Cada 17 de abril se conmemora “el día Internacional de la Lucha Campesina”. Se recuerda un episodio ocurrido en 1996: la masacre de campesinos en El Dorado Dos Carajas, Pará, Brasil. La Vía Campesina, una alianza internacional de organizaciones campesinas, indígenas, pescadores artesanales y de trabajadores rurales, ha transformado este día en una oportunidad para reivindicar un conjunto de consignas que remiten a un proyecto de sociedad basado en una agricultura agroecológica, un acceso equitativo de la tierra urbana y rural, el cuidado de los bienes naturales (mares, ríos, bosques) y que garantice el derecho de los pueblos a definir el qué y el cómo de la producción, procesamiento y distribución de alimentos. También puede interpretarse que el día de la lucha campesina es una forma de no olvidar que la violencia rural en Latinoamérica y en el mundo ha sido un modo recurrente de desmantelar los intentos de reforma agraria, soberanía alimentaria y justicia ambiental.

Este año la Vía Campesina hace su llamado a “Defender la Tierra, la vida y el alimento sano. 20 años de memoria y resistencia”, a la vez que denuncia que “(…) la sangre de las campesinas y campesinos sigue derramándose. Pero nuestra resistencia ahora es más fuerte que nunca”, en referencia a los asesinatos ocurridos en lo que va del 2016, por ejemplo el de una importante dirigente de Honduras, Berta Cáceres, o de dos integrantes del MST de Brasil, Valmir Bordim y Leomar Horback.

En Argentina, dichas demandas son enarboladas e implementadas por un conjunto de organizaciones agrupadas a nivel nacional en el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, la Asamblea Campesino e Indígena del Norte y el Frente Nacional Campesino, entre otras. Marcan el mayor cuestionamiento al modelo de los agronegocios por su carácter concentrador, excluyente y con fuertes impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente. La creciente violencia rural sin ser novedosa en la historia argentina, ha significado también la respuesta más brutal a estos cuestionamientos, por parte de sectores identificados con los agronegocios.

Desde el giro agroexportador de la década de 1990, se han multiplicado los casos de asesinatos y muertes de campesinos e indígenas involucrados en disputas por tierras en las zonas donde más intensa es la ampliación de la frontera agraria empresarial para la siembra de commodities (paradigmáticamente la soja transgénica que casualmente cumple veinte años). Habría que recordar desde los asesinatos del dirigente campesino Juan Sendra en Chaco (1995), y de los ancianos mapuches de Lago Puelo (1997), o de las quinteras del Parque Pereyra Iraola (1999), hasta los más notorios casos de Javier Chocobar de la comunidad Diaguita de Tucumán (2009), o Cristian Ferreyra (2011) y Miguel Galván (2012) del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC). Pero son muchos más, en su mayoría casos en los cuales no hay responsables detenidos. Algunos han sido breve noticia (el niño santiagueño Mario Ezequiel Gerez o el joven guaraní Fabián Pereyra, o Roberto López, Juan Daniel Asijak y Celestina Jara con su nieta, todos de la comunidad La Primavera de Formosa), otros siquiera se reconoce que hayan sido asesinados, siendo sus muertes confusos episodios de accidentes de tránsito como Martires López en Chaco (2011).

Habría tal vez en este 17 de abril de 2016, hacer un acto de memoria recordando también que en Argentina la lucha por la tierra se ha cobrado víctimas que permanecen anónimas como los pueblos originarios y las poblaciones criollas, o son lentamente olvidadas como los pioneros del “Grito de Alcorta” (1912) asesinados por sicarios de los terratenientes pampeanos, o los desaparecidos de las Ligas Agrarias del noroeste después del golpe de Estado de 1976.

* Docentes de la Cátedra de Sociología Rural (Giarracca) FSOC-UBA, Investigadores Conicet.

** Miembro del Grupo Ecología Política Comunidades y Derechos (GEPCYD) -Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA).