de Trabajo. Pero esa gente no sólo debe tener derecho a subsidios sino a un trabajo digno, cosa que se impide por la presencia excluyente de otros con más poder económico. Los liberales se quejan de que el Estado les coarta su libertad, pero no se quejan cuando coartan la libertad de otros. La exclusión derivada de privados es muy superior a la del Estado.

¿Cómo queda el campo de la economía popular hoy?

–No fue reconocido adecuadamente por el gobierno anterior, sólo como un espacio potencial, y con este gobierno pinta para una mera situación asistencial. La discusión es el derecho a trabajar con libertad. Cuando alguien tiene un producto adecuado, lo lleva al municipio, se lo habilitan para la venta pero no lo puede vender en el municipio de al lado porque una ley se lo impide. Esa ley debe ser modificada. Los que creemos en la democracia económica tenemos que pelear por el derecho a la libertad de trabajo y de comercio. Hay que confrontar con este gobierno o con uno del Frente para la Victoria, por la democracia económica y la libertad absoluta para trabajar. Este gobierno decidió sobre la libertad de comprar divisas, de exportar trigo sin retenciones, pero no sobre la libertad de producir biodiesel en La Rioja, porque la norma que se hizo producto del lobby de las grandes empresas supone que las pymes son inseguras. No sólo el mantero está afectado por la falta de democracia económica, la clase media no tiene derecho a la tierra urbana, no puede comprar un lote porque alguien le agregó un mil por ciento, producto de la especulación.

¿Cuál es el objetivo que persigue Instituto para la Producción Popular que dirige?

–Trabajamos en la producción popular y en algunos espacios de la economía popular. Queremos trabajar por la democracia económica. La democracia económica que comprende a la producción popular. Tenemos un desarrollo teórico con cursos de formación con universidades. En otro plano, trabajamos en los ámbitos donde la gente ve coartada su libertad de trabajar, o porque no dispone de tecnología o de organización que le permita comerciar o porque los Municipios no les dan las facilidades para la apertura de un local comercial. Nosotros vamos a trabajar en la conceptualización y la ejecución, en temas alimenticios, indumentaria y ambiente